Sánchez ha aprobado 2,6 decretos al mes

La semana «horribilis» de Pedro Sánchez culminó ayer con un triunfo: la publicación de un nuevo real decreto para hacer frente a los altos costes de los precios de la energía y el combustible como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y la huelga de transportes. La apuesta por el real decreto, un instrumento de urgencia necesidad, en vez de un proyecto de ley consensuado con todas las formaciones políticas en la Cámara Baja, vuelve a traer al debate el uso abusivo que Sánchez hace de esta figura desde que llegó a la Moncloa en junio de 2018.

En este sentido, desde que el socialista llegó al gobierno tras la moción de censura que desalojó al popular Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018, el número de real decretos que se han aprobado es de 119, es decir, 2,6 al mes, según los cálculos de LA RAZÓN con los datos de la página web del Congreso. Estas cifras coronan a Sánchez como el indiscutible «rey del decreto» ya que es el jefe del Ejecutivo que más veces lo ha usado en comparación con el resto de presidentes de la democracia. En este sentido, Felipe González aprobó, entre 1989 y 1996, un total de 90; frente a los 114 de José María Aznar entre 1996 y 2004; los 108 de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011 o los 107 de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018. Sorprende, además, que aparte de superar en número al resto de presidentes, lo ha hecho en un menor tiempo, tan solo 45 meses, desde el 1 de junio de 2018 hasta la fecha.

El decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros recuerda a los que el Ejecutivo puso en marcha durante los meses más duros de la pandemia debido a su desarrollo técnico y la amplitud de contenido que incluye en el mismo. Lo es también por la unilateralidad con la que actuó el Ejecutivo. De hecho, esta falta de comunicación con el Congreso de los Diputados protagoniza las críticas de los socios de la investidura que echan en falta cierto consenso a la hora de aprobar cuestiones de tal magnitud. A ello, hay que añadir que el «Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias de la Guerra», nombre con el que ha sido bautizado el real decreto, llega, además, tras el reciente aislamiento de la Cámara Baja en una decisión trascendental como es la modificación de la política de exterior nacional mediante un nuevo acuerdo con Marruecos del que no se dio cuenta ni a su socio, ni a la oposición ni a todos los grupos que forman el hemiciclo. Con un arco parlamentario fragmentado, sin mayorías estables, y con ansia de impregnar de su seña de identidad al Gobierno, Sánchez tira de la única herramienta que le permite legislar sin tener en cuenta a la Cámara Baja, el órgano que, dicho sea, tiene la potestad de legislar. Adicionalmente, como líder de la oposición, Sánchez se quejó en reiteradas ocasiones del «abuso» que el Ejecutivo de Mariano Rajoy hacía a su entender de este instrumento. Ya instalado en la Moncloa, sin sonrojarse, está batiendo todos los récords.

¿Por qué se produce tanto revuelo cada vez que se aprueba un decreto y cuál es el interés del Ejecutivo en usar este instrumento constitucional? Según recoge el artículo 86 de la Carta Magna, se puede recurrir a un real decreto «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», pero no para legislar sobre todos los asuntos, de hecho hay materias como el ordenamiento de las instituciones o derechos, libertades y deberes, que no pueden regularse por esta vía. En este sentido, los real decreto son normas que aprueba el Consejo de Ministros y tienen rango de Ley. Entran en vigor cuando dice la propia norma, habitualmente, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, tienen carácter provisional ya que el Congreso tiene la capacidad de vetarlos. Probablemente, uno de los mayores sustos de esta legislatura se produjo durante la convalidación del decreto ley de la reforma laboral, que estuvo a punto de caerse porque los socios de la investidura dieron la espalda a Sánchez.

Algo parecido podría ocurrir con su plan para la actual crisis. Sánchez apuesta porque todas las fuerzas estén contentas al ver recogidas algunas de sus pretensiones en el plan de crisis, sin embargo, el jefe del Ejecutivo volverá a aplicar su ya tradicional chantaje de “o esto o nada”, algo que critican hasta sus socios. En este contexto, el presidente se guarda otro as bajo la manga para convencer a los grupos: la urgencia de aplicar estas medidas antes de que la situación económica empeore.

Casi todas los hitos de su mandato emanan de este instrumento. A través de un real decreto aprobó, por ejemplo, a los pocos meses de llegar a la Moncloa, el acceso universal al Sistema Nacional de Salud o la exhumación de los restos de Francisco Franco. Posterior lo usó para aprobar el Ingreso Mínimo Vital o las medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, así como el que recoge determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

En definitiva, una fórmula, ampliamente usada por los ejecutivos de todos los colores pero que Sánchez ha convertido en su seña de identidad al apoyarse en él para todas sus medidas de calado e ideológicas, con cada vez más rechazo de las fuerzas políticas que sustentan su Ejecutivo.