Guerra abierta por la UCO: el PP lanza una ofensiva en el Senado y acusa al Gobierno de intentar desprestigiarla

El Grupo Parlamentario Popular ha iniciado una ofensiva en el Senado para acorralar al Gobierno ante los comportamientos y formas vinculadas a la corrupción que ve "incompatibles con la democracia". En este marco, han presentado varias mociones, entre ellas una en defensa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y otra en apoyo a jueces y periodistas. En estas iniciativas, el PP reclama al Ejecutivo que permita a los jueces trabajar sin presiones, injerencias ni descalificaciones constantes, y exige que cese las interferencias en la libertad informativa de los medios de comunicación. Además, pide que se retiren todas las iniciativas que buscan someter la labor judicial y mediática al control político. También llevará a la sesión de control una pregunta parlamentaria para que el Ejecutivo explique qué comportamientos y formas vinculadas a la corrupción de su Gobierno con incompatibles con la democracia.

En defensa de la UCO

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una moción en el Senado en defensa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar maniobras para socavar la credibilidad y el prestigio de esta unidad especializada en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

La iniciativa, que se debatirá en el Pleno de la Cámara Alta, propone un respaldo institucional explícito a la UCO, así como una serie de medidas dirigidas al Ejecutivo para frenar una "intromisión deliberada" en el trabajo de los investigadores. La moción se presenta al amparo de los artículos 174 y 175 del Reglamento del Senado.

En su exposición de motivos recuerdan que la UCO, con más de 600 agentes altamente cualificados y una trayectoria de más de 37 años, es responsable de investigaciones de alto nivel en delitos de narcotráfico, corrupción, fraudes, homicidios, trata de personas y cibercrimen, entre otros. Sus actuaciones han sido fundamentales en numerosas causas judiciales que han implicado a cargos públicos y organizaciones criminales.

El detonante de la moción ha sido la reciente polémica en torno a la supuesta filtración de mensajes de wasaps entre el presidente del Gobierno y el ex secretario de Organización del PSOE. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, apuntó a la UCO como posible responsable de las filtraciones, pese a no existir pruebas ni constar dichos mensajes en ninguna causa judicial abierta.

A esto se suma un episodio en el que el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil habría pedido explicaciones a la UCO por la incautación de discos duros al exasesor Koldo García, que contendrían información sensible sobre Sánchez. También ha trascendido un intento de obtener información privada sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la unidad, por parte de personas vinculadas al PSOE. El Gobierno ha tratado de desligarse de estos hechos argumentando que quienes realizaron esas gestiones no están en nómina del partido, aunque uno de los nombres implicados, Leire Díez, sí es militante socialista con trayectoria vinculada al PSOE.

Alerta de una posible "purga"

Frente a lo que consideran una campaña de descrédito, siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil han firmado un comunicado conjunto en defensa de la UCO y de su jefe. Entre ellas, la Unión de Oficiales, Jucil, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que denuncian que los ataques comenzaron con el cese del coronel Manuel Sánchez Corbí en 2018, por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las asociaciones alertan de una posible "purga sistemática" en los altos mandos de la Guardia Civil y critican las presuntas presiones políticas sobre los investigadores. AUGC recuerda que en un Estado de Derecho no pueden permitirse acciones que condicionen la actuación de las unidades policiales. Por su parte, la Asociación Profesional de Cabos reclama al entorno del PSOE que centre sus esfuerzos "en los investigados y no en los investigadores", y JUCIL habla abiertamente de una purga en los altos mandos de la institución desde la llegada del PSOE al poder.

Moción

La moción del PP propone que el Senado muestre su apoyo y reconocimiento a la labor de la UCO en su lucha contra el narcotráfico, delitos contra las personas y el patrimonio, cibercrimen, delincuencia económica y anticorrupción, con un profundo sentido del deber y compromiso con la sociedad. Además, insta al Gobierno a proteger el prestigio de la Unidad Central Operativa en relación con las deliberaciones policiales que realizan independientemente de la ideología política de los investigados; a paralizar las intromisiones o acciones de personas de su entorno en las investigaciones que están llevando a cabo y que afectan al Gobierno; y a no entorpecer de forma deliberada el trabajo de quienes luchan incansablemente por la justicia y la seguridad, poniendo en riesgo la confianza ciudadana.

Desde el Partido Popular sostienen que las investigaciones abiertas por la UCO han revelado informaciones comprometidas que afectan al Ejecutivo, lo que explicaría los recientes ataques a la unidad. Consideran urgente que el Senado respalde a los agentes y garantice su independencia frente a cualquier intento de instrumentalización política