Marruecos erige a Sánchez como freno de la inmigración ilegal

Las cifras de llegadas irregulares a España siguen dando una alegría al Ejecutivo. Desde su llegada a La Moncloa en 2018, Pedro Sánchez usa, según le convenga, este fenómeno para hacer política. Hace cinco años vio en la inmigración una oportunidad para dar un primer golpe de efecto que le diferenciase de las políticas de su antecesor, Mariano Rajoy. Acogió al barco «Aquarius» que llevaba días varado en las costas italianas sin puerto en el que atracar; prometió la retirada de las concertinas y recuperó parte de la sanidad universal. Sin embargo, con el aumento de llegadas de pateras a las costas españolas en los meses posteriores efectuó un giro que marcaría sus siguientes medidas: volver a las devoluciones en caliente, las expulsiones exprés, el refuerzo de las relaciones con Marruecos o el bloqueo del humanitario «Open Arms».

A lo largo de la esta Legislatura la inmigración irregular ha marcado agenda. Las diferencias con Podemos; el récord de llegadas a las Islas Canarias durante la pandemia y la decisión de acoger a los inmigrantes en hoteles; la avalancha dirigida desde Marruecos tras la acogida del líder del Frente Polisario y la posterior devolución de menores a Rabat o más recientemente la tragedia del Tarajal han puesto contra las cuerdas al Gobierno por sus bandazos. Sin embargo, en la recta final de su mandato y tras el acuerdo con Marruecos, los datos de llegadas irregulares le dan un respiro que vende en Europa.

En la nueva relación entre Madrid y Rabat la inmigración ha sido clave. Tal y como recogió el documento estratégico de la OTAN este verano en su reunión de Madrid, la instrumentalización de la inmigración es una de las amenazas híbridas de los aliados. España, como frontera exterior de la Unión Europea, lo sabe desde hace décadas. Frenar las llegadas irregulares desde las costas marroquíes fue, de hecho, de los primeros objetivos de la nueva relación con Rabat después del giro de 180 grados respecto al Sáhara Occidental.

Los datos del Ministerio del Interior reflejan un cambio de tendencia. En este primer trimestre de 2023 caen un 50% en comparación con 2022. En los primeros tres meses de este año, han llegado 4.287 personas de manera irregular a la Península, por los 8.727 que lo hicieron entre enero y marzo de 2022, incluida la ruta canaria, considerada una de las más peligrosas del mundo. En 2022, llegaron 5.940 personas por esa vía, mientras que este año tan sólo lo han hecho 2.178, es decir un descenso del 63,3%. También se registran bajadas en las entradas por vía marítima por las costas de Ceuta y Melilla. En la primera, han pasado de 31 contabilizadas entre enero y marzo de 2022, a las 16 de lo que va de este año; y en la segunda de las 43 del primer trimestre del año pasado, a las 32 en 2023. En el lado opuesto se encuentran las cifras registradas en la costa Peninsular y Baleares, que crecen un 15,7% con respecto al mismo periodo del año pasado. Por primera vez en lo que va de este año se contabiliza un aumento en esta vía. Y también es novedad en este 2023 que las entradas por vía irregular a través de la frontera terrestre de Ceuta bajen con respecto a 2022, ya que desde principios de este año se habían mantenido en cifras superiores.

Con estas cifras y frente al empeoramiento de la situación en el Mediterráneo Central –costas de Italia, Chipre y Malta– donde los rescates de embarcaciones a la deriva se multiplican, el Gobierno quiere sacar pecho e impulsar durante su Presidencia del Consejo de la Unión Europea el ansiado Pacto europeo de Migración y Asilo. Este ha sido uno de los objetivos de la mini gira de Sánchez por los países del Mediterráneo esta semana. El objetivo de los Veintisiete es armonizar los procedimientos de asilo en la UE , las normas de protección y los derechos de los solicitantes de asilo. También regular las operaciones de rescate y los controles en las fronteras exteriores.

LA RAZÓN consulta a varios organismos para analizar el recorrido y alcance de la nueva propuesta de Sánchez. Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) explican a este medio que «hemos pedido a Suecia y a España que aprovechen sus presidencias de la UE para marcar el rumbo de una UE que proteja de verdad a los desplazados forzosos, vengan de donde vengan». En este sentido, proponen «no sobrecargar a los países que son frontera exterior y mecanismos reforzados de búsqueda y rescate en el mar y de desembarco previsible, con posterior redistribución de personas que necesiten protección internacional entre distintos países».

Se trata de lo contrario a lo impulsado por el Ejecutivo, que está descargando toda la responsabilidad sobre Marruecos a cambio de ayuda económica. El mismo esquema que se siguió en 2015 con Turquía para frenar la llegada de refugiados que huían de la guerra en Siria e Irak, principalmente.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) apuntan en la misma línea: «Hay enorme preocupación en que este pacto priorice y ponga el foco en cuestiones relativas a los retornos y la externalización de fronteras con tercero países». Además, advierten de que, pese al descenso de llegadas a España a día de hoy, «sigue siendo un asunto prioritario en la agenda porque las migraciones fluctúan». Si la inmigración marcó el inicio de Sánchez, todo apunta a que también lo hará al final de su Legislatura, con sus bandazos y cambios de posturas, incluidos.