Cuando Calvo habló de cesar a Iglesias

Justo cuando se cumplen dos meses desde que arrancara el Gobierno de coalición, la aprobación del decreto del estado de alarma a raíz de la crisis del coronavirus provocó el Consejo de Ministros más tenso entre PSOE-Podemos desde enero. La cita evidenció las fuertes discrepancias que continúan en el seno del Ejecutivo entre los sectores del PSOE más escépticos con la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno socialista. Muestra de ello fue la filtración que difundió el equipo de la vicepresidenta primera Carmen Calvo a algunos medios de comunicación en la noche del sábado –cuando aún continuaban reunidos– de que el presidente Pedro Sánchez se estaba planteando la posibilidad de cesar a Pablo Iglesias como vicepresidente segundo. Aseguraba el equipo de Calvo que la ruptura del Gobierno de coalición era un debate que se estaba produciendo en Moncloa por el enfado del líder del Ejecutivo con su segundo ministro a causa de diferencias notables en como abordar la crisis del coronavirus. Otra muestra más; incidían en que Pablo Iglesias se había «saltado» la cuarentena, tras haber dado positivo la ministra de Igualdad en coronavirus, a voluntad propia, mientras que el propio líder morado aseguró que había sido Pedro Sánchez el que le pidió que asistiera presencialmente a Moncloa.

Un debate que, según ha podido saber este diario, no se produjo en la reunión pero que sí consiguieron alimentar todo tipo de augurios negativos por la tardanza del Ejecutivo central en anunciar el decreto del Estado de alarma. Las discrepancias entre el Gobierno –que fueron fuertes, pero que no desembocaron en tiranteces ni que, a día de hoy ha perjudicado la relación entre presidente y vicepresidente– venían varios días produciéndose, a causa de sí decretar o no España en Estado de Alarma. Desde Podemos, Pablo Iglesias y los ministros morados, junto al titular de Transportes, José Luis Ábalos, reclamaban desde un primer momento poner en marcha cuanto antes el artículo 116 de la Constitución. Frente a ello, en la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que Pedro Sánchez preside semanalmente con sus vicepresidentes, Nadia Calviño se opuso frontalmente a tal extremo, a causa de las consecuencias económicas de paralizar el país. Hasta el viernes por la mañana, el presidente del Gobierno no se mostró a favor de decretar el estado de alarma, que sería anunciada al filo de la media tarde en comparecencia pública.

Una vez reunidos todos los ministros en Moncloa, a excepción de la titular de Igualdad, Irene Montero, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darías, tras dar positivo en coronavirus, el decreto de Alarma, encalló, en un primer momento, por la disensión entre ambos partidos sobre las medidas económicas a implementar de carácter de protección social hacia la clase trabajadora. En la reunión en Moncloa se visibilizaron claramente dos bandos con posiciones encontradas hasta el final de la cita. El que acudía a firmar el decreto del Estado de alarma con fuertes dudas por su incidencia directa hacia las grandes empresas, encabezado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, frente al sector «más social» que lideraba el vicepresidente segundo Pablo Igleisas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto hasta cinco ministros socialistas; el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá; el ministro de Transportes, José Luis Ábalos; la ministra de Educación, Isabel Celáa; la ministra de Industria Reyes Maroto y el titular de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

Este óbice de múltiples opiniones que mezcla el mismo sentir de ministros morados y socialistas demuestra que el estado de alarma no es un choque único entre PSOE y Unidas Podemos, sino que trasciende las hasta ahora estrictas fronteras en las que se delimitaban ambos partidos. La discusión abierta, de hecho continúa hoy dentro de Gobierno sobre las medidas que más sociales –destinadas a paliar la crisis económica que puede sufrir el colectivo más vulnerable–. Será el martes cuando, en Consejo de Ministros, se vuelvan a debatir los recursos que parte del Gobierno quiere implementar para garantizar, derechos mínimos de suministros básicos en todos los hogares o ayudas para el pago de hipotecas y los alquileres, por ejemplo.

Para lograr que el Estado ejecute medidas sociales desde esta misma semana, varios portavoces de Unidas Podemos comenzaron a exigir que el Gobierno ejecute políticas sociales para proteger a trabajadores, parados, autónomos y pequeños empresarios. Bajo la etiqueta #EsteVirusLoParamosUnidos, pedían priorizar medidas que eviten una situación de crisis económica similar a la crisis de 2008. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, pedía que el Estado de alarma implique «compensar con el apoyo del Estado a quienes se queden sin ingresos». De igual modo se expresaba el portavoz en la Cámara Baja, Pablo Echenique que proponía –una vez superada la pandemia– poner en marcha «fuertes paquetes de inversión pública en sectores estratégicos». El diputado de IU, Enrique Santiago exigía que el Gobierno garantice la seguridad de todo el país y evitando que las familias «cargen sobre sus espaldas las consecuencias de la crisis».