Peajes en autovías de autonomías y ayuntamientos por orden del Gobierno

Moncloa quiere que se apliquen en las autopistas de su competencia y advierte de que si no se ponen de forma «unificada y coherente» habrá «distorsiones indeseables»

O se aplican peajes en todas las vías de gran capacidad española, sea de quien sea su titularidad, o el sistema de pago por uso no será eficaz. Esa es la advertencia “sotto voce” que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) realiza en su Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que pretende guiar sus actuaciones en materia de movilidad, infraestructuras y transportes en los próximos diez años y que fue aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de diciembre de 2021.

Como no podía ser de otro modo, una de las líneas actuación que aborda el documento es la planificación y gestión de la red viaria estatal. Un punto en el que, una vez más, Transportes expone los argumentos que, en su opinión, justifican la implantación de los peajes en la que trabaja desde hace meses y que adelantó en abril a Bruselas como uno de sus compromisos para hacerse acreedor de la ayuda de 70.000 millones de euros de los Fondos Next Generation. Así, tras recordar que el 95% de la Red de Carreteras del Estado se financia con cargo a presupuesto público y, por tanto, es sostenida por los contribuyentes, siendo difícil asegurar el cumplimiento de los principios de “quien contamina paga” o de “el usuario paga”; y que la factura ha aumentado por la supresión de varios cientos de kilómetros de peajes que se deben mantener ahora con cargo a fondos públicos, asegura que sería deseable que “se estudien alternativas al modelo actual de financiar la Red de Carreteras del Estado”, al menos las de gran capacidad. El objetivo, dice, es lograr que “el usuario asuma los costes de mantenimiento y explotación” y asegurar que los órganos gestores de las carreteras “cuenten con fuentes de financiación finalistas y estables para asegurar la adecuada conservación de nuestro patrimonio viario, independientes de los ciclos presupuestarios públicos”.

El Mitma advierte a continuación de una de las dificultades para ejecutar sus planes: la maraña competencial. El ministerio admite que “la implantación de este tipo de medidas es compleja debido al reparto competencial de las infraestructuras de carreteras en España, pues una parte no desdeñable de la red de alta capacidad es titularidad de comunidades autónomas e incluso administraciones locales (aproximadamente 4.000 kilómetros)”. Un reparto que puede hacer fracasar el modelo de pago por uso en caso de que haya administraciones que no sigan los pasos del Estado e introduzcan peajes. “Si la implantación no se realizara de manera unificada y coherente para todas las redes se podrían generar distorsiones indeseables que deriven en la ineficacia del sistema. Por lo tanto, el nuevo modelo de financiación de carreteras deberá estar basado en los principios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental, y requerirá un diálogo con los grupos políticos, agentes sociales y otras administraciones con competencias concurrentes para lograr un consenso amplio”, concluye.

Puerta abierta

Aunque en abril, cuando el Ejecutivo envió a Bruselas sus planes, hubo cierta confusión en un primer momento sobre a qué carreteras afectarían los peajes -llegando incluso a decirse que se abría la puerta a implantarlos en todas-, el Mitma aclaró después de que su proyecto afecta a las vías de alta capacidad de titularidad estatal. Cabría la posibilidad, aclararon entonces fuentes del ministerio, de que en una segunda fase los gobiernos autonómicos pudieran también aplicar peajes en las autovías que son de su competencia. Una opción que, en la Estrategia de Movilidad, se convierte casi en un requisito necesario para que el sistema sea eficaz.

De momento, y aunque algunas informaciones han apuntado en los últimos días a que el Gobierno habría optado por aparcar los peajes ante el fuerte rechazo que generan, desde Transportes aseguran que “no hay cambios en nuestra hoja de ruta” y que siguen preparando el sistema que quieren presentar próximamente al resto de partidos y sectores afectados por la medida. De hecho, el pasado día 17, el Mitma aseguró que está acelerando la transformación de la compañía pública Sociedad Española de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt) para convertirla en la gestora de los peajes. Esta concesionaria asumió la gestión de las radiales R-2 de Madrid a Guadalajara, R-3 de Madrid a Arganda del Rey, R-4 de Madrid a Ocaña, R-5 de Madrid a Navalcarnero, M-12 Eje Aeropuerto, AP-41 de Madrid a Toledo, AP-36 de Ocaña a La Roda, AP-7 de Circunvalación a Alicante y la AP-7 de Cartagena a Vera tras su entrada en concurso de acreedores, posterior liquidación y reversión al Estado. Ahora, según detalló el ministerio en una nota de prensa, se está preparando un plan estratégico una de cuyas patas es su digitalización para permitir a Seitt “avanzar en la estructura de tarificación como mecanismo gestor, homogeneizar los sistemas de cobro e implantar sistemas que preparen nuestra red para el uso del vehículo conectado y autónomo, y que promocione el uso del vehículo eléctrico”.

Respecto al sistema en sí, y pese a que existen muchas especulaciones respecto al método que implantará el Gobierno y se apunta a la posibilidad de una viñeta en un primer momento y a una tarificación por kilómetro después, desde Transportes no dan pistas. En un principio, de hecho, se barajó como alternativa más viable la implantación de un peaje «blando» de un céntimo por kilómetro para cubrir los costes de conservación de las carreteras dado que su construcción ya está amortizada. Esta es la opción preferida por la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario cree que este tipo de tarificación se aproxima más al principio que defienden de que «el que contamina, paga». Por el contrario, las viñetas o tarifas planas anuales no reflejan a su entender de manera correcta el impacto climático del transporte por carretera.