Neos se planta ante “la causa general” de Moncloa contra la Iglesia a costa de los abusos

“Forma parte de la estrategia totalitaria del Gobierno consistente en transformar la sociedad según sus intereses y criterios particulares”. Es el balance que de la comisión propuesta por Moncloa para radiografiar los abusos sexuales en la Iglesia realiza Neos, la plataforma en la que participan, entre otros, personalidades como Jaime Mayor Oreja, María San Gil y Francisco Vázquez. Para la entidad, la propuesta del ala socialista del Ejecutivo se interpreta como “una descabellada ‘causa general’ emprendida contra la Iglesia católica que pretende poner bajo sospecha y acusar a la institución entera”. Es más, se da por hecho que “el ataque no es sólo a la jerarquía sino a todos los católicos españoles”.

Con este punto de partida, a través de un comunicado, “NEOS rechaza absolutamente” esta iniciativa, amén de considerar que “los abusos sexuales perpetrados contra menores son unos delitos abominables” y que “los culpables merecen un severo castigo penal y la colaboración de todos para esclarecer estos crímenes”. Sin mencionar directamente la decisión de la Fiscalía General del Estado de solicitar a los fiscales autonómicos datos sobre los casos abiertos vinculados a clérigos, y no todos aquellos que tiene como víctimas a menores, desde NEOS se habla de la existencia de “una campaña jurídicamente estéril, que por haber sido orquestada al margen de nuestro sistema judicial ni va a castigar a los culpables, ni va a resarcir a las víctimas”.

Indefensión de los investigados

De la misma manera, se cuestiona la propia estructura de la comisión multilateral promovida por Moncloa, que quedaría en manos del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, “por haber sido encomendada a una institución ligada a la mayoría parlamentaria y carente de capacidades de investigación”. “Es probable que genere tanta indefensión entre los investigados como desilusión entre los denunciantes”, consideran desde NEOS.

Esto les lleva a asegurar que “los motivos son políticos”, lo que les lleva a identificar esta acción del Gobierno como “regímenes totalitarios y contrarias al Estado de Derecho”, en tanto que está guiada “por la mala fe y el odio”.