Un juez federal suspende despidos masivos planeados por la administración Trump tras el cierre del Gobierno

La jueza federal Susan Illston, del Distrito Norte de California, emitió el 15 de octubre una orden de restricción temporal que bloquea los despidos masivos de empleados públicos anunciados por la administración del presidente Donald Trump. La medida responde a una demanda presentada por los sindicatos AFSCME y AFGE, que alegan que el Gobierno está utilizando ilegalmente el cierre parcial como pretexto para reducir personal en más de 30 agencias federales.

El cierre parcial del Gobierno estadounidense, que ya suma más de dos semanas, ha generado una crisis administrativa con más de 4.100 trabajadores notificados de despido. Según declaraciones del director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, hasta 10.000 empleados podrían perder sus puestos si no se revierte la situación. Los sindicatos denunciaron que los recortes afectan principalmente a “agencias demócratas”, lo que ha sido interpretado como una maniobra política.

Durante la audiencia celebrada en San Francisco, la jueza Illston afirmó que “las actividades que se llevan a cabo aquí son contrarias a la ley” y que no se puede utilizar la falta de financiación como base para despidos estructurales. La magistrada ordenó a la administración que no emita más avisos de reducción de plantilla mientras se resuelve el litigio.

La Casa Blanca no ha emitido una respuesta oficial tras la decisión judicial, aunque fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que se evaluarán opciones legales para revertir la orden. Por su parte, los sindicatos celebraron el fallo como una “victoria para los trabajadores públicos”. El caso ha reavivado el debate sobre el uso del cierre gubernamental como herramienta de presión política. Si se confirma que los despidos fueron motivados por criterios partidistas, podría abrirse una vía para demandas por discriminación institucional. La jueza Illston ha convocado una nueva audiencia para finales de octubre.

Los despidos previstos afectaban a personal de agencias como el Departamento de Educación, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Instituto Nacional de Salud (NIH) y la Oficina de Servicios para Veteranos. La jueza Illston subrayó que “la administración no puede utilizar el cierre como excusa para desmantelar estructuras administrativas sin seguir el debido proceso”.

Esta es la primera vez desde 2013 que un tribunal federal interviene directamente para frenar despidos durante un cierre gubernamental. En aquel entonces, el Departamento de Justicia enfrentó una demanda similar, aunque no prosperó. La diferencia actual, según expertos citados por el medio, radica en la magnitud de los despidos y en la aparente selectividad política de las agencias afectadas.