Las Fuerzas de Seguridad rechazan cualquier amnistía en Cataluña

La posible concesión de unaamnistía, indulto general o como se le quiera llamar, a quienes protagonizaron en Cataluña el 1-O, causa un gran malestar entre las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sus representantes sindicales o asociativos, en consultas realizadas por LA RAZÓN, recuerdan el trabajo realizado por los agentes para contener todos aquellos actos ilegales, que incluían ataques a sus lugares de residencia. Investigaciones dirigidas por la autoridad judicial han demostrado que dichos hechos delictivos estaban perfectamente organizados por individuos que ahora se pueden beneficiar de esas medidas de las que están expresamente excluidoslos agentes encargados de defender la Constitución y hacer cumplir la ley.

Un portavoz del SUP, en declaraciones a este periódico, ha señalado que «esta decisión política de amnistiar a aquellos que quisieron poner en jaque a nuestra democracia es una falta de respeto hacia quienes pusimos en juego nuestras vidas en los momentos donde el Estado de derecho estaba quebrado. Cuando las resoluciones que emanaban de los tribunales de justicia estaban siendo desobedecidas por una administración autonómica desleal, el Gobierno llamó a los de siempre, a los que nunca se quejan, a esa delgada línea azul que recibió patadas, piedras y todo tipo de agresiones por parte de grupos antisistema venidos de todas partes de Europa, los cuales todo hay que decirlo, cuentan con organización y estructura en guerrilla callejera, provocando, no solo que fuéramos el centro de atención mediático del mundo por ver como Barcelona ardía».

Además, «pagamos con la peor de las caras de la moneda, un calvario judicial con 45 policías imputados que llevan cinco años de procesamiento a la espera de juicio por la decisión más que discutible de un juez que desde su despacho entendió que el uso de la fuerza no procede cuando la Policía está recibiendo todo tipo de agresiones». «Tuvimos que lamentar que dejaran a dos policías con una incapacidad absoluta permanente para el servicio debido a las lesiones provocadas por la lluvia de piedras de esos grupos antisistema».

"Moneda de cambio por unos sillones"

Por su parte, Aaron Rivero, secretario general de JUPOL, ha señalado que «la Policía Nacional no puede ni debe convertirse en una moneda de cambio para los intereses políticos particulares de uno u otro partido político. Desgraciadamente en los últimos años estaque mos viviendo una vez tras otras situaciones de este tipo, en las que se utilizan las competencias de los policías o a la propia institución como moneda de cambio entre partidos políticos para llegar a acuerdos o para salvar sus sillones. La Policía Nacional es una de las instituciones mejor valorada del Estado y los policías nacionales somos los garantes de la Constitución de la preservación del Estado de Derecho y los defensores de la Ley y de la Seguridad Ciudadana, no somos cromos para intercambiar en el patio del Congreso de los Diputados». Las críticas y el malestar no acaban aquí y añade que «el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido un continuo desprecio a la Policía Nacional durante su legislatura. Una actitud que parece se sigue manteniendo en la búsqueda de formar un nuevo gobierno con el apoyo de los que han manifestado siempre su odio a la Policía Nacional».

«Los indultos a los líderes independentistas y a los Mossos d´Esquadra que cometieron ilegalidades en sus actuaciones en el 1-O supone un menosprecio a los miles de policías nacionales que estuvieron en Cataluña el 1 de octubre de 2017 defendiendo la Constitución y la unidad de España frente a los independentistas catalanes, únicos beneficiarios de estos indultos».

En la Confederación Española de Policía (CEP) se subraya que «la posible amnistía que parece pueda ser parte de la negociación para formar un nuevo Gobierno, aplicada a los condenados por delito sedición por el Tribunal Supremo en 2019, constituiría un error gravísimo que no sólo dañaría el Estado de Derecho y erosionaría el principio de legalidad consagrado en la Constitución Española, sino que, además, lesionaría de una manera irreparable los principios de autoridad y legitimidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña. Es, por tanto, una medida perjudicial que cambia las reglas de juego del sistema penal y policial en una determinada zona de España y que lo hace, además, por un cálculo electoral y no por una necesidad que nazca de un debate sosegado y de un consenso total».

Por su parte, Pedro Carmona, de AUGC, recuerda que fue uno «de los desafíos más grandes al Estado, con consecuencias graves para muchos compañeros. Al haber defendido el orden público frente a aquellos que lo perturbaron, ahora nos encontramos ante la Justicia. La amnistía amenaza con deshacer todo el arduo trabajo realizado por las FCSE en una situación tan complicada». «La profunda decepción y desmotivación se han arraigado entre los guardias civiles debido a la falta de apoyo institucional por parte del Gobierno de Sánchez. Sentimos que estamos siendo utilizados como moneda de cambio. La Guardia Civil está perdiendo su influencia y presencia debido a la continua intención de restar competencias y expulsar a los agentes y sus familias». La realidad es que el malestar crece ante la incertidumbre de saber qué se está negociando. «En el 1-O, los guardias civiles asumieron con seriedad su deber frente a quienes buscaban socavar el orden social y restringir los derechos de la ciudadanía. Paradójicamente, aquellos condenados por actos de sedición y violencia durante esos días han recibido indultos por parte del Gobierno, que ahora nos da la espalda. Fuimos utilizados según su conveniencia y ahora estamos desamparados».