Portugal establece la medida que pone fin a la era de la inmigración flexible

Portugal ha puesto punto y final a su etapa como uno de los países más abiertos de Europa en materia de inmigración. El nuevo Gobierno de centroderecha, con el primer ministro Luís Montenegro al frente, ha impulsado una reforma de gran envergadura que endurece de forma notable las condiciones para entrar y residir en el país vecino, marcando el fin de una era de mayor flexibilidad que caracterizó a las anteriores administraciones socialistas.

De hecho, esta decisión supone una de las primeras grandes maniobras del nuevo Ejecutivo portugués en un asunto que ha ido ganando un peso considerable en el debate público. La reforma nace con el objetivo de gestionar los flujos migratorios de una forma mucho más ordenada y controlada, lo que en la práctica representa una ruptura deliberada con la etapa anterior, que permitía una regularización más laxa de los extranjeros.

Asimismo, esta nueva hoja de ruta no habría sido posible sin un actor clave en el parlamento. La iniciativa ha contado con el apoyo fundamental del partido ultraderechista Chega, una formación que ha hecho del control fronterizo uno de sus principales caballos de batalla. Este respaldo parlamentario ha sido decisivo para que el plan del Gobierno saliera adelante, evidenciando una clara sintonía en esta materia.

Un contrato de trabajo como nueva llave de entrada

En la práctica, el cambio más relevante de la reforma es la eliminación de un mecanismo que hasta ahora permitía a muchos inmigrantes regularizar su situación una vez que ya se encontraban en territorio portugués. A partir de ahora, se impondrá un control previo mucho más estricto, ya que será obligatorio disponer de un contrato de trabajo antes de poder solicitar un visado que permita establecerse legalmente en el país.

Por otro lado, la nueva directriz del Gobierno portugués no es un movimiento aislado en el panorama comunitario. La decisión de Lisboa se enmarca en una tendencia generalizada en toda Europa hacia el endurecimiento de las políticas de extranjería. Varios socios de la Unión han revisado sus legislaciones en los últimos meses para adoptar enfoques más restrictivos, en respuesta a una creciente presión social y política que demanda una mayor firmeza en la gestión de las fronteras.