El acelerón legislativo de Ayuso desde el 4-M

«Un Gobierno de coalición puede ser también muy eficaz en la gestión. El problema que tuvimos en Madrid es que los compañeros de Ciudadanos adolecieron, y es inútil negarlo, de bastante deslealtad. Nos habíamos comprometido con todos ellos y veníamos dispuestos a la máxima colaboración. Pero el clima no fue de lealtad y eso perjudicó la labor del Gobierno. Ahora, con un Gobierno monocolor del PP y con el respaldo parlamentario que tenemos confiamos en poder llevar a cabo todos nuestros proyectos». Así describe uno de los consejeros del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid el cambio que supuso para ellos el 4-M. La crisis con Ciudadanos desencadenó el adelanto electoral en mayo de 2021 y las urnas permitieron a la candidata popular conformar un Ejecutivo monocolor. Pasar de la coalición con los naranjas a un equipo más reducido –las consejerías se redujeron de 13 a 9– y sin diferencias de criterio y de estrategia tan notables como las que existían entre Ayuso e Ignacio Aguado ha permitido a Sol dar un importante acelerón en su tarea de aprobar leyes. Ahí está el balance: en el presente mandato, seis nuevas normas ya han completado su recorrido, han recibido el visto bueno tanto del Ejecutivo regional como de la Asamblea de Madrid y están vigentes, y otros nueve proyectos de Ley ya han sido aprobados por el Consejo de Gobierno y se encuentran en distintas fases de su tramitación parlamentaria.

Desde el equipo de Ayuso consideran que la situación vivida entre la investidura de 2019 y la crisis de Gobierno de marzo de 2021 hizo inviable sacar adelante todas estas iniciativas. El diagnóstico parece claro: Ciudadanos supuso un freno y un lastre para la acción del Ejecutivo madrileño. ¿Supone todo esto que los gobiernos de coalición están abocados al fracaso? «Preferimos pensar que no por ser una coalición tiene que ser necesariamente más ineficaz. Lo que sí creemos es que depende mucho de la actitud de ambos partidos en esa coalición. Cuando un Gobierno es de un único partido es más fácil gestionar las cosas y tramitar las iniciativas», aseguran desde el Ejecutivo madrileño.

De hecho, durante la campaña electoral previa a las elecciones del 4-M, uno de los mensajes en los que más insistió Ayuso giró en torno a la necesidad de poder articular un Gobierno monocolor sin las tensiones que había provocado la convivencia con Aguado: «No quiero hablar de pactos porque quisiera gobernar en solitario. Quiero gobernar en libertad porque quiero comprometerme a hacer una serie de reformas y de medidas que ahora hacen falta para Madrid», subrayó entonces.

En lo que concierne a las leyes aprobadas tanto en el Consejo de Gobierno como en la Asamblea de Madrid destaca la de Presupuestos para 2022. Las primeras cuentas con la firma de Ayuso desde que es presidenta. Aprobados tras un acuerdo con Vox, se trata de unos presupuestos que superan los 23.000 millones, un 14% más que los de 2019, los últimos que tuvo la región sin contar sus sucesivas prórrogas. El Gobierno regional aseguró que estas cuentas estaban centradas en partidas sociales: con un 88 % del gasto público total, una inversión de casi 8.800 millones en Sanidad y con la mayor bajada de impuestos de la historia.

Las otras cinco leyes ya vigentes son las siguientes: la que modificó la regulación de Radio Televisión Madrid (9 de julio) en lo que afecta, entre otras cosas, a la designación de su director; la de Reducción de la Escala de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (21 de octubre); la que permitió suprimir los tres impuestos propios que seguían existiendo la Comunidad de Madrid (22 de diciembre); la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid (10 de febrero) que ha venido, según la Consejería de Educación, a «garantizar los pilares básicos del sistema educativo madrileño frente a la amenaza que supone la implantación de la estatal LOMLOE (conocida como Ley Celaá)»; y la Ley de Reconocimiento de la Universidad Privada Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT).

En tramitación parlamentaria

Aprobados ya por el Gobierno de Ayuso, pero pendientes de completar su recorrido parlamentario, se encuentran otros nueve proyectos de ley. Dos de ellos fueron alumbrados el pasado miércoles por el Ejecutivo: la Ley autonómica de creación del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias y la Ley de Cooperativas. Otro, enviado en enero al parlamento madrileño, da forma a uno de los grandes compromisos de Ayuso en su discurso de investidura. Se trata del Proyecto de Ley de defensa de la autonomía financiera de la comunidad autónoma, con el que se busca blindar la política fiscal y económica de Madrid frente a la intención anunciada en reiteradas ocasiones por el Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a cabo una armonización fiscal en todo el territorio nacional que suponga, en la práctica, una subida de impuestos a los madrileños por la puerta de atrás. También han sido ya aprobados los proyectos de la Ley del Mercado Abierto; la conocida como Ley Ómnibus con medidas para «impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región»; la regulación de la comunicación de información por los comercializadores de referencia a la Comunidad de Madrid para la gestión y pago del bono social térmico; la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica; la Ley de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid; y la Ley de la nueva Agencia para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad.

Precisamente uno de los cambios que el Partido Popular, a través de su grupo parlamentario en la Asamblea de Vallecas, prevé introducir en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía tiene que ver con la introducción de una figura que está regulada en otras comunidades autónomas, pero no en Madrid, y que permitiría una mayor agilidad en el trabajo legislativo. Tal y como avanzó la pasada semana a LA RAZÓN el nuevo secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ese cambio supondría la regulación del decreto legislativo: «Te permite tomar decisiones rápidas sobre materias sujetas a la ley y esto, en la época de la pandemia, nos hubiera sido de mucha utilidad», añade Serrano. Y es que detalla que para salvar esa situación, proyectos de ley que son sencillos se llevan a la Asamblea recurriendo a la fórmula de «lectura única» como una forma de agilizar trámites y plazos. Es decir, es una vía de tramitación abreviada y que en más de una ocasión ha sido origen de polémica y ha generado malestar entre los grupos de la izquierda, como ha ocurrido en el caso de la Ley de Radio Televisión Madrid o la Ley del Suelo.

De Telemadrid a Emergencias