Los puntos más polémicos de la "ley mordaza" agitada por Sánchez y Díaz

El pasado martes, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, escenificaban ante las cámaras la rúbrica de un acuerdo para reeditar el gobierno de coalición de la pasada legislatura. Una escenografía en la que no se habló de lo que realmente importa a estas alturas de investidura: la amnistía. Sobra decir que en una comparecencia donde todo son sonrisas y buen rollo, sacar temas polémicos no es la mejor opción. Quizá por eso tampoco se habló del epígrafe 43 de dicho acuerdo, con el que pretenden remover los fantasmas de la denominada por muchos "ley mordaza". Hay que recordar que PSOE y Podemos ya intentaron, sin éxito, reformar la Ley de Seguridad Ciudadana en la anterior legislatura.

Cuatro fueron los principales escollos: la desobediencia y resistencia a la autoridad (artículo 36.6); las faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4); las devoluciones en caliente en la frontera (disposición adicional primera) y la prohibición del uso de pelotas de goma (artículo 23). Y el desencuentro llegó hasta el Congreso de los Diputados, donde sus señorías dieron al traste con las aspiraciones del Gobierno de coalición. Lo que sí consiguieron fue una movilización masiva de sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Los agentes dijeron "no" y el Congreso de los Diputados dijo "no". Y pese a ello, Sánchez y Díaz vuelven a la carga.

¿Pero qué dice exactamente ese controvertido epígrafe? Pues hay que irse hasta la página 43 del documento del acuerdo para leer lo siguiente: "Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la «ley mordaza» y el Código Penal). En concreto, garantizaremos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Introduciremos un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados. Esta nueva legislación estará basada en una concepción progresista y garantista de la seguridad ciudadana y jurídica, y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de los agentes. Garantizará asimismo la libertad de información y la transparencia informativa".

El hecho de que se "esconda" entre las últimas páginas del documento y que estemos en plena negociación de Sánchez con las fuerzas independentistas, las mismas que promovieron y exigieron la derogación de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana tachándola de "ley mordaza", levanta alguna que otra sospecha. Reaviva los fantasmas del pasado y pone en alerta a los agentes, preocupados además por el creciente número de agresiones a agentes de autoridad. En 2022 se alcanzó la cifra más alta de agresiones a policías nacionales y guardias civiles en España de los últimos quince años: treinta y cinco al día, más de mil al mes.

Por todo ello, los agentes dan la voz de alarma ante esta nueva provocación, que una vez más se hace "de espaldas" a los policías y les "deja vendidos", provocando una gran "inseguridad jurídica". El hecho de hacer hincapié en "la identificación de los agentes" es lo que más controversia genera, pese a que esta regulada ya en varias normativas, ya que pone en el punto de mira a los policías. Así, a falta de conocer las intenciones de esta nueva coalición, hay que recordar que la reforma fallida en la anterior legislatura incluía ya varios puntos polémicos.

1 ►Grabar a las Fuerzas de Seguridad no constituirá infracción. Contemplaba la eliminación del ordenamiento jurídico de la prohibición de difundir imágenes de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin autorización previa.

2 ► Las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadas previamente. Esta medida chocaba con el artículo 21.2 de la Constitución que señala la obligación de comunicación previa a la autoridad en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones.

3 ► Se reduce el tiempo de la detención. Las personas que se negaran a identificarse podrían ser retenidas hasta dos horas, cuando antes el período máximo establecido era de 6 horas.

4 ► El detenido será devuelto al lugar donde se inició la intervención. En la ley del PP del 2015, el detenido permanecía en comisaría.

5 ► El atestado policial perderá la presunción de veracidad. Este cambio suponía un cambio radical, ya que, según los agentes, de la presunción de veracidad se pasaba directamente a la "presunción de culpabilidad", lo que generaría gran "inseguridad jurídica".

6 ► Cambio en la cuantía de las multas. Se eliminaba la intención disuasoria de las sanciones económicas y se pasaba a tener en cuenta la capacidad económica individual de cada persona. Un punto que la nueva coalición estaría dispuesta a recuperar.

7 ► DNI plurilingüe. En un claro guiño a sus socios nacionalistas e independentistas, el Documento Nacional de Identidad (DNI) iba a estar "configurado en las diversas lenguas cooficiales propias del lugar de residencia del solicitante".

8 ► Cambios en el material antidisturbios. La norma establece que se utilice siempre el medio menos lesivo. De hecho, este punto fue clave para que los independentistas no apoyaran la reforma propuesta por el Ejecutivo, ya que insistían en la prohibición expresa de las polémicas pelotas de goma.

9 ► Evitar cacheos denigrantes y desnudos. En una de las enmiendas presentadas, se establecía que durante la actuación policial no se dejara a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes.

10 ► Infracción leve por tenencia de drogas. Hasta ahora, la posesión de sustancias estupefacientes, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en la vía pública y en establecimientos es una infracción grave.