Movilidad
Estado, Canarias y Cabildo firman el protocolo que impulsa los trenes de Tenerife
La primera fase priorizada es el tramo San Isidro–Costa Adeje del tren del Sur, con un coste aproximado de 950 millones de euros
El Gobierno central, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han firmado este jueves el protocolo de colaboración que impulsa la construcción de los dos trenes comarcales de la isla. El documento, paso previo al convenio plurianual con ficha financiera, alinea el proyecto tinerfeño con el modelo tramitado para Gran Canaria. En el acto participaron Fernando Clavijo, Ángel Víctor Torres, José Antonio Santano, Pablo Rodríguez y Rosa Dávila.
El protocolo fija el reparto de funciones: Transportes supervisará la rentabilidad socioeconómica y ambiental de los proyectos con metodología de la Comisión Europea; el Cabildo redactará estudios y proyectos y tramitará permisos; el Gobierno canario coordinará la integración con otras infraestructuras. Es el penúltimo paso antes del convenio que asegurará la financiación estatal y abrirá la puerta a fondos europeos.
La primera fase priorizada es el tramo San Isidro–Costa Adeje del tren del Sur, con un coste aproximado de 950 millones de euros dentro de una línea estimada en 2.500 millones. El proyecto se actualizará y deberá pasar de nuevo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite que el Cabildo sitúa en torno a 18 meses. La segunda fase (Santa Cruz–San Isidro) completará el corredor y permitirá unir Santa Cruz y Adeje en 39 minutos.
El tren del Norte avanza con un concurso internacional de ideas al que se han presentado SENER, Ardanuy y la alianza Consultans–Transconsult. El proceso se estructura en tres fases y culminará con la adjudicación del Estudio de Viabilidad en septiembre de 2026. Es el tramo técnicamente más complejo por orografía y densidad urbana en el corredor de la TF-5.
La Ley de Movilidad Sostenible estatal sigue su tramitación en el Congreso (fase de Dictamen desde el 11 de junio de 2025), con el objetivo de dotar de estabilidad financiera al transporte público y reconocer la movilidad como derecho. El avance normativo es clave para el encaje presupuestario de los trenes insulares.
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