Las autonomías, en pie de guerra contra el Gobierno por las prebendas a Cataluña y País Vasco

La Comunidades Autónomas se preparan para una batalla desigual. Por eso han desenterrado ya sus hachas de guerra y en los próximos días son conscientes de que deberán enfrentarse con el Ejecutivo central y entre ellas para conseguir los mayores recursos posibles para sus ciudadanos y un nuevo sistema de financiación que no discrimine a unas frente a otras, frente a aquellas que se encuentran bajo el manto protector del presidente Sánchez. La batalla está servida y la victoria aún por escribir. En el calendario se avecinan dos citas cruciales en la contienda y en las que se barruntan lo peor: que el Gobierno sucumba a todas las prebendas que pongan encima de la mesa catalanes y vascos a cambio de su respaldo a los imprescindibles Presupuestos Generales del Estado de 2022, que incluirán parte de las reformas estructurales impuestas por Bruselas como peaje previo para que España siga recibiendo los fondos europeos. Es decir que la factura a pagar sea de un incremento por encima de cualquier exigencia debida de las inversiones del Estado en Cataluña y en el País Vasco a costa del resto de las regiones y de una mayor profundización en sus autogobiernos. Tampoco ocultan su preocupación ante un alza de los tributos cedidos a las autonomías, con el fin de instaurar el café para todos, paradójicamente reclamado por ERC y contrario al espíritu de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

En este escenario, la primera cita que se antoja decisiva en el horizonte más próximo y que tendrá lugar en los primeros días de julio será el encuentro de nuevo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), después del fiasco que supuso la última reunión de octubre del año pasado, que tuvo lugar telemáticamente ante la crudeza de la tercera ola del coronavirus. Según fuentes del nacionalismo catalán, Cataluña, que aboga sólo por un trato bilateral con el Ejecutivo, volverá a plantar al resto de comunidades en esta cita, como viene haciendo desde 2012. Fuentes nacionalistas confirman a LA RAZÓN que pedirá de nuevo el concierto económico vasco para sus finanzas.

La segunda cita, y no menos importante, será la Conferencia de Presidentes autonómicos, en la que se abordará el plan de recuperación y, por ende, el reparto de los 70.000 millones de los fondos europeos en transferencias a fondo perdido que le corresponden a España para la reconstrucción en la era postcovid. Según fuentes monclovitas, esta Cumbre, que tampoco se reúne desde octubre pasado, tendrá lugar tras el CPFF, en la segunda quincena de julio. En este encuentro el resto de las autonomías no ocultan su preocupación por que Cataluña y País Vasco puedan gestionar bilateralmente los fondos, como así han solicitado y parece que el Gobierno les concederá.

Trato de favor a Cataluña

Todas las autonomías de régimen común, con independencia de su color ideológico, están recelosas por estas dos citas y se muestran convencidas de que Sánchez inclinará el fiel de la balanza hacia catalanes y vascos. Pese a ello, algunas regiones gobernadas por el PSOE no reconocen sus temores oficialmente, aunque sí lo hacen extraoficialmente. Mientras, las populares los expresan abiertamente. Este es el caso de Andalucía y Madrid. Eso sí, todas coinciden en solicitar una reforma del sistema de financiación autonómica, cuestión que se abordará en el CPFF, que introduzca dosis de transparencia a los criterios de reparto de los recursos y elimine «la amalgama» de fondos para esa distribución. Desean un sistema «transparente, directo y equitativo». Comunidades, como la valenciana, solicitarán que se inyecten al sistema de financiación autonómica 16.000 millones adicionales a los 124.100 millones de los que disponía el modelo en 2018, último dato público, según confirman a LA RAZÓN fuentes de la Consejería de Hacienda del Gobierno valenciano. Estas fuentes creen que el nuevo sistema debe acabar con la infrafinanciación que padecen algunas regiones. En esta situación se encuentran Valencia, Andalucía y Murcia, con unas deudas históricas de 25.000, 11.000 y 8.000 millones, respectivamente.

Por su parte, el Gobierno de Madrid aboga, al igual que el resto, por un modelo que nazca del consenso y que cuente con unas reglas claras y transparentes, así como que garantice la autonomía fiscal de las comunidades. «Lo que en ningún caso puede ser es un sistema diseñado para contentar a los independentistas y para castigar a la Comunidad de Madrid, que es lo que pretende el Gobierno catalán, con el beneplácito de Sánchez. El Ejecutivo quiere subirle los impuestos a los madrileños para que Cataluña pueda seguir con los impuestos más altos de España. Y no lo vamos a consentir», avisa el consejero de Hacienda, Javier Fernández- Lasquetty, en declaraciones a LA RAZÓN. «Esta semana, con la concesión de los indultos, Sánchez nos ha dejado claro hasta dónde es capaz de llegar para garantizarse el apoyo de ERC. Esto supone un nuevo ciclo de independentismo que va a tener un enorme coste para los madrileños, para las empresas, los autónomos y los contribuyentes. Mucho nos tememos que será capaz de diseñar el modelo de financiación autonómica que más beneficie a Cataluña, lo que supondría un gravísimo perjuicio para el resto y, en especial, para Madrid», alerta. La realidad es que el Gobierno está dispuesto a armonizar los impuestos transferidos a las autonomías (Sociedades y Patrimonio) para satisfacer las exigencias de ERC.

Además de analizar el nuevo modelo de financiación, las autonomías pedirán al Gobierno un fraccionamiento de, al menos, diez años en el abono de la liquidación superior a los 3.400 millones que deben al Estado por las entregas a cuenta de 2020 y 2021. La comunidades pondrán también encima de la mesa del CPFF el reparto de los 13.486 millones del fondo covid de este ejercicio. Ante este panorama de desconfianza, el CPFF se augura denso y tenso. La guerra está servida.

LAS CLAVES DE LAS DOS CITAS

¿Cuándo se reunirá el CPFF? Los primeros días de julio

Después de más de un año, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunirá de nuevo y lo hará antes de que se celebre la Conferencia de Presidentes autonómicos, que no se convoca desde octubre del año pasado, para abordar el plan de recuperación y, por tanto, el reparto de los fondos europeos. La Conferencia de Presidentes autonómicos tendrá lugar, previsiblemente, en la segunda quincena del próximo mes de julio y el Consejo de Política Fiscal en los primeros días del mes que entra.

Temas de la reunión: financiación y reparto de fondos

Las Comunidades Autónomas esperan que el Ministerio de Hacienda abra la puerta de la oportunidad a tratar de la reforma del actual sistema de financiación autonómica, el reparto de los fondos covid correspondientes a este ejercicio por importe superior a 13.400 millones de euros, la negociación del aplazamiento de la liquidación negativa del sistema para las autonomías, que deben 3.400 millones de euros al Estado por los ejercicios 2020 y 2021, y la compensación de la deuda histórica a Valencia, Andalucía y Murcia.

Ausencia de Cataluña y su apuesta por la bilateralidad

La Generalitat de Cataluña se ha saltado varios encuentros del Consejo de Política Fiscal y Financiera desde 2012. Tampoco acudió al presencial de febrero de 2020 con el Ejecutivo de Sánchez. El Ejecutivo catalán aspira a que el Estado le reconozca un sistema idéntico al del Cupo vasco, mientras consigue la independencia. En estos momentos, ve más cerca esta posibilidad, después de los indultos de los encarcelados por el procés y por la necesidad del Gobierno de que ERC apoye sus Presupuestos del Estado de 2022.

Postura del País Vasco ante la negociación

Al Gobierno de Urkullu le es totalmente indiferente el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el sistema de financiación autonómica de las comunidades de régimen común. Euskadi se rige por el concierto económico vasco y por el sistema de cupo. Además, espera avanzar en su reivindicación de que el Gobierno le transfiera todas las competencias recogidas en el Estatuto de Guernica a cambio de su apoyo a los Presupuestos. Pese a todo, en estos momentos de indultos, el PNV «no tensionaremos la situación» con exigencias.

Exigencias del resto: Madrid, Andalucía, Valencia...

Las autonomías del régimen común, incluidas las socialistas, apuestan por un sistema de financiación que nazca del consenso de todas las comunidades y que cuente con unas reglas transparentes. Las regiones socialistas, como la valenciana, piden un aumento extra de recursos de 16.000 millones y eluden entrar a debatir las prebendas para vascos y catalanes. El resto, con Madrid a la cabeza, se opone a un sistema diseñado para contentar a los independentistas y castigar a comunidades, como la madrileña.