Madrid publica el cierre perimetral que llevará a los tribunales

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)ha publicado este sábado el cierre perimetral de la región en el puente de San José y en la Semana Santa, aunque el Gobierno autonómico interpondrá “los recursos judiciales oportunos”.

Todas las comunidades autónomas, excepto Madrid, acordaron el pasado miércoles el cierre perimetral en esos días para intentar evitar una cuarta ola y de la que quedan exentas por su condición de archipiélagos las Islas Canarias y Baleares.

El BOCM ha publicado un decreto de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que establece el cierre de la Comunidad de Madrid entre el 17 y el 21 de marzo (San José) y entre el 26 de marzo y 9 de abril (Semana Santa).

También fija el toque de queda nocturno de 23:00 a 06:00 y limitaciones a las reuniones sociales de un máximo de seis personas en espacios públicos abiertos, cuatro en cerrados y de solo convivientes si son en el ámbito privado.

Sin embargo, en el decreto de la presidenta regional se señala que “no hay criterios científicos que demuestren que los cierres perimetrales de las comunidades autónomas contribuyen a la contención de la pandemia” y que “la experiencia de la Comunidad de Madrid apunta incluso a un aumento de la incidencia en los días inmediatamente posteriores”.

La Administración madrileña considera “nulas” tanto la orden de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como el acuerdo adoptado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la Covid-19 con motivo del puente de San José y de la Semana Santa, con la oposición de la Comunidad de Madrid.

No obstante, incorpora las limitaciones de movilidad territorial y las medidas coordinadas, en el puente de San José y en la Semana Santa “por razones de certeza para los ciudadanos”.

De esta forma, el Ejecutivo madrileño acatará la orden del Ministerio de Sanidad, pero presentará un recurso ante la Justicia al no estar “de acuerdo con la efectividad técnica de la medida”.

La Comunidad de Madrid entiende que “jurídicamente” el Ministerio de Sanidad no puede “imponer” un acuerdo del Consejo Interterritorial que “no ha sido adoptado por consenso y que no es jurídicamente vinculante”.