Ceuta, epicentro de la inmigración irregular

Anualmente, miles de personas tratan de llegar a la Unión Europea para alcanzar nuevas oportunidades, seguridad, libertad y prosperidad. Sin vías legales y seguras, las rutas ilegales se convierten en la alternativa, pese a los riesgos que suponen y el precio –económico y, a veces, vital– que se paga. La ubicación geográfica de España convierte a las costas de la Península y a las Islas Canarias en las principales entradas de la inmigración irregular hacia Europa.

En la lucha contra este fenómeno intervienen varios factores, principalmente la colaboración con los países vecinos. De hecho, uno de los asuntos que se debatieron esta semana en el marco de la Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos fueron los flujos migratorios. En un comunicado, el Ministerio del Interior destacó que el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, pactaron seguir luchando en esta materia, destacando que en 2022 se redujeron un 25 por ciento las llegadas irregulares y que en enero el descenso fue del 69 por ciento. «España es el único país de primera entrada de la Unión Europea que registra descensos en sus rutas migratorias», valoró Interior. Este cambio de tendencia ha sido posible, en parte, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha destinado en los cuatro últimos años, un total de 123,3 millones de euros a Rabat para que controle los flujos migratorios que llegan desde el país vecino.

La inmigración se contiene, aunuqe continúa con su tendencia alcista en la ciudad autónoma de Ceuta, donde las llegadas durante el mes de enero se han disparado un 95 por ciento respecto al mismo periodo de 2022. Así, en el primer mes del año, entraron de manera irregular por vía terrestre un total de 80 personas, frente a las 41 del año pasado, mientras que, por la costa, llegaron 12 personas, frente a las 19 del año pasado. Sin embargo, se ha registrado un inusual aumento del hallazgo de cadáveres de inmigrantes en las playas ceutíes. En lo que va de año, agentes de la Guardia Civil han encontrado hasta cuatro cuerpos flotando en aguas del litoral de la ciudad autónoma.

El experto en migraciones, José Cabrera, analiza para LA RAZÓN estas cifras y los efectos del acuerdo con Marruecos. «Estamos en un contexto en el que, por norma general, la llegada de personas a través del Estrecho está bajando y se ve en las cifras», asegura, al tiempo que advierte de que «la situación económica de las ciudades adyacentes no tiene visos de mejorar». Es, en su opinión, la falta de oportunidades y de recursos la razón que explica el incremento de las llegadas a través de la frontera terrestre ceutí.

El especialista se refiere a las ciudades de Castillejos y Rincón, donde muchos de sus habitantes vivían del comercio atípico o contrabando y ahora están sufriendo una merma de sus ingresos como consecuencia del cierre de la frontera en 2020 con la excusa de la covid. «La gente seguirá intentando cruzar a Ceuta para luego ir a la Península o a otros países europeos», explica el experto.

Respecto al alcance de la nueva relación con Rabat, José Cabrera se muestra un tanto escéptico porque tiene dudas respecto a si, «a partir de ahora, con la relación normalizada habrá o no un repunte». «Veremos si el control en las fronteras continúa en esta misma línea o, por el contrario, se relaja por la nueva fase en las relaciones bilaterales», añade.

Marruecos y Argelia, las principales nacionalidades

Por el momento, la situación en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta es normal, no obstante, se han trasladado algunos internos hacia otras comunidades para evitar una futura congestión de los recursos. Con un 70 por ciento de sus 520 plazas ocupadas, hay alrededor de 250 acogidos de origen subsahariano, más de la mitad guineanos y cerca de un centenar sudaneses. No en vano, tanto Guinea como Sudán son dos de las principales nacionalidades de los migrantes irregulares que llegan a España, pero no las principales.

Según los datos recopilados por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), el 60,5 por ciento de las personas que accedieron de manera irregular en 2022 por la frontera sur, bien en patera, bien a través de las vallas de Ceuta y Melilla, son de Marruecos y Argelia. A estos dos grupos de ciudadanos del Magreb les siguen como colectivos más numerosos, entre los que se ha podido documentar la nacionalidad, los senegaleses, con 942 (el 3,13 por ciento del total); los guineanos, con 817 (el 3,13 por ciento); los sirios, con 642 (2,13 por ciento); los sudaneses, con 599 (1,99 por ciento) y los malienses, con 430 (1,43 por ciento).

Respecto al resto de enclaves a través de los cuales entra los inmigrantes, todos han descendido en el mes de enero. Llama la atención la fuerte reducción en las Islas Canarias, que hace dos años registró grandes flujos migratorios que pusieron en jaque al archipiélago. Tan solo 566 personas accedieron de manera irregular durante los treinta primeros días del año, frente a las casi 3.200 personas de 2022, lo que significa un descenso del 82,3 por ciento.

Sin embargo, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en declaraciones a este periódico, rebaja el optimismo y advierte de que, aunque «puntualmente», continúan los desembarcos. «Ha bajado, pero no ha desaparecido. Esta semana llegaron 54 personas al puerto de Arguineguín», dice. La regidora hizo frente a la crisis migratoria de 2020, cuando las Islas registraron una avalancha de llegadas que colapsaron los recursos e hizo necesario el uso de hoteles turísticos. «No hay una política de inmigración real que frene las llegadas. Ahora la presión la reciben Fuerteventura y Lanzarote, que están al límite», denuncia. En este sentido, también critica la gestión de los servicios de acogida de menores no acompañados (mena) –que gestionan los gobiernos autonómicos– porque al cumplir la mayoría de edad se desvinculan de los tutelados y muchos deambulan por las calles.