Junts "engaña" a la coalición de Gobierno y vuelve a demostrar su fuerza

Junts engaña al Gobierno de coalición, al que saca de sus casillas después de estar sometido a una prueba de estrés constante. Los siete diputados de Carles Puigdemont volvieron a demostrar su poder en Madrid y consiguieron lo que querían, mandar un nuevo mensaje al Gobierno, en la antesala de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Así lo hicieron.

Junts había asegurado ayer por la mañana su abstención en la admisión a trámite de una ley a propuesta de Sumar y apoyada por el PSOE y el resto de socios de investidura. La norma, promovida por organizaciones sociales e inquilinos, buscaba combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones. Sin embargo, a última hora, en el momento de la votación, los siete diputados de Junts decidieron votar en contra, en lugar de abstenerse como habían comunicado a los grupos proponentes.

Lo ajustado de la votación, en la que la diferencia prevista entre papeletas a favor y en contra era de un voto (171 frente a 170), tenía a la coalición pendiente hasta el final del resultado que se convirtió en agónico y por sorpresa. Junts sumó sus votos en contra al PP, Vox y UPN y a favor votaron los firmantes de la ley, Sumar, Bildu, Podemos y el BNG, además del PSOE, PNV, Coalición Canaria y el diputado José Luis Ábalos. Lo que se tradujo en 172 síes frente a los 178 noes en contra de la norma.

Su voto en contra supone, de facto, una nueva derrota parlamentaria para el Gobierno de coalición y en particular para el socio minoritario, Sumar, que era el proponente de la ley. Hace saber así Junts que, sin su supervisión la legislatura queda congelada.

Se trataba tan solo de la admisión a trámite de la ley que tenía por objeto poner freno al uso «fraudulento» de algunos propietarios al alquiler temporal para sortear las obligaciones que establece la actual Ley de Vivienda en España. La norma había logrado el concurso de la mayoría de fuerzas de izquierda en el Congreso después de que el PNV confirmara su voto a favor y de que Junts explicara que se abstendría en la votación, a pesar de asegurar de que la ley no resuelve «los problemas de fondo».

Junts había comunicado minutos antes de la votación su decisión a Sumar, partido que no esperaba esta decisión por parte de los independentistas. Fuentes de Junts negaron después «haber cambiado de opinión», sino que optaron por el «no» después de que otros partidos –en referencia al PNV– decidieran anunciar ayer su voto a favor, en contra de lo previsto inicialmente. Es decir, Junts asegura que comunicó su voto abstención en un primer momento al creer que la ley no saldría adelante y que, lo cambió después, al ver que con el «sí» de los nacionalistas vascos, la norma saldría adelante si mantenía Junts su abstención. El secretario de Junts, Jordi Turull, aseguró en sus redes que la abstención comunicada por su partido «inhabilitaba la admisión a trámite de la ley» y que «los cambios de otros partidos cambiaban el escenario». «Junts no será el partido que facilite la ley que invade competencias de Cataluña», zanjó.

La norma tenía por objeto, a propuesta de los sindicatos de inquilinos e inquilinas, cubrir una de las deficiencias de la Ley de Vivienda en la pasada legislatura, como es el alquiler de temporada. Según los expertos, ello usan los propietarios para sortear el control de precios de la norma en los lugares donde se aplica. La proposición de ley introducía la obligación por parte del arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y, por tanto, de probarla en unos términos equivalentes a la legislación laboral. También se introduce una presunción general a favor de los contratos de vivienda habitual. Establece un máximo de cinco días para que el propietario responda al inquilino cuando se produzcan incidencias derivadas del uso de la casa. Deberá ser el propietario quien abone el coste de las reparaciones en el alquiler temporal, En cuanto a la fianza que se exige a los inquilinos, no podrá exceder de dos mensualidades en el alquiler residencial y de media en el caso del temporal.