El rastro de los “casos mascarillas” en España: 355,6 millones de euros bajo examen

Los fraudes durante la pandemia han provocado una hilera de casos por toda España de los que 4 se han judicializado, 2 han terminado en archivo y al menos 5 siguen en la Fiscalía Anticorrupción

Casos de corrupción por suministros sanitarios de covid
Casos de corrupción por suministros sanitarios de covid FOTO: Teresa Gallardo

«Cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente» es una frase que se atribuye al escritor y político español Ramón Pérez de Ayala. Las dimensiones de los fraudes durante la pandemia que están todavía por cuantificar han convertido los primeros meses de 2022 en un reguero de informaciones sobre «casos mascarillas» que la Justicia ha sometido a examen. Al menos 355.614.736 euros han sido analizados entre la Fiscalía y los tribunales. El balance por el momento deja 4 casos judicializados, 2 archivos y otros 5 residenciados en el Ministerio Público. Y no son los únicos, la Fiscalía Anticorrupción tiene más diligencias sobre el Covid-19 que todavía no se han hecho públicas como un caso sobre compra de respiradores.

El hijo de la modelo Nati Abascal y el que fuera duque de Feria, Luis Medina, es ya más conocido por haberse comprado un yate (bautizado «Feria») con la comisión de 971.210 euros, que se agenció tras proporcionar mascarillas, guantes y test Covid al Ayuntamiento de Madrid, que por ser descendiente de quien es. Su socio de negocio Alberto Luceño se hizo con un pico mayor: 4.953.582 euros con los que adquirió un Ferrari, un Lamborghini, tres Rolex de oro, una casa en Pozuelo y una lujosa estancia en Marbella de 10 días a 60.000 euros. El debate alrededor de las comisiones es denso. Se habían enriquecido con la tragedia, afearon muchos. Pero lo cierto es que los juristas consultados señalan que no hay nada ilegal (otra cosa es la moral) en añadir un porcentaje desorbitado de comisión a una compra cuando el mercado estaba desbocado. «La cuestión delicada no es la comisión, sino si la contratación ha sido realizada conforme a la legislación», remacha el abogado penalista Álvaro Escudero.

Precisamente este fue el problema de raíz. Durante el Estado de arlama en 2020 se suprimieron todas las trabas en las contrataciones porque se pasó a procedimientos de urgencia en los que las administraciones pueden designar a dedo al contratado y esto suprime estándares que lo que buscan es evitar comportamientos delictivos. «Es explicable que en esas circunstancias se abre una puerta a los abusos, a la picaresca. No es un defecto solamente de los españoles, sino del ser humano en general», relata el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, experimentado defensor en casos de corrupción.

Medina y Luceño están imputados por delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. En su caso, la alerta llegó por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención y Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que puso a trabajar a Anticorrupción. Distinto inicio del de otros «casos mascarillas» de la misma Fiscalía Especial. Entre febrero y marzo diversas denuncias cruzadas entre políticos acusaron a los de enfrente de traficar con influencias o malversar fondos públicos por el coronavirus.

Así sucedió con el hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, denunciado por el grupo socialista, Más Madrid y Unidas Podemos por un contrato de 250.000 mascarillas por 1.512.500 euros. Él no figuraba en el contrato, pero su hermana reconoció que se había llevado una comisión en medio de una guerra feroz en el PP. Acreditar que un político ha favorecido una compra por interés o relación con el vendedor es misión imposible si no hay señal evidente. «Tiene que haber prueba como un correo electrónico. Es difícil de obtener. Una prueba de que esa relación personal ha sido determinante [para el contrato]», relata Martínez-Fresneda. El caso terminó en archivo. «Tomás Díaz Ayuso ofrece una explicación coherente sobre su intervención en el proceso de venta de mascarillas», decretó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El equipo de Ayuso no se quedó de brazos cruzados y en su contraataque denunció 13 operaciones del Gobierno durante la pandemia que la Fiscalía ha ido desbrozando en distintos casos. El Ministerio de Sanidad, como es lógico, se lleva la palma de estas compras bajo sospecha. La cartera que entonces dirigía Salvador Illa se hizo con 500.000 batas desechables por valor de 10.192.605 euros. Un precio «excesivo» por cada una (16,7 euros cuando en otros sitios valían menos de 0,3), según el denunciante. O cuatro contratos de un total de 488.000.000 mascarillas a una empresa cuya actividad social se basaba en bebidas alcohólicas y no se comprobó su solvencia. Además la empresa había sido condenada en 2016 por estafa. Y así con contratos del Ministerio de Transportes (cuando lo regentaba José Luis Ábalos) o con otro del Ministerio de Migraciones -aunque este está relacionado con la reputación online- que se adjudicó a una empresa cuyo director de marketing es el marido de la vicepresidenta primera Nadia Calviño.

Hasta las actividades de los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han estado bajo el foco por la vinculación con una empresa beneficiaria de los créditos ICO. Terminó en archivo.

Algunas de estas causas se han enviado directamente a los juzgados, según fuentes de Anticorrupción, como es el caso del contrato de 92.000.000 guantes para Sanidad que chocaba con una querella interpuesta por Vox a tres altos cargos del Ministerio, pero el resto siguen siendo escrutadas lentamente en la sede del Ministerio Público. Allí también llevan desde agosto de 2021 unas diligencias prejudiciales sobre respiradores que tienen «aspectos internacionales en tramitación», según confirman citadas fuentes que rehúsan hacer público aún este caso. Aclaran que si bien es cierto que hay que aclarar si durante el periodo de cuarentena se produjeron desvíos de fondos públicos todavía no hay que hablar de un patrón. «Es pronto para sacar conclusiones», señalan.

Lo cierto es que además de las del Gobierno central la mayoría de las estafas más mediáticas han tenido relación con Madrid. Así la propia Policía Municipal denunció un lote de 500.000 mascarillas que nunca llegó a entregarse. El Ayuntamiento pagó nada menos que1.250.000 euros por nada. Los protectores de boca no llegaron a su destino y el proveedor Philippe Haim cuya sede estaba en Nueva York se esfumó. Un juzgado de Madrid reabrió este asunto el pasado mes de junio porque los agentes encontraron nuevas pruebas del domicilio del estafador en Inglaterra. Los expertos penalistas consultados señalan que en los fraudes donde el material directamente no llega está mucho más justificado el delito que en aquellos en los que está defectuoso (por ejemplo el de Medina y Luceño).

Lo mismo que sucedió en el último timo conocido. Esta vez en Canarias, lo que demuestra que no solo se producen fraudes en las administraciones de la capital, pero sí ocurre que el examen en las autonomías queda a veces fuera del foco mediático. Un Juzgado de Gran Canaria ha admitido la querella de la Fiscalía contra el director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez, la directora de Recursos Económicos y el responsable de la empresa RR7 Rayco Rubén González. Su compañía dedicada a la automoción vendió unas mascarillas que no aterrizaron. Se pagaron nada menos que 4.000.000 de las arcas públicas. Sobre estas estafas no hay posibilidad de reclamar al Estado, sino que serán los tribunales los que decidan a quién derivan la responsabilidad del fraude.