60 medidas

Feijóo blindará el diálogo PSOE-PP frente a los populismos

El plan de calidad del PP despolitiza las instituciones y limita el poder de las minorías

Debajo de las 60 medidas que ayer presentó Alberto Núñez Feijóo, dentro del plan de calidad democrática que incorporará a su programa electoral, subyace una de las claves del consenso demoscópico, la idea de que las elecciones se van a disputar en el espacio colindante entre PSOE y PP. Ese segmento de votantes que se identifican con el centro y en los que hace mella no solo la crisis económica, sino también el deterioro institucional de España que, según los populares, se ha agravado con la alianza entre el PSOE, Podemos, ERC y Bildu.

El PP pelea en ese campo frente a la estrategia de polarización que alienta el Gobierno, y uno de sus instrumentos para hacerlo es este plan de regeneración democrática que se sostiene en la música de recuperar los entendimientos entre los dos principales partidos, limitar las cesiones al independentismo y al populismo (aquí entran tanto Podemos como Vox), rectificar las líneas maestras del «sanchismo» y derogar sus principales leyes.

Para ello, Feijóo se compromete a recuperar el delito de sedición y dejar sin efecto la reforma del delito de malversación, así como recuperar el delito del referéndum ilegal. Estas medidas serán de obligada ejecución, si el PP tiene la mayoría de la Cámara, para poner barrera a un posible giro en la estrategia del independentismo al perder la llave para presionar en Madrid a cambio de sus votos. Para la próxima legislatura, en la agenda está pactar una consulta en Cataluña.

El líder popular también llevará en su programa electoral la aprobación de una reforma urgente de la conocida como ley del «solo sí es sí» para recuperar las penas a los agresores sexuales que estaban en vigor con anterioridad a la aprobación de la norma impulsada por el departamento de Irene Montero.

Pero el paquete es mucho más ambicioso y, de ejecutarse, supondría una revisión al alza de los cánones de independencia y despolitización de las principales instituciones del Estado. Más respeto al Poder Legislativo, más transparencia y mayores exigencias en el uso de los recursos públicos por parte del Gobierno, ya sea en número de altos cargos y asesores o en la utilización de otros privilegios asociados al cargo, como, por ejemplo, el uso del Falcon por el jefe del Ejecutivo.

Entre las propuestas para garantizar las funciones del Poder Legislativo, y la calidad de las leyes, incluye la limitación del recurso al real decreto ley, regular la periodicidad del debate del Estado de la Nación y crear una Oficina de Calidad Democrática y Legislativa. «El PP considera que España vive una honda crisis institucional cuya mayor gravedad surge por el hecho de que el independentismo segregador y el populismo condicionan sin rubor la gobernabilidad de la Nación e imponen su criterio en decisiones clave para el futuro colectivo», sentenció Feijóo desde el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, lugar donde se promulgó la Constitución liberal de 1812.

La principal función de la Oficina de Calidad Legislativa será asegurar la calidad normativa en todas las fases de tramitación y estará facultada para el seguimiento y evaluación de las leyes, analizando su cumplimiento y su impacto social. En aras de una mayor transparencia, en las memorias económicas se incluirá el coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos, más allá del impacto presupuestario.

El paquete de medidas recoge el compromiso de establecer un régimen de información frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, a quien se informará como mínimo una vez durante cada periodo de sesiones acerca de la celebración de cumbres internacionales, las decisiones sustanciales en Política Exterior, Defensa, el Pacto Antiterrorista y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El Plan incluye, además, el compromiso de establecer pautas para la configuración de gobiernos, a efectos de que respondan a un número razonable y proporcionado de ministerios, altos cargos y asesores. Y la apertura de un registro sobre el uso del Airbus A310, el Falcon y el helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno. El motivo es evitar la celebración de actos partidistas en los viajes institucionales que hayan sido financiados con fondos públicos o en los que se utilicen recursos públicos de cualquier tipo, entre ellos los vehículos para el desplazamiento.

En relación al Poder Judicial, las propuestas limitan las puertas giratorias y refuerzan las exigencias de independencia en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC). Además de establecer un mandato de cinco años para el fiscal general del Estado, desvinculándolo del mandato del Gobierno, como adelantó ayer este periódico. En materia de independencia, Feijóo promete impedir que puedan ser designados presidentes o directores de los organismos reguladores y autoridades independientes a quienes hayan ocupado puestos políticos de representación o hayan sido nombrados miembros del Gobierno de la Nación o de las comunidades autónomas o hayan ostentado cargo orgánico en un partido político u organización sindical en los últimos cinco años.

El plan incluye la modificación de la ley que regula el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para impedir un nuevo «caso Tezanos», de tal modo que el presidente sea nombrado entre catedráticos y profesionales de reconocido prestigio. En la misma línea se señala al Centro Nacional de Inteligencia, ya que el plan establece la exigencia de que su director no haya ocupado cargo político en los cinco años previos a su nombramiento y el candidato deberá acreditar competencia y experiencia en los ámbitos de seguridad, defensa e inteligencia. Esta exigencia de independencia se extiende a RTVE y a la agencia EFE.

El PP retoma también la propuesta de que gobierne la lista más votada a nivel municipal. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró, en una entrevista con Susanna Griso, en «Espejo Público» de Antena 3, que el acuerdo con el PSOE es muy complicado y que no ve mal que no gobierne la lista más votada para que se estudien otras propuestas como una segunda vuelta.