Plus Ultra trasladó un 26% menos de pasajeros el año de su rescate “estratégico”

La aerolínea hispano-venezolana con capital mayoritariamente caribeño Plus Ultra, rescatada con 53 millones de euros por el Gobierno de Pedro Sánchez, trasladó únicamente a 35.044 pasajeros en 2021, por los 47.194 pasajeros del conjunto de 2020, cuando la irrupción de la pandemia y los confinamientos tumbaron el tráfico aéreo, según los datos facilitados ayer por el operador AENA. Se trata de un desplome del 25,7%, aún lejos de la caída del 69,8% registrada en 2020 respecto a los 156.139 pasajeros totales que la misma aerolínea transportó en 2019, pero resulta significativo que Plus Ultra haya terminado el ejercicio pasado, el de su rescate, con 12.125 pasajeros menos que los que utilizaron sus aviones durante el estallido de la pandemia, el año en el que no había vacunas contra la Covid-19 y en el que más sufrieron las compañías aéreas y el tráfico global del sector.

Sin embargo, el número de operaciones totales creció el pasado año: 444 durante 2021 por las 369 realizadas en 2020 por lo que con un número de vuelos similar los datos arrojan que los aviones de Plus Ultra van semi-vacíos, al menos de personas. La carga, según los mismos datos de AENA sí se ha incrementado, con un alza del 280,7% en 2021. La aerolínea opera en este momento dos rutas regulares a Lima, Quito y Guayaquil, y espera retomar su actividad habitual cuando se normalice el espacio aéreo con Venezuela, que está cerrado hasta el 18 de enero.

Plus Ultra, con escaso peso en el sector aéreo español, fue rescatada el 9 de marzo pasado por el Gobierno, que consideró «estratégica» la aerolínea pese a sus escasas operaciones y los números rojos que arrastraba desde su fundación en 2011. Antes de la pandemia, Plus Ultra representaba el 0,03% del tráfico aéreo en España y operaba 823 vuelos en los aeropuertos españoles en 2019, lo que la situaba en como la 166 por tráfico. El escándalo desatado por la intrincada composición de su accionariado, mayoritariamente integrado por empresarios de origen venezolano, y las dudas sobre la vinculación de los mismos al régimen venezolano de Nicolás Maduro, desató una ola de protestas de la oposición y el polémico rescate fue llevado ante la Justicia.

De hecho, desde el pasado mes de mayo, el juzgado número 15 de Madrid investiga si el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas –formado por responsables de varios ministerios– cometió delitos de malversación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones o cohecho con la concesión de la citada ayuda pública.

La titular del Juzgado, Esperanza Collazos, admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias contra el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Toro, actual vicepresidente, y los miembros de su Consejo de Administración. A la SEPI pertenecen, en calidad de vocales, catorce altos cargos de nueve ministerios, desde secretarios de Estado a subsecretarios y directores generales: Hacienda, Transición Ecológica, Defensa, Economía, Transportes, Trabajo, Industria y Presidencia.

Según la denuncia, Plus Ultra, que transporta únicamente al 0,08% de los pasajeros internacionales y aporta menos del 1% de las conexiones aéreas en Barajas, se benefició de la «cooperación necesaria» de los miembros del Consejo de Administración de la SEPI mediante una conducta supuestamente delictiva, pues tenían a su cargo «la administración, dirección y gestión» del organismo y la administración de los fondos de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, de 10.000 millones del que salieron los 53 millones de rescate. Unas ayudas que, según la UE, deben ser de carácter estratégico y para empresas que atraviesen dificultades financieras que amenacen su supervivencia. Por el contrario, la Fiscalía insiste en cerrar el «caso Plus Ultra» avalado por un informe pericial en el que se concluye que Plus Ultra cumplía en esas fechas con la práctica totalidad de las condiciones establecidas, con una salvedad: si la sociedad se encontraba, o no, en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019.

Esas dudas se refieren –señala la Fiscalía– «a la existencia de un préstamo participativo, a no haber registrado provisiones, cancelación de la deuda de los bonistas y posible situación de insolvencia». Y es que, el Ministerio Público admite que, de los cuatro escenarios posibles que contempla el perito, dos «no permiten colegir que la sociedad estuviera en crisis en la fecha referida, por lo que no en todos esos escenarios se cumplirían la totalidad de las condiciones».

El empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa es quien, a través de la firma panameña Panacorp concedió a finales de 2017 ese préstamo participativo de 6,3 millones de euros que mantiene con vida a la aerolínea Plus Ultra al margen del rescate del Gobierno de Sánchez.

LA RAZÓN destapó que la mayor parte de la compañía está controlada casi al 60% por empresarios de origen venezolano. Snip Aviation, propiedad de Rodolfo José Reyes Rojas, dispone del 45,33% del capital. Un 7,5% pertenecía al venezolano Héctor Antonio Tobía, y un 7% estaba en manos Flavio Bohórquez Tariff, supuesto empresario mexicano con cédula venezolana. Las relaciones mercantiles de todos ellos llevan hasta Camilo Ibrahim Issa, el magnate venezolano-libanés vinculado al régimen de Nicolás Maduro que es el principal «fiador» de Plus Ultra.