La Junta de Andalucía guarda silencio sobre si indemnizó por cese al ex director de la Faffe que pagó en puticlubs

LA RAZÓN preguntó a través del portal de transparencia sobre esa cuestión y no ha recibido respuesta

Entre las medidas para un nuevo Gobierno andaluz pactadas por PP y Ciudadanos (Cs) con las que pretenden materializar la caída lenta del PSOE del pedestal sobre el que se ha sostenido más de tres décadas en el poder se incluye una ligada a la extinta Fundación Andaluza Fondos de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta. Se trata de la puesta en marcha en el Parlamento autonómico de la comisión de investigación que en torno a las presuntas irregularidades detectadas en su gestión se gestó ya en la última etapa de la pasada legislatura autonómica, junto al compromiso más genérico de crear tantos de esos entes parlamentarios investigadores como sean necesarios para «esclarecer y conocer la utilización de los fondos públicos de los organismos» del Ejecutivo regional.

La oposición ha reclamado de múltiples maneras información sobre la antigua fundación creada en 2003 y estrangulada en 2011, aunque el grueso de su plantilla pasó a integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y ha tenido que asistir a cómo la carencia de datos reales ha sido suplida a menudo por diluvios de palabras con algunas frases-gotas gruesas por parte de distintos representantes de la Junta. Los partidos han formulado por escrito o de manera oral interrogantes acerca de las tarjetas de crédito o de otro tipo de las que se disponía en ella, sobre todo a partir de que se hiciera público que el ex director general de la Faffe Fernando Villén usó varias y algunos de los gastos que soportaron estaban vinculados a «locales donde se ejercía la prostitución», según la Guardia Civil. La presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, llegó a calificar lo sucedido de «repugnante». Ex diputados andaluces del PP, Podemos o Cs quisieron saber quiénes eran los titulares de esas tarjetas, cuánto se gastó con ellas en total, qué dinero «se manejaba» en las cajas fuertes con las que contaba también la ex entidad pública, a qué correspondían facturas sospechosas o quién acompañaba a Villén en sus «juergas», entre una extensa hilera de cuestiones. Reclamaron copias de auditorías para no tener que tomar notas apresuradas a mano o listados que nunca llegaron para poder comprobar, por ejemplo, si la Faffe «había sido un 'órgano de colocación’ del PSOE», como se ha denunciado desde el ámbito sindical. Buscaban números tal vez como el último refugio de verosimilitud de un relato con costuras saltadas. Se aportaron con cuenta gotas o se negaron.

LA RAZÓN recurrió al portal de transparencia puesto en marcha por el propio Gobierno andaluz para llevar a cabo una consulta hilvanada a esa misma fundación y a su ex director general, quien ha acabado siendo investigado por un juzgado sevillano acusado de los supuestos delitos de prevaricación y malversación. En agosto de 2011 cesó un grupo de personas relacionadas con la Faffe entre las que se encontraba Villén y este periódico demandó información acerca de si éste cobró algún tipo de indemnización con dinero público tras su salida y, de ser así, a cuánto ascendió ese pago. La demanda se registró de forma correcta, según se comunicó por escrito de vuelta, si bien ya ha transcurrido el tiempo normativamente fijado para responder y la contestación ha sido el silencio. Lo que sí han hecho de manera reiterada miembros del Ejecutivo de Díaz ahora en funciones es repetir que la Junta ha «colaborado» con la Justicia y ha «atendido los requerimientos judiciales» que se le han hecho sobre la Faffe. Desde las bancadas opositoras se les ha recordado que esto «no es ningún mérito» sino «su deber». Habrá que esperar para ver si en el Ejecutivo regional reconsideran si es o no conveniente satisfacer la solicitud de información pública hecha por este diario.