Donaciones, deudas ficticias y sociedades cruzadas: las tretas de Bárbara Rey para burlar a Hacienda

Durante casi dos años y medio, entre junio de 2011 y noviembre de 2013, Bárbara Rey llevó a cabo directamente o a través de familiares y amigos más de una docena de operaciones cruzadas con el objetivo, según la Fiscalía, de vaciar su patrimonio para eludir pagos a Hacienda. Donaciones bajo sospecha, reconocimientos de deudas que el Ministerio Público considera ficticias y cruce de acciones entre cuatro sociedades que llevarán al banquillo por alzamiento de bienes a la actriz y vedete, a sus dos hijos, Sofía y Ángel, y a otras cuatro personas (entre ellas su hermana y un sobrino).

Bárbara Rey se enfrenta a una petición de condena de tres años y medio de prisión y al pago de una multa de 7.200 euros. Para Sofía y Ángel Cristo Jr. (al igual que para el resto de acusados), el fiscal pide una pena de dos años y medio de cárcel y una multa de 5.400 euros. Aunque estaba previsto que el juicio se celebrara el próximo lunes, fuentes jurídicas señalan a LA RAZÓN que la vista oral se ha suspendido porque una de las acusadas se encuentra en paradero desconocido. Según esas mismas fuentes, a la espera de su localización, la Audiencia Provincial de Madrid no ha señalado aún nueva fecha de juicio.

Entre otras operaciones que detalla la Fiscalía en su escrito de acusación, Bárbara Rey –a quien Hacienda reclama 143.902 euros– donó a su hija Sofía, el 14 de junio de 2011, «el pleno dominio» el chalet familiar en Boadilla del Monte (Madrid), así como una vigesimosexta parte de una finca aneja.Un año después, relata la Fiscalía, efectuó el 13 de junio de 2012 un «reconocimiento ficticio de deuda en favor de su hermana», también acusada, y constituyó una hipoteca sobre el chalet de Boadilla y «sobre la finca de Totana», también a favor de su hermana.

En julio de ese mismo año, Bárbara Rey creó la sociedad Christine Island 4, «siendo socia única de la misma» y designando administrador a un sobrino, también acusado, aportando para su constitución la finca de Boadilla. Desde esa fecha, la Fiscalía ahonda en un rosario de operaciones financieras bajo sospecha, siempre con familiares y amigos en el punto de mira, que giran en torno a más reconocimientos ficticios de deudas, vaciados patrimoniales casi simultáneos con inmediatos aumentos de capital social, préstamos fantasma y un continuo intercambio de acciones entre algunos de los acusados.

El Ministerio Público no solo pone el foco en Christine Island 4, sino también en otras tres sociedades: Producciones Rey S. L., King of Narvales e Imagen Porla 2001 S. L., hasta el punto de que solicita al tribunal que «se proceda a declarar la nulidad absoluta de las operaciones de transmisión» llevadas a cabo por estas empresas.El objetivo de estos actos «ejecutados en connivencia por los acusados», según se detalla en el escrito de acusación, era provocar «una situación de insuficiencia patrimonial» en Bárbara Rey «que imposibilitara satisfacer los créditos reclamados» por la Agencia Tributaria, que en su intento de resarcir a las arcas públicas de los impuestos defraudados se daría de bruces con «la situación de insolvencia creada por los acusados».

Los hechos se remontan al 10 mayo de 2011, cuando Hacienda abrió una inspección a la vedete por un supuesto fraude en el IRPF de los ejercicios 2006 y 2008, que concluyó en noviembre de 2012 con sendas actas que cifraron en 135.031.21 euros y 131.568,98 euros las cantidades supuestamente defraudadas.La Agencia Tributaria notificó esas actas a Bárbara Rey en febrero de 2013, abriendo un plazo voluntario para el pago de la deuda hasta el 20 de marzo de ese mismo año. Pero al no cumplimentar el pago, Hacienda le impuso en julio de 2013 sendas sanciones por 51.496,62 y 60.675.47 euros, notificándole ambas el 8 de agosto de 2013.