En cuestión de horas, el Consejo de Ministros dará luz verde a una quita de la deuda de 83.000 millones de euros para el conjunto de comunidades autónomas en España. En realidad, se trata de otra prebenda más de las muchas que en su día capituló el PSOE con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez y que el Gobierno ahora quiere hacer extensiva al resto de territorios, con el objetivo de neutralizar el discurso del agravio.

Pero las posiciones son firmes en orillas del Partido Popular. "Lo tenemos todos claro", asegura un barón con mando en plaza en conversación con LA RAZÓN. "Es una burla", sintetiza otro. No habrá disidencias entre los presidentes autonómicos. Todos han cerrado filas con la posición que en su día marcó Alberto Núñez Feijóo y ni siquiera se les pasa por la cabeza morder la manzana de María Jesús Montero.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda jugará con la frágil situación financiera de algunos territorios, caso de la Comunidad Valenciana, para intentar quebrar la unidad de los presidentes del PP. Pero será en balde. Porque todos entienden que se les quiere utilizar para tapar los beneficios a Cataluña que, según los cálculos, eliminaría de un plumazo los 17.000 millones que tiene que devolver al Estado por el fondo de liquidez autonómica.

Moncloa asegura que el mecanismo que aprobará mañana no incluye ningún privilegio para la región catalana y afila el argumentario para presionar al PP. Desde el equipo de Montero ven "difícil" que las comunidades no acepten una condonación que podría aliviarles entre 6.500 y 7.000 millones de euros, según los números de Hacienda.

La mejor parada, en base a los números difundidos por el Ejecutivo, sería Andalucía con una condonación de 18.791 millones. Aunque la Junta de Juanma Moreno no piensa lo mismo, puesto que denuncia que no habrá "ni un euro más para invertir en Andalucía", sino que se trata de un saneamiento que sólo arregla el problema a las comunidades más endeudadas.

El pasado mes de febrero, todos los territorios en los que gobierna el PP, incluido Canarias, dieron plantón a Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, por primera vez, puso encima de la mesa la condonación de la deuda. Además, algunos gobiernos, anunciaron que darían la batalla judicial.

Entre los dirigentes autonómicos del PP hay consenso en la necesidad de reformar el sistema de financiación. Es más, incluso hay quienes ven con buenos ojos una "reestructuración de la deuda". Eso sí, no como propone el Gobierno. Desde Génova, se trabaja desde hace tiempo en un plan que contempla la "creación de un fondo transitorio" dotado con 1.700 millones de euros para aquellas regiones que, en la actualidad, están infrafinanciadas.

Además, todos coinciden en la necesidad de "negociar siempre en el marco de la multilateralidad" y no como hace Sánchez, de forma unilateral. Sobre la quita de la deuda, la posición es unánime. Tanto los barones como Génova entienden que "es una cuestión menor que busca otros efectos, vinculados a cuestiones políticas".