Otro cambio en las reglas a medio partido

Los distintos portavoces gubernamentales se han lanzado en tromba contra la oposición que representa el Partido Popular en un intento, ciertamente inútil, de trasladar la responsabilidad de la absoluta cacicada que estamos viviendo con el ordenamiento judicial, cuyo daño político e institucional no es fácil de calcular.

De ahí, que el principal problema al que se enfrentan Patxi López y sus compañeros de coalición sea, precisamente, que los hechos están dando la razón a quienes, como Alberto Núñez Feijóo, han tratado de parar, operando con los instrumentos jurídicos a su alcance, la ocupación «progresista» de los principales tribunales, pues no hay otra manera de entender el empeño del Gobierno en inhabilitar para hacer nombramientos de jueces y magistrados a un Consejo General del Poder Judicial que presumían poco proclive a atender las «sensibilidades de la izquierda».

En este sentido, las modificaciones legales impulsadas por La Moncloa en un dudoso ejercicio de ingeniería legislativa, que suponen un cambio en las reglas del juego en mitad del partido, no son más que la consecuencia lógica de una manera meramente instrumental de entender el gobierno de la Nación. Por supuesto, no queremos negar la gravedad de lo que está sucediendo, pero sobran las expresiones gruesas y el rasgar de vestiduras, por cuanto nada hay en la legislación vigente que pueda impedir el atropello y, en cualquier caso, ya se encargará la mayoría parlamentaria actual de respaldar los nombramientos precisos en el Tribunal Constitucional para blindar el engendro legislativo.

Porque, a nuestro juicio, no es necesario glosar las distintas reformas del Código Penal o de la Ley Orgánica del Poder Judicial –originadas, bien en la imposición a un Gobierno por sus socios de investidura, bien en la propia pulsión ideológica–, para advertir con cierto desasosiego el cambio de paradigma en la praxis política que venía caracterizando la gestión de gobierno en España desde la Transición, con una fractura partidista llevada hasta sus últimas consecuencias. Con un problema añadido, que este modelo de imposición de unas normas que ni siquiera figuraban en el programa electoral socialista, no tiene en cuenta ni la precariedad del respaldo parlamentario obtenido en las urnas ni el rechazo que llegan a provocar entre una población que está al cabo de la calle de las cesiones a los nacionalistas.

Ayer, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, reiteró su voluntad de derogar, si las urnas le son propicias, buena parte de la obra legislativa del actual gobierno de coalición social-comunista, en lo que será, sin duda, una deriva agotadora hacia las políticas de péndulo. Pero, si eso ocurre, no podrá quejarse la actual izquierda española, que se ha demostrado incapaz de atender cualquier razón, por válida que sea, que no venga de ellos mismos.