El Gobierno cambiará la ley para castigar con más dureza los incumplimientos reiterados de la legislación laboral

Unidas Podemos y el PSOE, aprovechando la tramitación parlamentaria de la modificación exprés de la sedición, han presentado una enmienda para reformar el artículo 311 del Código Penaly así actuar contra las empresas que incumplan reiteradamente la legislación laboral. El nuevo texto contempla que será castigado con la pena de prisión de “seis meses a seis años” a quienes “impongan condiciones ilegales bajo fórmulas ajenas a su contrato de trabajo”, según ha anunciado esta mañana, Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputado. El objetivo, según ha dicho, es que los empresarios “no se vayan de rositas”.

Asens ha dicho que la reforma del Código Penal tiene como objetivo evitar situaciones en las que “les sale más a cuenta pagar la multa y seguir incumpliendo con la legislación laboral que cumplir con la legalidad”. “Con esta reforma eso no será así, es una reforma para blindar el derecho de los trabajadores”, ha añadido en una comparecencia.

La defensa de los derechos laborales en casos flagrantes de injusticia estará garantizada por el Código Penal.

Modificaremos el artículo 311 para proteger a las trabajadoras y trabajadores y evitar que los incumplimientos reiterados de la legislación laboral no queden impunes.

— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 9, 2022

El Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, lleva meses trabajando en la reformulación de esta normativa. De hecho, nada más conocerse el anuncio de Unidas Podemos, la vicepresidenta segunda ha escrito en Twitter que “la defensa de los derechos laborales en casos flagrantes de injusticia estará garantizada por el Código Penal. Modificaremos el artículo 311 para proteger a las trabajadoras y trabajadores y evitar que los incumplimientos reiterados de la legislación laboral no queden impunes”.

La reforma afectará a empresas como la plataforma de reparto a domicilio Glovo, que sigue operando con repartidores autónomos pese a que la “Ley Rider” recoge la presunción de laboralidad de estos trabajadores desde hace más de un año. Según se recoge en las enmiendas que han presentado conjuntamente los dos socios Gobierno, se modificaría el apartado 1 del artículo 311 de manera que se añaden las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses " a quien imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa”.

Esta medida llega dos meses y medio después de que el departamento de Díaz multase con 79 millones de euros a Glovo en su cruzada por acabar con los falsos autónomos dentro de las empresas de reparto. Además, se procedió a regularizar la situación laboral de 10.600 trabajadores de esta empresa. Trabajo ya ha sancionado a Glovo en dos ocasiones anteriores por el mismo motivo. En noviembre de 2021 le impuso una multa de 8,5 millones de euros por no regularizar a 1.316 trabajadores de la provincia de Sevilla. En julio de 2022 la Inspección detectó 351 falsos autónomos en Gerona, Tarragona y Lérida, que se saldaron con otros dos millones de euros de multa.

Apenas unos días después de darse a conocer la cuantiosa multa contra Glovo, la titular de Trabajo anunció que instaría a la Fiscalía del Estado a investigar y actuar penalmente contra las empresas que están vulnerando los derechos de los trabajadores en el cumplimiento de la “Ley Rider”. Díaz avisó de que no iba a parar hasta que las empresas que incumplan la “Ley Rider” fueran sancionadas. Aunque la ministra apuntó a la vulneración reiterada de Glovo, las amenazas contra plataformas de reparto que operan con autónomos aumentaron su frecuencia a finales de verano, cuando Uber Eats anunció que volvería a trabajar con “riders” autónomos. Así, el sector “delivery” retrocedió en el tiempo y volvió prácticamente a su estado previo a la entrada en vigor de la “Ley Rider” (12 de agosto de 2021), ya que, de las grandes plataformas de reparto, solo Just Eat opera exclusivamente con asalariados.

Por otra parte, PSOE y Podemos también presentarán otra enmienda, concretamente para clarificar el artículo 557 bis en lo relacionado con las protestas callejeras y garantizar el derecho a la manifestación pacífica.