El curso escolar más caótico, incierto y caro

La pandemia colocó a la enseñanza en una situación sin precedentes que obligó a los centros a dar un salto de altura como nunca antes había ocurrido. Salvado el obstáculo con nota, ahora el mundo de la enseñanza se lanza a otro reto: sacar adelante el curso escolar más caótico e incierto con el viento en contra de la inflación, que repercutirá en un aumento del coste de los servicios que ofrecen los centros escolares a los alumnos.

La novedad en este nuevo curso, a punto de empezar, se centra en la entrada en vigor de la nueva ley de educación (Lomloe) en los cursos impares de Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Básico y todos los cursos de Infantil. Y todo ello se produce sin que casi la mitad de las autonomías hayan aprobado aún los decretos que desarrollan la ley que permita actualizar los libros de texto y la desesperación de los profesores, que desconocen cómo aplicar la nueva norma para elaborar sus programas. Y es que la nueva ley impone un cambio en la metodología, una nueva forma de enseñar y de aprender centrada no tanto en el conocimiento como en las habilidades a desarrollar, en dar prioridad en saber aplicar lo que se aprende. Todo ello se completa con nuevos conceptos que irrumpen en el aula y que hay que enseñar: matemáticas socioafectivas, ecofeminismo, ecodependencia, el estudio de los animales como «seres sintientes»... Sin que el profesorado haya recibido formación previa.

En este nuevo curso, la repetición será algo excepcional, los alumnos podrán pasar de curso y graduarse en la ESO sin límite de suspensos, si los profesores creen que los estudiantes han adquirido las competencias mínimas exigidas. Tampoco habrá calificaciones numéricas ni exámenes de recuperación extraordinarios.

Los centros, por su parte, están obligados a implantar la nueva figura que impone la Ley de Infancia: el coordinador de Bienestar.

El drama de los editores

El curso arranca sin que casi la mitad de las comunidades autónomas hayan aprobado los decretos que desarrollan los contenidos educativos en la parte que les corresponde (40%), que deben aprender los alumnos. A fecha de hoy, hay siete comunidades a las que nos les ha dado tiempo a tramitar ninguno de sus decretos curriculares. Es el caso de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco. Además, hay otras dos que aún no ha completado la aprobación de todos los niveles, como le ocurre a Navarra, que está a falta de la aprobación del decreto de Bachillerato, mientras que Asturias tiene pendientes los de ESO y Bachillerato, según han podido constatar los editores de libros de texto.

Las editoriales han tenido elaborar los nuevos libros con el contenido autonómico a partir de borradores y en medio del fuego cruzado político entre algunas comunidades y el Gobierno central por las resistencias y críticas que ha generado los contenidos . «Las editoriales llevamos trabajando algunos meses tanto con los Reales Decretos como con los borradores que nos han facilitado las comunidades autónomas. Una vez que se están publicando los decretos autonómicos se están revisando para confirmar su adaptación a estos, imprimiendo y distribuyendo los libros a las librerías. Nuestro objetivo es que, a comienzo de curso, los alumnos y profesores puedan contar con los libros adaptados a la nueva Ley en los cursos impares», detalla a LA RAZÓN José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE). Ahora está por ver si ese trámite logra completarse antes del comienzo de las clases, que arrancan entre el 5 y el 12 de septiembre. En Cataluña, por ejemplo, el inicio de las clases será el día 5, mientras que en Madrid,el 7 de septiembre.

Las muestras que las editoriales hicieron de los primeros libros de texto basados en los decretos del Ministerio de Educación y FP antes del verano ya generaron una fuerte polémica por su «carga ideológica» y hubo autonomías, como Madrid, que pidieron a las editoriales la retirada del «material sectario». Unas por este motivo; otras por la falta de tiempo para cumplimentar el trámite del diseño y aprobación del currículo, y otras por cuestiones económicas, como Andalucía y Murcia (que cuentan con un sistema de préstamo y es la Administración la que compra los libros), el caso es que son varias las comunidades autónomas que han recomendado a los centros mantener los libros de texto diseñados conforme a la «Ley Wert».

Moyano ha insistido en que «es en los docentes en quienes recae la decisión respecto a los libros y contenidos que emplean en sus clases, según establece la ley», pero también ha advertido de que «cualquier instrucción de las Administraciones respecto a los libros que deben usar los profesores supondría una vulneración de la normativa». Los editores recuerdan que esta situación no solo les perjudica a ellos, sino también a los profesores, que ahora se encuentran con la necesidad de hacer las programaciones de sus tareas para el curso, pero no cuentan con el decreto definitivo que van a tener que aplicar.

Los profesores, perdidos

La tardía publicación de los currículos por parte del Ministerio y, en consecuencia, por las comunidades autónomas, provoca que el profesorado tenga que ir a contrarreloj para organizar el curso y los contenidos a impartir. «No sabemos nada. Realmente, cuando nos empezaremos a enterar de cómo van las cosas será el día 1 de septiembre, cuando nos incorporemos a nuestros centros. Ese día nos encontraremos la tostada, porque Castilla-La Mancha ha aprobado los currículos en julio. No nos va a dar tiempo a ver bien el currículo y va a haber que hacer nuevas programaciones de todos los cursos impares. ¿Y cómo lo programamos si han dejado muchísimas cuestiones en el aire y la concreción es mínima?», lamenta una profesora de un instituto de Toledo.

«Al final la responsabilidad la dejan en manos del profesor y esto va a ser un caos porque no hay criterios comunes y ni tiempo material para analizarlo. Todo es una incógnita, pero lo que sí sabemos es que vamos a trabajar un montón . Es una ley que hasta está mal redactada, que recoge cosas como si fueran nuevas y que no lo son... Lo vamos a sacar adelante, pero por la buena voluntad de los profesores. Es triste que en educación se hagan las cosas de esta manera», añade.

El presidente del sindicato de profesores ANPE, Francisco Venzalá, asegura que para paliar este desconocimiento, ha solicitado a las administraciones educativas que colaboren con el profesorado impartiendo la formación necesaria y acorde a la aplicación de los nuevos currículos, incluyendo la parte formal y burocrática de los mismos. «Sobre la elaboración de las nuevas programaciones didácticas, he pedido que se otorgue el plazo suficiente para poder ser elaboradas y entregadas a las administraciones educativas, dadas las circunstancias», detalla a este periódico. El sindicato también ha requerido apoyo a las administraciones en las decisiones de promoción y titulación que han tenido que tomar los profesores en el último curso académico frente a las reclamaciones de los padres, que se mantengan ratios bajas en las aulas y que las administraciones adopten medidas de apoyo a familias desfavorecidas ante la difícil situación socioeconómica por la que atravesamos con la elevada tasa de inflación.

La concertada se ahoga

La escuela concertada, en la que estudia uno de cada cuatro alumnos en España, afronta el curso con preocupación. En concreto, Escuelas Católicas ve tres problemas a los que plantar cara en el arranque de la actividad académica: los efectos devastadores de una inflación por encima del 10 % que agravará la situación económica de los centros concertados; la implantación de la Lomloe sin tiempo para realizar programaciones adaptadas, ni disponer de materiales actualizados; y la bajada de natalidad que implicará una reducción de unidades en funcionamiento.

El secretario general adjunto de la organización que agrupa a los centros religiosos, Luis Centeno, ha alertado de la difícil situación económica que se presenta para estos centros teniendo en cuenta que el módulo de conciertos ha subido solo un 2% en 2022, mientras la inflación llega ya al 10%. Es decir, «esa diferencia la tienen que financiar los propios centros sin poder cobrar cuotas por enseñanza a las familias por ley. Además, la inflación se va a hacer notar en los precios de comedor, transporte, material escolar, actividades complementarias o extraescolares. Es un sobre coste que las familias y los centros van a sufrir».

Mientras, la natalidad figura como la primera causa de la pérdida de aulas concertadas. Pero, además, «los procesos de centralización de admisión de alumnos, previstos en la Lomloe, están creando más opacidad en los procesos de escolarización y perjudicando a la concertada. Esto es más evidente en Comunidades Autónomas como Cataluña, País Vasco o La Rioja».

Coordinador de Bienestar

Este curso, que arranca en unos días, obliga a los centros a contar con un «coordinador de bienestar», la nueva figura que se implanta para «atajar cualquier tipo de violencia» o acoso que pueda surgir en las aulas, que viene impuesta por la ley de protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi). Estos profesionales deberán estar en todos los centros educativos donde estudien menores de edad, ya sean públicos, privados o concertados. «Deben ser la pieza que se encargue de que se implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo, en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y de comunicar las situaciones de riesgo», dijo en su día Ione Belarra, la ministra de Derechos sociales y Agenda 2030. No obstante, serán las distintas administraciones las que determinarán exactamente las funciones que debe desempeñar este coordinador, que bien podrá ser una persona de la plantilla o se podrá contratar a un nuevo profesional

La última EBAU/EVAU

Este curso académico se celebrará la última EBAU tal y como la conocemos, en el que se seguirá el «modelo pandemia», el mismo de los dos últimos años. No será hasta el curso que viene cuando se introduzca un nuevo modelo más simple y con solo cuatro pruebas que pondrá fin a los exámenes por materias y exigirá «prueba de madurez» académica.