La jueza de la dana pregunta por qué ninguna Administración ordenó que se vigilasen los barrancos

Casi un año después de la dana que acabó con la vida de 229 personas hay muchas cuestiones que siguen sin entenderse en lo que se refiere a la gestión de la catástrofe. Si nadie advirtió de la espectacular crecida de los barrancos es porque nadie vigilaba ese punto. En todo este tiempo la Generalitat ha mantenido que la atención estaba centrada en la posibilidad de que la presa de Forata colapsara y provocase una tragedia de daños que nadie se ha atrevido a cuantificar y señala a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por no informar de la crecida del barranco del Poyo.

La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha afirmado en un auto remitido este jueves que "no se entiende que no se movilizase recurso material alguno" para la vigilancia de los barrancos, cuando "así lo requería" la preemergencia decretada desde el día anterior.

Así, pide CHJ que explique si desplegó a personal para vigilar los cauces, aunque mantiene que la dirección de la emergencia y el control de los barrancos era y es responsabilidad autonómica. En una respuesta parlamentaria que la CHJ ha enviado a Les Corts admite que de los ocho agentes medioambientales que estaban activos, cinco trabajaron en horarios de entre las 07:30 y las 15:30 horas y los tres restantes entre las 8 y las 17 horas.

La jueza señala a la Conselleria de Emergencias como la que debe activar dicho protocolo. "Se sabía de la conveniencia del despliegue de agentes medioambientales al objeto de controlar los barrancos, conforme han declarado varios testigos".

La instructora recoge en este último auto la negativa de la Conselleria de Emergencias a movilizar agentes medioambientales el 28 de octubre "apostillando después que se les exigió que la petición se efectuara por escrito para que quedara registrada" y continúa afirmando que, al día siguiente, "ya se no se efectuó dicha petición por parte del centro de coordinación", pues "sabían que la Conselleria de Medio Ambiente había retirado sus agentes a las 11 horas del día 29, y que el ofrecimiento del director general de dicha Conselleria (Medio Ambiente) nunca llegó a la sala de gestión". Por este motivo, prosigue la instructora, "se movilizaron los bomberos forestales para la vigilancia de los cauces".

"La movilización de los bomberos forestales se efectuó tras la activación de las alertas hidrológicas del río Magro y del barranco del Poyo, después de las 12:20 horas del día 29. Sin embargo, el día anterior, con la simple previsión de la Aemet para el día siguiente, se intentó la vigilancia a través de agentes medioambientales".

Por ello, prosigue la jueza, "no se entiende que el día 29 de octubre, a pesar de que desde las 10:00 horas había aviso rojo de la Aemet para tres áreas de la provincia (litoral norte, litoral sur e interior norte), no se movilizara recurso humano alguno -los citados bomberos forestales se retiraron a las 14:43 horas, tras constatar un descenso en el caudal-, a instancia de los directores del plan, para la vigilancia de los barrancos" insiste en que la situación de preemergencia existente así lo requería.

"La vigilancia del barranco del Poyo habría sido suficiente para la comarca de l'Horta Sud, teniendo en cuenta la hora de los fallecimientos que resulta de las declaraciones de perjudicados practicadas hasta el momento".

Así, pese a lanzar la pregunta a la CHJ señala con firmeza que la responsable de vigilar los barrancos era la Generalitat, a través de la Conselleria de Emergencias. "Las subidas repentinas en los caudales de los barrancos se han de controlar visualmente, como afirmó uno de los testigos, y lo que es más decisivo, de forma permanente durante la alerta hidrológica, a través del gran número de medios personales, centenares de profesionales, que dependían de la Administración autonómica".

Todo ello, unido a que "la alerta hidrológica para el barranco del Poyo no se dejó sin efecto", le sirve para concluir que "la obligación de control siempre estuvo vigente".