Cárcel para el Illa boliviano por la compra fraudulenta de respiradores españoles

Marcelo Navajas adquirió 170 aparatos por el triple del precio de mercado que no sirven para las UCI y llegaron sin el “software” necesario. El juez decreta tres meses de prisión preventiva

Un escándalo en la compra de ventiladores ha enviado a prisión al ex ministro de Sanidad de Bolivia en plena crisis del coronavirus, que ahora golpea con especial dureza a América Latina. Marcelo Navajas fue destituido tras destaparse el escándalo de la compra de 170 respiradores destinados a pacientes con Covid-19 a una empresa española al triple del precio de mercado y ha provocado el cuestionamiento de la presidenta Jeanine Áñez, que asumió el poder de forma interina tras la polémica renuncia de Evo Morales el pasado mes de noviembre.

El escándalo se desata en los peores días de la pandemia en el continente, con elevadas cifras de fallecidos y nuevos contagiados y con una necesidad apremiante de ventiladores para los enfermos. Navajas fue destituido el pasado jueves y el domingo fue internado en una prisión de La Paz por orden de un juez que ordenó tres meses de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. El martes tuvo que ser trasladado desde la cárcel a una clínica por un cuadro de hipertensión y allí permanece vigilado.

La investigación trata de esclarecer la compra de 170 ventiladores a la firma catalana GPA Innova por un coste total de 4,7 millones de dólares. El Gobierno boliviano pagó la unidad a casi 28.000 dólares según la investigación, a pesar de que el valor de mercado del modelo ronda los 10.000 dólares, según el diario local El Debate. Además del sobrecoste, la operación fue desastrosa porque los respiradores no sirven para las unidades de cuidados intensivos sino para ambulancias y no están siendo utilizados porque llegaron sin el software y accesorios necesarios. La investigación apunta a la participación de intermediarios que precipitaron el fraude.

Según medios bolivianos, han sido detenidas al menos cuatro personas por el “caso de los espiradores españoles”, entre ellos el director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela y Gabriela Pérez, asesora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la compra de los equipos aunque el organismo pasó la responsabilidad de la transacción al Gobierno de Bolivia, donde hay más de 7.000 casos de Covid-19 confirmados y 274 muertos.

Aunque los datos de afectados en el país andino son inferiores que en los más afectados de la región como Brasil, México, Perú y Chile, el número de contagios marca cotas récord y el sistema sanitario boliviano está cerca del colapso en las regiones más afectadas: Beni y Santa Cruz.

Además de una creciente crisis sanitaria, Bolivia vive una crisis política desde la renuncia del ex presidente Evo Morales y su salida del país el pasado mes de noviembre. La entonces vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Áñez, se proclamó presidenta interina con el mandato de celebrar unas elecciones presidenciales que debían disputarse el 3 de mayo, pero fueron retrasadas “sine die” por la pandemia.

Áñez ha tratado de desligar a su Gobierno del escándalo de los ventiladores, consciente de que puede afectar sus aspiraciones presidenciales, relacionando la compra con un funcionario cercano a la anterior Administración y a la ex ministra de Sanidad de Morales, Gabriela Montaño, aunque la oposición la ha acusado con dureza de permitir un acto de corrupción en plena pandemia.

La Organización Panamericana de la Salud señaló que las próximas semanas serán “muy duras” en Latinoamérica, actual epicentro de la expansión del virus y desaconsejó la reapertura que están iniciando algunos países como Brasil, México y Perú.