Podemos abre otro frente con el Gobierno y rechaza ampliar el tiempo de cálculo para las pensiones: “No se puede consentir”

Con cierto retraso, Unidas Podemos ha reaccionado hoy en tromba al compromiso rubricado con Bruselas para extender más allá de los 25 años el periodo de cómputo de las pensiones. La excepción, por ahora, es la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que aún no se ha pronunciado pese a que la formación morada no parece creer las afirmaciones tanto de la ministra de Economía, Nadia Calviño, como de Escrivá. Ambos negaron que dicha ampliación vaya a suponer una merma en las pensiones sino todo lo contrario. Sin embargo, tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, como el secretario de Estado de Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, dan por descontado que cualquier ampliación del periodo de cálculo de la pensión inicial por encima de los 25 años en que quedará el próximo año se traducirá en un recorte de las pensiones.

Irene Montero ha sido muy clara al recordar a su socio de Gobierno que “no podemos empobrecer a nuestros pensionistas, y mucho menos a nuestras pensionistas”. Desde Sevilla, Montero ha remarcado que “el cuerdo de coalición es muy claro en ese sentido”. Podemos considera que la ampliación ni siquiera forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Por su parte, Santiago ha asegurado que Unidas Podemos está en contra de la propuesta de ampliar a 35 años el tiempo de cálculo de las pensiones, y ha recalcado que “es algo que no se puede consentir”. “Unidas Podemos no está a favor y nos sorprende porque no es el acuerdo que al que se había llegado con los sindicatos”, ha añadido Santiago este viernes.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró ayer en RNE que ampliar el tiempo de cálculo de las pensiones forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia y que es “un tema muy hablado desde hace mucho tiempo y asumido por todo el Gobierno completamente”.

Santiago ha desmentido a Escrivá y ha afirmado que “no se puede jugar a la confusión” ni “exponer a personas trabajadoras a prolongar la vida laboral para optar a una pensión mínimamente digna”. “No es lo mismo la esperanza de vida de un trabajador que la de una persona que ha vivido de las rentas”, ha explicado.

También el secretario general de CC OO, Unai Sordo, se ha pronunciado y ha advertido de que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones “no está en la agenda del diálogo social ni ahora ni después” y no es una “condición sine qua non” planteada desde Europa.

Ayer, el silencio sobre esta cesión a Bruselas para abrir la autopista de llegada de 70.000 millones de euros que entregará la UE a fondo perdido a España fue casi absoluta entre los primeros espadas de Podemos, aunque Echenique sí aseguró que tal posibilidad de «inaceptable».

Es cierto que aún queda un año para que el compromiso se concrete, deberá estar listo en el último trimestre de 2022, y habrá que ver en qué condiciones lo hace, previsiblemente muy lejos de esa ampliación a 35 años de aquel primer borrador de Escrivá filtrado hace casi un año, pero el denominado «Operational Agreement», el documento de 346 páginas que recoge los «hitos» que debe cumplir España para recibir los 70.000 millones de ayuda que le corresponden del fondo «Next Generation» y que hizo público ayer el Gobierno, estipula que España deberá ampliar el periodo de cálculo de las pensiones más allá de los 25 años en que quedará en 2022 tras la reforma de 2011.

En esa reforma se estableció una transición entre 2013 y 2022 en el número de años que se toman para calcular la pensión de los nuevos jubilados de los 15 años en que estaba a los 25 años.

Los últimos años laborales y de cotización suelen ser generalmente son los más beneficiosos para el trabajador porque, sobre el papel, es en los que ha dispuesto de un salario más alto, lo que le da acceso a una mejor pensión. Por tanto, la extensión del periodo de cálculo provoca una disminución de la pensión inicial. El acuerdo rubricado por Bruselas no estipula, sin embargo, los años a que debe ampliarse el periodo.

A pesar de que esta reforma no se contempla explícitamente en las recomendaciones del Pacto de Toledo, de la negativa de los sindicatos y de Unidas Podemos, socio del Gobierno, el Ejecutivo ha mantenido en todas las fichas remitidas a Bruselas esta opción. El departamento de Escrivá evaluó ampliarlo de 25 años a 35 años, un periodo que finalmente se diluyó ante las presiones por todos los flancos. Pero no así la propuesta.

La ampliación a 35 años del cálculo de las pensiones impactaría negativamente en la cuantía de la pensión media inicial de jubilación, ya que ésta disminuiría hasta en un 8,6% de media, una caída muy superior a la que barajaba el propio Ministerio, que lo situaba en el 6,3%, más de dos puntos por debajo. Así lo determina en sus conclusiones el análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura.

España tendrá, además, que probar que sus reformas en pensiones son reales y deberá presentar ante Bruselas un «justificante» detallado de que el nuevo mecanismo que asegurará la sostenibilidad de las pensiones realmente garantiza la equidad intergeneracional. Para ello tendrá que enviar a la Comisión Europea una evaluación del impacto real en el sistema de los 0,6 puntos de aumento en las cotizaciones sociales que propone la Seguridad Social durante diez años para revivir el fondo de reserva.