La Audiencia Nacional pide renovar a los jueces a cargo del “caso Villarejo” y de la investigación europea a Tomás Ayuso

La Audiencia Nacional ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no toque la composición de los magistrados que tienen en sus juzgados de instrucción porque todavía no se dan las circunstancias para eliminar los refuerzos o las plazas temporales. Así, si nada cambia, tanto los dos jueces de refuerzo que permanecen en el juzgado del “caso Villarejo” -Joaquín Elías Gadea y Daniel González Uriel- como el que actualmente actúa de árbitro en la investigación de la Fiscalía Europea en torno a las comisiones de Tomás Díaz Ayuso, Alejandro Abascal, serán renovados al menos hasta final de año, indican fuentes jurídicas.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional se reunió el pasado miércoles para abordar este, entre otros asuntos. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, había remitido con anterioridad dos escritos en los que explicaba que debían renovarse las comisiones de servicios. Este juzgado lleva años instruyendo el “caso Púnica”, por ejemplo, que afecta a la corrupción del PP en Madrid, o “Tándem”, la causa que cerca al comisario José Manuel Villarejo y que tiene más de una treintena de líneas de investigación separadas. Últimamente han reabierto dos casos relacionados con ETA para conocer los autores en la cúpula de la banda terrorista del asesinato de Miguel Ángel Blanco y del atentado de Santa Pola en 2002.

Por eso, García Castellón considera que necesita más manos y así lo ven los magistrados que elevan este tipo de acuerdos al Poder Judicial. Han trasladado al CGPJ su petición de que el refuerzo continúe. Gadea aterrizó desde Barcelona en la Audiencia Nacional en enero de 2021 y, desde entonces, han sido dos las prórrogas de su refuerzo. Él, junto a García Castellón, puede firmar autos, tomar declaraciones, etc. González Uriel, por su parte, llegó desde Galicia y tiene la figura de “apoyo” es decir no rubrica nada, pero redacta y limpia escritos de las causas. Entró en julio de 2021 y ha sido renovado una vez. En junio terminaban ambos mandatos que, con toda probabilidad, serán extendidos.

Poco margen de duda queda también para la prórroga de la plaza del juez Alejandro Abascal, que lleva la batuta del Juzgado de Instrucción número 1. El único atisbo de cambio podría producirse si los dos titulares -Luis Francisco de Jorge o Ana Mercedes del Molino- volvieran de sus respectivas comisiones de servicio. El primero se encuentra en un puesto en La Haya y la segunda en el Ministerio de Justicia. Otro intercambio de escenario podría darse si se renovara el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para quien Abascal suena como uno de los vocales de entrada segura.

Si ninguna de estas circunstancias se cumple, la Sala de Gobierno ha pedido también que este juez permanezca por otros seis meses. En su mesa han recaído en este tiempo asuntos como el del hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pero también una segunda investigación de la Fiscalía Europea que tiene que ver con el empresario y exdirigente de Convergència Democràtica (CDC) David Madí. El caso del exembajador español en Venezuela Raúl Morodo, las indagaciones sobre crímenes de lesa humanidad por diamantes de sangre en Sierra Leona, los atentados de ETA en la T-4 o el atropello en Murcia de un posible yihadista también están bajo su lupa.

Además, según consta en los acuerdos tras la reunión de la Sala de Gobierno la composición de la Sala de lo Penal cambiará después de que vayan a finalizar también las comisiones de servicio de los magistrados Ana María Rubio Encimas y Fermín Javier Echarri. A través de un concurso interno que se publicó en la Extranet del Poder Judicial, se presentaron 7 candidatos, entre ellos Echarri nuevamente. Él -que está juzgando tres de las piezas del “caso Villarejo” durante estos meses- será uno de los que continúe y lo hará con él José Pedro Vázquez Rodríguez, actualmente destinado a la Audiencia Provincial de Madrid.

El Supremo también pide auxilio

Mientras tanto, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo reiteró este lunes al Ministerio de Justicia que necesita más jueces para evitar el colapso. La ley que mantiene bloqueada la capacidad del Poder Judicial para hacer nombramientos cada vez se nota más en todos los órganos judiciales.

En concreto la Sala Tercera del Supremo, la que se dedica a asuntos de lo contencioso-administrativo, se encuentra en situación límite al contar solo con 25 magistrados, tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez. Ahora tienen el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, pero avisan de que si algo sucede este umbral quedará por debajo. “A ello se une la extraordinaria carga de trabajo derivada de la entrada en la Sala, a partir del pasado mes de diciembre, de cientos de asuntos, tanto de empresas como de profesionales que reclaman que se declare responsabilidad patrimonial del Estado” por la aplicación de las medidas Covid-19, dice un comunicado de la propia Sala.