El PP apunta que el Consell favorece a IMED porque financió al PSPV

«¿Por qué IMED ha recibido seis millones de euros durante la pandemia y no se renueva el contrato del hospital de Torrevieja a Ribera Salud? Llegaremos a la verdad», advertía el pasado lunes la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. La pregunta volvió a hacerla ayer en Les Corts, durante la sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pero esta vez ella misma apuntó la respuesta.

La popular dijo que la clave está en el auto que el juzgado de instrucción número 21 de Valencia emitió el 19 de enero de 2018. En él se recoge la denuncia que interpuso el PP para destapar la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del PSPV y del Bloc en 2007 y cuyas piezas fueron archivadas. La última, referida a unos contratos adjudicados por el Ministerio de Vivienda en 2008 a la empresa de comunicación Crespo Gomar, en junio de 2019.

No obstante, los populares insisten en este auto por dos motivos. En primer lugar, porque en él aparece la empresa Hospimar 2000 SL cuyo administrador es Ángel Gómez Navarro, el mismo que el del IMED.

Según este auto, Crespo Gomar habría facturado servicios tanto al PSPV como al Bloc que, en realidad pagaron empresas como Hospimar 2000. «Crespo Gomar facturaría a terceras por servicios no prestados», apunta el instructor.

En segundo lugar, inciden en que en el auto se apunta a que estos hechos podrían derivar en financiación ilegal, pero no se investigarán porque «estarían prescritos».

El presidente Puig ignoró las acusaciones de Bonig y lamentó que defienda un modelo de Sanidad que está fracasado, «pueden seguir haciendo toneladas de demagogia».

Fraude en subvenciones

Este rifirrafe no fue más que el calentamiento. La portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, volvió una semana más a la carga con las subvenciones que las empresas del hermano del presidente Ximo Puig han recibido desde Bruselas. Anunció que llevará a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude unas ayudas financiadas con fondos europeos que les fueron concedidas.

Explicó que en 2019 presentaron tres empresas (Comunicacions dels Ports, Mas Mut y Lamp Telecom) para recibir subvenciones. La justificación de esas ayudas se presentó a través de tres facturas «proforma», es decir, no definitivas, de 312.000 euros.

Ortiz asevera que la empresa que emitió esas tres facturas fue Kriol. «Se trata de la misma trama de siempre: 312.000 euros justificados por sus hermanos, también imputados, con facturas de una empresa de sus socios».

La popular preguntó a Puig si cree que alguien puede pensar que él no sabía nada e insistió en que se investigue por qué sus hermanos «cobran irregular e impunemente cientos de miles de euros de fondos europeos».

A la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude también llevará unas ayudas que están siendo investigadas por la Agencia Valenciana Antifraude, por valor de 36.000 euros, y que la Conselleria de Agricultura acabó abonando a pesar de que se presentaron fuera de plazo.

En defensa del presidente salió el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Aseguró que todas las ayudas están supervisadas por la Administración. Pero el lío llegó cuando restó legitimidad a Ortiz porque «acaba de ser sentenciada» por un tribunal a que los vecinos de Orihuela paguen 4,5 millones de euros.

Se refería a una sentencia que obliga al Consistorio a pagar 4,7 millones por dejar desierto la licitación del servicio de limpieza en 2007. Ortiz era concejala en aquel momento, pero protestó porque se le había imputado un delito. «No estoy ni investigada ni procesada».

El presidente de Les Corts, Enric Morera, no le dio la palabra, por lo que Ortiz anunció una demanda contra Soler por difamaciones que llegó incluso a facilitar a los medios de comunicación

Al final del pleno, el conseller Soler acabó rectificando, por lo que Ortiz también se guardó la demanda y lamentó la actuación de Morera.