Transporte y gasolineras presionan al Gobierno para que baje ya los impuestos a los carburantes

Es cuestión de pura supervivencia. O el Gobierno toma medidas de forma inmediata para frenar la subida de los precios de los carburantes, o hay sectores estratégicos para la economía española que van a colapsar. Dos de ellos, el del transporte y el de las estaciones de servicio. Dos de las patronales más representativas de ambos, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), que representa a más de 4.000 de las 11.600 gasolineras que hay en España, han pedido hoy al Gobierno que reduzca la fiscalidad que soportan los carburantes de forma temporal y extraordinaria. Si no, el cierre de muchas compañías será inevitable, como adelantó ayer LA RAZÓN en el caso de las estaciones de servicio asociadas a Ceees. Una petición a la que también se ha sumado la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae).

Dada la coyuntura económica actual, ambas organizaciones consideran “imprescindible una revisión a la baja de la carga fiscal de los hidrocarburos”. Esta medida extraordinaria, que Astic y Ceees creen que podría ser adoptada durante un periodo concreto y limitado de tiempo, contribuiría a “mitigar la dificilísima situación que atraviesa la economía española, en general, y de los sectores del transporte y de las estaciones de servicio, en particular”.

Ceees y Astic consideran que una situación excepcional como la que viven Europa y España requiere la adopción de medidas igualmente excepcionales, entre las que ambas entidades destacan la reducción del IVA, la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la devolución mensual del gasóleo profesional. Propuestas que ya se están llevando a cabo en otros Estados miembro de la Unión Europea, como Portugal, Irlanda, Polonia, Eslovenia o Francia, donde a partir del 1 de abril el Gobierno rebajará 15 céntimos por litro en el combustible.

Declaración de intenciones del Gobierno

En España, las cosas parecen apuntar ahora en la misma dirección. El pasado fin de semana, durante la XXVI Conferencia de Presidentes celebrada en la isla de La Palma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció unarebaja de impuestos para los sectores afectados por las consecuencias de la guerra de Ucrania, que ayer anunció se aprobarán el próximo día 29. Y aunque no dio más detalles al respecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó ayer abierta la puerta a una posible rebaja de la fiscalidad de los carburantes. Fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN explicaron que la bajada del IVA podría pasar del 21% al 10%,mientras que el impuesto de hidrocarburos «tiene una salida más compleja porque debe contar con el consenso de Bruselas».

Para Astic y Ceees, la reducción de la fiscalidad sobre los carburantes supondría un verdadero “balón de oxígeno” para las empresas españolas, que asisten impotentes a una escalada de los precios de los carburantes que mina su competitividad y provoca un estrangulamiento financiero de nuestro tejido productivo. «Somos conscientes de la dificultad que puede suponer para el Ejecutivo rebajar la fiscalidad de los combustibles, dado que España, como Estado miembro de los 27, debe mantenerse en la línea de actuación marcada por Bruselas, pero nos encontramos en una situación verdaderamente excepcional que requiere de medidas excepcionales mediante un periodo de tiempo acotado, si queremos que nuestras empresas se mantengan a flote», ha explicado Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Astic.

«La situación de la economía española es insostenible y las empresas del sector de la distribución minorista de carburante estamos al borde del abismo», asegura el presidente de CEEES, Jorge de Benito. En su opinión, «no solo necesitamos una reducción -al menos temporal- del IVA que se aplica a los carburantes; nuestras dificultades son tales que sin ayudas por parte de la Administración, no pocas estaciones de servicio, en su mayoría pymes y micropymes, corren un riesgo cierto de cierre», ha advertido.

Junto a la rebaja de impuestos, en el caso de los transportistas, hay otra medida que se podría aplicar también para aliviar sus cuentas, como es la revisión de precios de los carburantes acordada en diciembre para desconvocar la huelga que tenía prevista el sector en vísperas de la Navidad. Para abordar el asunto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se reunirá mañana con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). Sánchez ya se comprometió el pasado viernes a reunirse con los transportistas para valorar la posible priorización de algunas de las medidas que acordó con el sector en diciembre. Aunque el Gobierno ya estableció en ese momento la obligatoriedad de revisar automáticamente el precio que los clientes pagan a los transportistas, todavía hay contratos vinculados a otro tipo de revisiones, así como otras medidas que están en periodo transitorio. También se podrían abordar las rebajas temporales de impuestos propuestas por Astic y Ceees o la devolución mensual del gasóleo profesional.

La reunión se celebrará en plena huelga de los pequeños y medianos transportistas que, convocados por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, comenzaron en la medianoche de ayer un paro indefinido que no ha sido respaldado por las grandes patronales que, a diferencia de la Plataforma, sí tienen representación en el CNTC.

Viajeros

El transporte de mercancías por carretera no es el único que está presionando al Gobierno para que tome medidas por el encarecimiento de la energía. La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) ha solicitado también que el sector del transporte público cuente con medidas similares a las puestas en marcha en el ámbito de las obras públicas y a las medidas de apoyo que prepara el Gobierno a la industria electrointensiva como consecuencia de la “extrema gravedad” de la situación actual, dado su alto consumo energético y porcentaje de coste que supone en su funcionamiento.

ATUC ha reclamado al Gobierno que se dote al sector de medidas de apoyo para intentar paliar la situación financiera por la que atraviesan, ya que, sin haber tenido tiempo para recuperarse de las consecuencias que tuvo la crisis del Covid-19, ahora se suma el incremento de costes energéticos, poniendo en peligro la continuidad de gran cantidad de las concesiones y del funcionamiento del servicio, según aseguran.

Actualmente, las flotas de autobuses urbanos están impulsadas en un 38% con gas natural comprimido, y con la escalada de precios, un solo autobús puede llegar a suponer un sobrecoste de combustible anual de 20.000 euros, lo que representa para el conjunto del sector alrededor de 100 millones de euros, cantidad a la que indiscutiblemente hay que añadir la disminución en los ingresos por la venta de billetes como consecuencia de la pandemia.