Los 10.000 religiosos asesinados por la izquierda durante la II República

Los cambios políticos siempre generan inestabilidad y violencia. Más aún cuando estos cambios se producen con el empuje ideológico de la revolución, la supuesta lucha en nombre de causas justas. No hay mejor ejemplo de ello, al menos en nuestra historia reciente, que la persecución sufrida por los religiosos durante la II República y los primeros compases de la Guerra Civil.

La relación entre la Iglesia Católica y los partidarios republicanos siempre fue tirante, con una gran hostilidad por parte de los partidos comunistas y las organizaciones anarquistas. Si bien en el comienzo, nada más proclamarse la República, el primado Pedro Segura y una parte de la jerarquía religiosa trataron de calmar los ánimos afirmando que «monarquía y república caben en la doctrina católica», no sirvió de mucho. Durante los meses anteriores y posteriores a las elecciones de 1931, que dieron la victoria a las izquierdas, ocurrieron decenas de altercados y ataques a edificios religiosos. Por poner un ejemplo, entre el 10 y el 15 de mayo ardieron más de 100 construcciones religiosas en ataques provocados por el Partido Comunista y la CNT. Tanto sería así que el 11 de mayo los malagueños pudieron observar cómo el palacio episcopal se encontraba en llamas. En palabras del historiador Gabrielle Ranzato, durante todo el período republicano, con especial permisividad en el bienio izquierdista entre 1931 y 1933, se habían producido contra la Iglesia «con la sola excepción de los homicidios, todo el repertorio de actos destructivos y profanadores».

No obstante, el gobierno republicano, más o menos permisivo, había mantenido cierto orden en la situación. Sería durante la Guerra Civil, cuando los gobiernos perdieron la capacidad de imponer el orden, cuando la sangre llegaría al río. Y es que como recoge el también historiador Miguel Ángel Dionisio Vivas, los ataques fueron constantes y se continuaron durante todo el período republicano, radicalizándose cada vez más hasta acabar en 1936 desembocando en un «sangriento verano».

Entre las persecuciones de los grupos comunistas y anarquistas, en las que fueron atrapados monárquicos, republicanos de derechas, burgueses o cualesquiera otros «enemigos de clase», se vieron perseguidos también los clérigos y aquellas personas que habían tenido cercanía con la Iglesia. Entre el 18 julio de 1936, cuando comenzó la Guerra Civil, y el mes de septiembre, se asesinaron a más de 2800 religiosos en fusilamientos multitudinarios por toda la geografía española bajo control republicano.

Pese a lo brutal de lo mencionado, la situación empeoraría aún más. Cuanto más avanzaba la guerra, y aumentaba la radicalización, más salvajes se volvían los ataques a la Iglesia y las formas de ejecución. Carmen García Moyón, miembro de las Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, fue quemada viva en Torrente (Valencia) en 1937 tras ser secuestrada y obligada a arrodillarse ante sus captores. También murió brutalmente el sacerdote Plácido García Gilabert, que fue torturado, apalizado y mutilado en Denia en agosto de 1936.

Castigo ejemplar

La violencia se volvió norma y sistema. Se buscaba exterminar a la Iglesia en todas sus formas, con la mayor crueldad posible contra sus miembros, considerados enemigos de la revolución. Destaca el caso de la diócesis de Barbastro, donde decenas de religiosos fueron guiados a la cárcel local para ser torturados y obligados a realizar apostasía, es decir, renegar de la Iglesia y de Dios. Como las torturas no tuvieron éxito, se enviaron decenas de prostitutas con el objetivo de hacerles pecar y renegar de su posición como sacerdotes. Finalmente se optó, tratando de dar un castigo ejemplar, por fusilar a los 123 religiosos presos en diferentes ejecuciones multitudinarias. Las grandes figuras de comunistas y anarquistas de la época dieron su apoyo a estas acciones. Famoso es el caso del artículo presente en «Solidaridad Obrera» –revista de la CNT– el 15 de agosto de 1936 en el que se afirmaba que «Los templos no servirán más para favorecer alcahueterías inmundas. Las órdenes religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales han de ser fusilados».

Esta persecución, que se continuó hasta 1939 con la victoria del bando sublevado, dejó tras de sí más 10.000 muertos en brutales ejecuciones. Durante los años de la Guerra Civil la Iglesia y sus miembros fueron perseguidos en nombre la lucha de clases y el proletariado, dejando en nuestro país un terrible ejemplo del daño que puede causar una revolución sin control.