Coronavirus
Cerrojazo total: Sánchez para España 10 días
Rectifica e impone que «todos los trabajadores no esenciales deben quedarse en casa» hasta el 9 de abril. Recibirán el sueldo con normalidad, pero tendrán que recuperar las horas cuando se reincorporen
La realidad ha vuelto a superar al Gobierno y le ha obligado a rectificar en su estrategia de lucha contra el coronavirus. Pedro Sánchez, que hace escasos cuatro días defendía que España estaba a la “vanguardia” de las medidas restrictivas para frenar el avance del COVID-19, sorprendió ayer asumiendo una demanda –convertida casi en un clamor- de los partidos de la oposición, de sus socios de investidura, de algunos presidentes autonómicos e incluso de miembros de su propio Gabinete. El Consejo de Ministros se reunirá hoy con carácter extraordinario para ir un paso más allá y aprobar la paralización total del país, es decir, que “todos los trabajadores no esenciales deberán quedarse en casa” del próximo lunes 30 de marzo al 9 de abril. La decisión no repercutirá negativamente en el bolsillo de los ciudadanos obligados a interrumpir su actividad productiva, porque seguirán percibiendo su salario “con normalidad” durante estos diez días, a través de lo que Sánchez denominó un “permiso retribuido recuperable”. Eso sí, una vez que se levante el estado de alarma o, en concreto, esta paralización, tendrán que recuperar las horas perdidas de forma paulatina.
A la espera de que el Consejo de Ministros establezca hoy la concreción de las actividades considerabas “esenciales”, se entiende que dentro de éstas se engloban las actividades agropecuarias e industriales de producción de alimentos, el transporte de mercancías alimentarias, la distribución minorista de alimentación, las actividades médicas, sanitarias y de farmacia, las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algunos transportes de viajeros y mercancías, la generación y distribución de energía eléctrica, la distribución de gas y agua, el refino de petróleo, distribución de carburantes y gasolineras, las telecomunicaciones, los puertos y aeropuertos y los medios de comunicación, entre otros.
El presidente del Gobierno destacó que la medida se implementa de forma consensuada y dialogada con los agentes sociales, a pesar de que los empresarios rechazaban al paro de la producción. Un rechazo que compartía el propio Sánchez que, el pasado miércoles, defendió en el Congreso de los Diputados que “había que preservar” y “no comprometer” “lo que nos permitirá salir de esta pesadilla en el futuro”, en referencia al tejido empresarial. El debate ha sido constante en el seno del propio Ejecutivo, en el que la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha vuelto a ser el principal dique de contención -como ocurriera con la declaración del estado de alarma- respecto al agravamiento de las restricciones por el fuerte impacto económico que acarrearían. Sánchez participaba de esta opinión, frente a ministros de Podemos y algunos de su propio partido que eran partidarios de medidas más ambiciosas. Entonces, como ahora, la realidad se ha impuesto y el Gobierno se ha visto obligado a actuar a remolque. “Vamos tarde” es la crítica unánime que se hace al Ejecutivo, frente a un cierre productivo que Italia decretó hace una semana y que España estaba llamada a imitar, con una evolución de los contagios y las muertes que superan día a día a las italianas.
Es precisamente esta evolución del coronavirus en España la que ha forzado al Ejecutivo a cambiar la hoja de ruta y tomar medidas más drásticas para frenar el contagio y evitar el colapso en los hospitales, especialmente en las UCIs, que están al límite de su capacidad. “Se trata de una estrategia muy efectiva en la lucha contra el virus. Espero que pronto, en los próximos días, notemos el efecto de este poderoso esfuerzo colectivo que estamos realizando”, destacó el presidente. Sin embargo, hasta ahora se defendía que con el cumplimiento a “rajatabla” de las restricciones ya implementadas, como el confinamiento de la población en sus casas, era suficiente para frenar al COVID-19. Pero lo cierto es que la situación no mejora y llevamos ya dos días consecutivos volatilizando los récords de fallecidos, 832 en las últimas 24 horas.
Los expertos comienzan a anticipar, “con toda prudencia” la cercanía del pico de la curva, un punto de inflexión que obliga a redoblar los esfuerzos e implementar medidas más restrictivas. “Cuando nos aproximamos a la cresta de la ola que nos golpea, no es el momento de bajar la guardia. Al contrario, es el momento de intensificar la lucha”, defendió Sánchez, al tiempo que recalcaba que “el virus nos está golpeando con una violencia despiadada”. El Gobierno asegura que la medida se ha tomado en el momento adecuado, porque “estamos en puertas de la Semana Santa y porque podemos frenar la movilidad”. El objetivo es adelantar este periodo vacacional y que los desplazamientos se reduzcan entre semana al nivel al que se hace los fines de semana. “Si somos capaces de extender esa movilidad del fin de semana durante las próximas dos semanas, precisamente ahora que estamos a la puerta de la Semana Santa, venceremos antes al virus”, señaló Sánchez.
El Gobierno ya avanzó en parte su idea de endurecer el estado de alarma tras el Consejo de Ministros que celebró el viernes. Moncloa puso a trabajar a los ministerios con competencias en el sector productivo y en la movilidad en un borrador con las medidas a adoptar en caso de que fuera necesario agravar el confinamiento. Industria, por ejemplo, se encargaba de delimitar las «actividades esenciales o de especial consideración» que deberían mantenerse operativas, pero a otras carteras se les ha informado con menos premura, a pesar de que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, presumió durante su comparecencia de que se había encargado realizar esta tarea “anticipadamente” para que, en el momento en que los expertos lo consideraran oportuno, implementar las nuevas restricciones sin demorarse un minuto.
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