Pedro Sánchez, abocado a declarar en La Moncloa ante el juez Peinado

La posibilidad de que Pedro Sánchez pueda declarar por escrito, y no en el Palacio de la Moncloa, ante el juez que investiga a su mujer por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se desvanece. El propio presidente del Gobierno así se lo ha pedido al magistrado Juan Carlos Peinado, al igual que han hecho –si el instructor no deja sin efecto esa testifical, como le han reclamado– tanto la Fiscalía como la defensa de Begoña Gómez. Pero según fuentes jurídicas, la carta de Sánchez no había llegado aún al juzgado el pasado miércoles (ayer era festivo en Madrid) «ni a través de la Policía Judicial ni del Decanato o a través de la Abogacía del Estado», y no se ha dado traslado tampoco a las acusaciones populares de los recursos del Ministerio Público y del abogado de la esposa del jefe del Ejecutivo para que hagan las oportunas alegaciones.

Como quiera, además, que Peinado se ha ido de puente –según esas mismas fuentes– y no se reincorpora al juzgado hasta el lunes, apenas 24 horas antes de la testifical de Pedro Sánchez, fijada para el martes a las once en la residencia presidencial, apuntan que ya no hay tiempo para modificar la providencia en la que acordó interrogar como testigo en La Moncloa al jefe del Ejecutivo al entender que los hechos por los que debe declarar son ajenos al ejercicio de su cargo.

Ese es precisamente el asunto nuclear sobre el que pivota la declaración por escrito que reclama Sánchez, arropado por la Fiscalía y la defensa de su esposa. El artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) exime al presidente del Gobierno de declarar de forma presencial ante un juez, «pudiendo informar por escrito», por hechos de los que haya tenido conocimiento «por razón de su cargo».

Pero Peinado sostiene que esa premisa no se da, pues entiende que su asistencia a dos reuniones de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés –muñidor de su máster y a quien avaló en dos ocasiones por escrito en otras tantas adjudicaciones públicas– se produjeron como esposo de la investigada, y no en su calidad de presidente del Gobierno. Hechos, por tanto, extramuros de su responsabilidad institucional.

A este respecto, el apartado 3 del citado artículo es claro: si la declaración del presidente versa «sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo», la misma se llevará a cabo «en su domicilio o despacho oficial».

Salvo que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid resuelva la petición de Sánchez el próximo lunes, Peinado podría tomar una decisión el mismo martes antes de la comparecencia. Como ya hizo en relación a la petición de Begoña Gómez de que no se grabasen imágenes de su declaración como investigada, cuando notificó su decisión poco antes del comienzo de esa diligencia.

En cualquier caso, si el juzgado notificase hoy mismo los recursos, el plazo para que las acusaciones populares se pronuncien empezaría el lunes, por lo que dispondrían de tiempo hasta el miércoles (al día siguiente, por tanto, de la comparecencia) para oponerse a esa declaración por escrito.

Sobre la mesa, otra posibilidad, que el mismo lunes, con motivo de las comparecencias, entre otros, del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y de Barrabés (este mediante videoconferencia), a quienes Peinado cambió recientemente su condición de testigos por la de imputados, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, plantee al juez como cuestión previa la pertinencia de que la declaración de Pedro Sánchez, si persiste en celebrarla, sea por escrito y no de forma presencial en Moncloa.

No obstante, las acusaciones populares ya solicitaron por escrito al instructor que no permita a Sánchez que declare por escrito. En esa misma línea, defienden que corresponde al instructor, y no al testigo, delimitar si los hechos por los que debe ser interrogado están o no asociados al ejercicio de su cargo.

Sobre la comparecencia del presidente planea además otra incógnita: la asistencia o no de las cinco acusaciones populares –Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España– en esa testifical, de forma presencial o, en su caso, por videoconferencia. Todas ellas instaron al juez a precisar este extremo pero Peinado no se ha pronunciado al respecto, por lo que fuentes de la acción popular defienden que deben estar presentes, para garantizar el principio de contradicción en la declaración de Sánchez. "Iremos todos a Moncloa", aseguran.