Anticorrupción cierra la investigación que afectaba a los padres de Sánchez, pero mantiene la del marido de Calviño

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación sobre las doce ayudas que el Gobierno dio a la empresa Plásticas Playbol S.L. durante la pandemia. En esta compañía aparecían como apoderados los padres del presidente Gobierno Pedro Sánchez, pero el fiscal jefe, Alejandro Luzón, que ha llevado personalmente las diligencias, expone que no existe “elemento incriminatorio alguno” de que hubiera trato de favor. La denuncia partió del grupo madrileño del PP que también señaló irregularidades en siete empresas con contratos relacionados con material sanitario o ayudas por el Covid. El resto de pesquisas, por el momento, continúan adelante incluidas las que tienen que ver con el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño.

“Industrias Plásticas Playbol, S.L. cumplía con los requisitos para obtener las ayudas”, concluye el decreto de la Fiscalía. “Las ayudas eran concedidas directamente por instituciones financieras privadas que decidieron sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos”, relata Luzón. Señala que en aquel momento las entidades financieras tenían tanto interés en conceder estas ayudas como las pymes en percibirlas, así que con los “mínimos requisitos” cumplidos ya se podía dar la cuantía.

Los controles que se llevaron a cabo posteriormente se hicieron de forma “neutral” y “al margen del ámbito político al que el denunciante pretende llevar estas operaciones”. Cabe recordar que uno de los argumentos esgrimidos en la denuncia fue que los padres del presidente vendieron en 2018 activos y maquinaria de la empresa si bien continuaban como apoderados. A lo que el fiscal jefe señala que no “se alcanza a vislumbrar la trascendencia” de esto: “Se trata de una operación mercantil habitual, transparente y con razonabilidad económica y tributaria tanto para el comprador como para el vendedor”.

El escrito de nueve páginas es tajante con que no se ha logrado atar ni un indicio delictivo: “La patente desconexión entre el procedimiento realmente seguido en las operaciones analizadas, según se ha expuesto, y la hipótesis delictiva planteada por el denunciante que se ha comprobado huérfana de la mínima base indiciaria, convierte en improcedente la práctica de cualquier otra actuación, que conduciría estas diligencias por el terreno vedado de las investigaciones prospectivas, de corte inquisitivo”.

La denuncia fue anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de marzo cuando se cruzaron estas acusaciones en Anticorrupción: Los grupos de la izquierda denunciaron varios contratos sobre su hermano Tomás Díaz Ayuso (que también han sido ya archivados) y el PP acudió a impugnar 12 contrataciones y 14 ayudas públicas por un total de 326 millones de euros. Luzón encomendó la mayoría de las actuaciones al fiscal Luis Pastor, si bien él se quedó con las que afectaban a los miembros de Gobierno en primera línea. Este archivo es la primera información oficial que se transmite sobre el resultado de las diligencias, aunque hace unas semanas se conoció que la Guardia Civil se había personado en el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Calviño para requerir información sobre los contratos que afectan a su marido.

Los avances estos meses

El escrito del Ministerio Público esclarece los pasos que se han ido dando para llegar al archivo. El pasado 13 de mayo se ofició a la Compañía Española de Reafianzamiento del Ministerio de Industria para que aportara los tres expedientes completos a las convocatorias de las ayudas de las que Plásticas Playbol fue beneficiaria. También se pidió al Instituto de Crédito Oficial (ICO) - dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos- que aportaran los doce expedientes completos de las convocatorias de 2020 y 2021, los avales que se concedieron para paliar los efectos de la pandemia.

Luego, los funcionarios económicos de la propia Fiscalía analizaron toda la documentación. El fiscal evalúa también los decretos por los que el Gobierno aprobó este tipo de inyecciones monetarias para rescatar a muchas empresas de los estragos del Covid. Nada se ha extralimitado de los requisitos que de forma independiente se pedían a todas las entidades por igual, concluye tras las pesquisas. Industrias Plásticas Playbol tenía la consideración de pyme, según sus cuentas anuales de 2019, contaba con 13 asalariados y su volumen de negocios fue de 3,5 millones de euros. “En consecuencia, la citada empresa cumplía con los requisitos establecidos en el Consejo de Ministros”.

Por eso, no hubo ningún tipo de enlace en el Gobierno para recibir este dinero: “Lo expuesto resulta suficientemente expresivo de la palmaria ausencia de elemento incriminatorio alguno en unas operaciones que aparecen revestidas de legalidad y respecto de las que aventurar un trato de favor o el despliegue de algún tipo de influencias para su realización situaría el relato en el ámbito de la pura especulación, extramuros del derecho penal”.