El sur de la región en alerta por «okupación»: Móstoles, Parla y Pinto los municipios más afectados

La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha alertado del crecimiento de casos en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Donde los municipios de Móstoles, Parla y Pinto muestran una especial incidencia y aquellas “okupaciones” realizadas por inquilinos que dejan de pagar el alquiler, según ha explicado Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma.

Bravo ha señalado además que existen tres tipos de “okupación”: la directa conocida como “patada en la puerta”, que está disminuyendo; la okupación directa de una propiedad a través de un contrato de alquiler que dejan de pagar voluntariamente y un tercero, que se conoce como okupación indirecta, en la que se accede a una casa vacía o en propiedad de un banco.

En los últimos tiempos ha “aflorado muchísima gente que se quiere aprovechar” y entra a las viviendas pagando un mes o dos mensualidades y a partir de ahí dejan de pagar. Ello conlleva que el proceso judicial se pueda extender hasta “dos años”, con el consiguiente deterioro de la economía del afectado así como de su estado mental, ha explicado Bravo.

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación aseguran que los episodios de okupación en toda España ha subido un 18,5% en los tres primeros trimestres de 2021 sin contar con esta ‘inquiokupación’.

El portavoz ha afirmado que desde la plataforma están a favor de todas las medidas que se puedan llevar a cabo para facilitar el acceso a la vivienda para las personas más vulnerables, pero ha defendido que son los Servicios Sociales los que tienen que hacerse cargo de esas familias.

“Okupaciones” indirectas

En el caso de Madrid, el portavoz de la plataforma de afectados ha indicado que en la zona sur de la región es donde más se hallan este tipo de casos. En especial, ha citado municipios como Móstoles, Parla, Pinto y Fuenlabrada, o distritos como Puente y Villa de Vallecas, Carabanchel o Villaverde, donde en la mayoría de los casos se tratan de ‘okupaciones’ indirectas.

En relación a la okupación por parte de inquilinos, ha subrayado que está más dispersa por todo Madrid y concentrada en entorno urbanos, que se amplían al norte de Toledo y a la provincia de Guadalajara.

Como soluciones, desde la plataforma consideran que debe haber un cambio legislativo para acabar con esta situación. “Dentro de ese cambio lo que estamos solicitando es que se incluyan medidas para paliar los efectos de la okupación”, ha apostillado Bravo.

Endurecer el Código Penal

Por su parte, el secretario general ejecutivo de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), Jesús Manuel Martínez, ha afirmado, que en la región la okupación “ha aumentado como en el resto de España”.

Así, según sus datos, en la Comunidad de Madrid se han sumado cerca de 1.300 okupaciones en los primeros nueve meses de 2022, aunque ha resaltado que hay regiones “mucho peor”, entre las que ha citado Cataluña.

Martínez ha valorado que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento han sacado planes para evitar la okupación de edificios públicos, mientras que en su asociación, que representa a particulares, no “tienen tanto problema”.

Sin embargo, ha aludido a que la solución sería “endurecer la ley” y el Código Penal, con más penas para el allanamiento de morada. “Hay que endurecer esa ley, no es normal que por un delito de usurpación la multa sea de uno a tres meses”, ha apostillado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzó el pasado jueves que su Gobierno pondrá en marcha desde el mes de marzo la ‘Oficina Antiokupas’ con un teléfono gratuito para dar una primera respuesta a los madrileños que se vean afectados por una okupación y asesoramiento.

Las llamadas que se reciban pondrán en funcionamiento a las Policías Locales, Guardia Civil, Ayuntamientos, Fiscalía o a la Delegación del Gobierno. Además de estas consultas, estarán en disposición de coordinar actuaciones entre víctimas, administraciones y Fuerzas de Seguridad.