Golpe al 'petaqueo': la Guardia Civil incauta una furgoneta con 200 garrafas de gasolina para las narcolanchas

La Guardia Civil interceptó la tarde del pasado viernes 4 de abril una furgoneta en los esteros de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera con bidones vacíos que se iban a cargar para suministrar gasolina a las lanchas de narcotraficantes. La operación la desarrolló la Unidad de la Guardia Civil especializada en resolver los robos que se producen en el campo (equipo Roca) y que también se encarga de investigar las actividades relacionadas con el 'petaqueo'.

Según informa la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el conductor de la furgoneta huyó del lugar lanzándose al agua, aunque fue detenido horas después. El resto de los narcotraficantes que esperaban para suministrar las garrafas de gasolina se dieron a la fuga. Su cometido era derivar dichos bidones a las embarcaciones recreativas que esperaba en las inmediaciones de Sancti Petri.

Al detenido se le atribuyen los delitos de desobediencia grave a agentes de la Autoridad y de tenencia de sustancias inflamables, contemplado en el artículo 568 del Código Penal. La furgoneta albergaba 200 garrafas de gasolina, una de las mayores incautaciones hasta el momento.

El 'petaqueo' como delito

La Fiscalía Antidroga lleva años pidiendo que se tipifique como delito el 'petaqueo', ya que ello dificultaría el traslado del combustible que usan los narcos. De hecho, en entrevista a LA RAZÓN, la fiscal jefa de este órgano, Rosa Ana Morán, explicó que mientras no se considere como un delito autónomo se combate como una tenencia de elemento inflamable que puede causar daño. No obstante, investigarlo por dicho delito es muy difícil cuando el mismo se encuentra en el mar.

Por ese motivo, piden que se regule en el Código Penal (como hizo en 2019 Portugal) en aras a facilitar las operaciones contra el narcotráfico. En ese sentido, la Audiencia Provincial de Cádiz enmarcó en un reciente auto el 'petaqueo' como un delito de tenencia de explosivos, que puede ser castigado con hasta ocho años de prisión.