Isabel Celaá quiere arrebatar a Podemos más competencias de Trabajo

Primero el nuevo Ministerio de la Seguridad Social, y ahora el de Educación, están vaciando de competencias el departamento de Trabajo en manos de Yolanda Díaz, de Unidas Podemos. La ministra de Educación, Isabel Celaá, quiere arrebatarle también el control de los fondos de formación, cuya cuantía asciende a más de 2.100 millones de euros anuales.

Díaz, como ya adelantó ´La Razón´, afronta, además, la posible fuga de las competencias de las consejerías laborales en el exterior hacia el nuevo departamento de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, lo que supondría perder de golpe la gestión de los asuntos laborales de 2,5 millones de trabajadores españoles que residen en el exterior, sobre todo en Europa (900.000) e Iberoamérica (1,5 millones). Y, con ellos, la influencia política entre los españoles expatriados y el voto exterior.

Una portavoz oficial de la ministra Celaá explicó a este diario que aún no se ha aprobado la estructura administrativa básica de ambos ministerios, y que, en consecuencia, se siguen negociando las competencias de cada uno, entre ellas las ya citadas de los cursos de formación y las consejerías en el exterior.

Con la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones desgajado de Trabajo, a cuyo frente está José Luis Escrivá, el PSOE pretende blindar el control de las pensiones. De esta forma, el departamento de Seguridad Social se reserva dos de las principales partidas presupuestarias, como son el sistema de pensiones y las prestaciones sociales.

En su toma de posesión, Escrivá afirmó que la migración, otra de las patas de su departamento, es “una oportunidad” para hacer sostenible el sistema de pensiones. De hecho, algunos estudios vaticinan que España precisará de una media de 270.000 migrantes anuales de aquí a 2050, debido al imparable proceso de envejecimiento de la población.

La estrategia del Gobierno, coinciden muchos analistas, pasa por diluir el peso político de los organismos y ministerios en manos de Podemos. Ya ocurrió con la inesperada creación de una cuarta vicepresidencia de Transición Ecológica, que eclipsó parcialmente el protagonismo de la vicepresidencia social dirigida por Pablo Iglesias; y también con el nuevo Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, dotado de escasas competencias. Celaá, en el acto de su toma de posesión, anunció que su ministerio asumiría tres nuevas competencias que hasta ese momento estaban en Trabajo, todas relacionadas con la actualización de los certificados de profesionalidad y las pruebas de evaluación, y con la elaboración de las normas sobre el llamado Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo objetivo, entre otros, es el de “promover y desarrollar la evaluación y acreditación de las competencias profesionales”.

La formación para el empleo había figurado siempre entre las competencias del Ministerio de Trabajo, pero ahora pasaría a depender de Educación. Dichas competencias incluyen los fondos para financiar los cursos de formación que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El objetivo de Celaá es crear un modelo unificado de formación profesional que englobe todas las competencias educativas y de empleo.

El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos pone el acento en la necesidad de reformar el Catálogo de Cualificaciones Profesionales “para adaptar las titulaciones a las necesidades laborales de la economía del siglo XXI”. El acuerdo añade que se actualizarán, en coordinación con los agentes sociales y el sector privado, los contenidos de los títulos actuales, entre los que cita ciberseguridad, robótica, big data, fabricación 2D y 3D, realidad ampliada y realidad virtual, “sin olvidar oficios tradicionales de alta cualificación”.

Según un informe de la OCDE presentado la semana pasado en el Foro de Davos, el 40% de los trabajos actuales puede desaparecer en un plazo de 15 años, porque la digitalización va a arrastrar a la obsolescencia a empleos de todo tipo de sectores. Según la Unión Europea, en 2030 los nuevos puestos de trabajo demandarán un 65% de profesionales con cualificaciones medias. Y España tiene una de las peores tasas de escolarización en Formación Profesional de grado medio: el 12% frente al 26% de la media europea.

Hasta ahora, la coordinación entre los departamentos responsables de Empleo y Educación era bastante deficiente. Hasta el punto de que Trabajo había llegado a acumular 2.000 millones de euros sin gastar en el periodo comprendido entre 2015 y 2018. Sin olvidar el lastre del fraude en los cursos de formación, cuyo último episodio se ha conocido la pasada semana. Una jueza de Oviedo ha dictado un auto de procesamiento contra seis ex dirigentes y técnicos de UGT en Asturias, por su presunta responsabilidad en varios delitos de fraude que suman 1,4 millones de euros.