La Fiscalía se opone al toque de queda y al límite de reuniones decretadas por la Generalitat

El Ministerio Público considera que las restricciones son demasiado “severas, extensas, intensas y generalizadas” y la decisión final está en manos del TSJC

Aspecto de las fiestas del barrio Gràcia de Barcelona después de que el TSJC rechazase la propuesta de la Generalitat de prorrogar una semana más el toque de queda en 148 municipios y la acotase a 19 localidades de más de 5.000 habitantes con más 250 casos. EFE/Quique García
Aspecto de las fiestas del barrio Gràcia de Barcelona después de que el TSJC rechazase la propuesta de la Generalitat de prorrogar una semana más el toque de queda en 148 municipios y la acotase a 19 localidades de más de 5.000 habitantes con más 250 casos. EFE/Quique García FOTO: Quique Garcia EFE

La Fiscalía Superior de Cataluña ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que se opone a que ratifique el toque de queda y otras medidas restrictivas para las que el Govern ha solicitado aval judicial para contener los contagios de covid-19 en Cataluña.

En su escrito, consultado por Europa Press, el fiscal considera que las restricciones que introduce el decreto son “severas, extensas, muy restrictivas, intensas y generalizadas” y no han sido justificadas de forma suficiente por la Generalitat.

Este decreto, que el Govern anunció el lunes con la intención de que entre en vigor la noche del jueves al viernes, quiere ordenar el cierre de las discotecas, limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas y reducir los aforos en restauración, comercio, deporte federado, gimnasios y actividades culturales y deportivas.

El TSJC que deberá decidir sobre si avala o no estas medidas propuestas por la Generalitat, pero el Ministerio Público considera que son medidas que no están debidamente justificadas y nos son “suficientes” los argumentos para limitar derechos fundamentales”.

El dictamen señala que, según la doctrina jurídica, “no basta justificar un dato de incidencia, no basta meras consideraciones de prudencia, protección (como que se ha incrementado el número de gente que quiere vacunarse, el colapso sanitario....)” sino que las medidas deben ser “indispensables” por la situación epidemiológica y “no se ha demostrado que la implantación de esas medidas cumplan estas condiciones”.

El informe recuerda que el pasado lunes cuando anunció las nuevas restricciones, el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, si bien no especificó el tamaño de las localidades que se verían afectadas, si dijo “expresamente” que los pueblos y ciudades que debían aplicar el toque de queda eran los que superaran los 500 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, la propuesta final de la Generalitat remitida al TSJC es para municipios que excedan de los 250 casos.

La fiscalía subraya que hay ciudades de más de 10.000 habitantes, como Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat, cuya incidencia acumulada no llega a los 500 casos. “Eso quiere decir que las previsiones y recomendaciones sanitarias eran no aplicar el toque de queda el lunes, pero hoy sí, porque los informes que se alegan lo recomiendan”, precisa. En su opinión, este aspecto es “una incongruencias y es una muestra de “la falta de motivación”.

El pronunciamiento del fiscal puede ser decisivo de cara al pronunciamiento que el TSJC emitirá este jueves sobre la propuiesta de la Generalitat de aplicar el toque de queda en los municipios de más de 10.000 habitantes cuya incidencia de covid se sitúa por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, así como la prohibición de reuniones de más de 10 personas. El alto tribunal solo estudiará estas dos medidas al afectar derechos fundamentales. La resolución tendría un vigor, en principio, de 15 días, pero el Govern no descarta que se alargue más.

El toque de queda desde la 1 a las 6 de la mañana afectará, en el caso que el alto tribunal catalán de su visto bueno, a 116 localidades de Cataluña, a las que se sumarán otros nueve ‘municipios isla’, núcleos que rodean a poblaciones con alta incidencia para evitar la propagación del virus. Es decir, se aplicará en 125 municipios catalanes.

El Ejecutivo catalán también aprobó otras restricciones, como el cierre del ocio nocturno, la limitación de aforos en los bares y restaurante al 50% en el interior (las terrazas seguirán al 100%) y la reducción de la capacidad al 70% en el comercio, deporte federado, gimnasios y la cultura. Estas medidas no necesitan el aval judicial. Sin embargo, algunas de ellas llegarán a manos de los jueces si los empresarios del ocio nocturno presentan una demanda colectiva, tal y como anunciaron este martes.