El caso Koldo apunta a Ángel Víctor Torres y Francina Armengol. La Guardia Civil pone ahora el foco en el vínculo que los expresidentes de Canarias y Baleares, respectivamente, tuvieron con Víctor de Aldama y el resto de cabecillas de la trama a raíz de los contratos de mascarillas en pandemia. Se trata de unas adjudicaciones que están bajo la lupa de la Audiencia Nacional aunque, el Tribunal Supremo investiga los lazos que pudieron tener con los imputados, más allá de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión.

Fuentes de la investigación confirman a LA RAZÓN que se trabaja en un nuevo informe que apunta a los dos dirigentes socialistas por las adjudicaciones a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama que logró más de 54 millones de euros con los contratos de emergencia. A ello se suma el requerimiento del magistrado Leopoldo Puente en febrero, que solicitó a la UCO el rastreo de mensajes en los teléfonos de Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos en busca de mensajes con Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres o cualquier otro aforado.

Una vez entregado el informe policial de Cerdán -que le deja al borde de la imputación- la Unidad Central Operativa (UCO) rastrea ahora los lazos que el actual ministro de Política Territorial y la presidenta del Congreso de los Diputados tendrían con los investigados. Cabe recordar que los agentes ya advirtieron de supuestas irregularidades con las contrataciones de emergencia, aunque las pesquisas se derivaron a la Fiscalía Europea al haberse sufrago con fondos comunitarios.

Más de 15 millones de euros entre Baleares y Canarias

La UCO investigó cuatro contratos del Servicio Canario de Salud por 12,31 millones de euros y una adjudicación del Servicio de Salud balear por 3,7 millones de euros. En el caso de esta última el gobierno de Margarita Prohens reembolsó la cuantía a la UE.

Fuentes fiscales consultadas por este medio explican que, aunque la Fiscalía Europea arrancó estas diligencias, finalmente las devolvió a la Audiencia Nacional, después de que el Tribunal Supremo resolviera un conflicto de competencias en favor del juzgado de Ismael Moreno. De esta forma, la Fiscalía Europea entregó toda la documental recabada durante meses en estas pesquisas de las que se desprende que el asunto podría llegar a constatar la comisión de las presuntas irregularidades destapadas por la UCO en 2022.

Los agentes advirtieron en 2022, en lo que respecta a la gestión del equipo de Armengol, que recibieron el material el 27 de abril, pese a que la declaración de la tramitación de emergencia se solicitó dos días después; esto es, se entregó el material "antes de que se formalizara contrato alguno". Este medio desveló la factura del gobierno balear con la empresa vinculada a Aldama que demuestra que firmaron la compra de casi 1,5 millones de mascarillas después de recibirlas.

Además, también advirtieron que no habían localizado documentación alguna sobre la formalización del contrato, por lo que se desconocen las condiciones del acuerdo o si existió comunicación previa entre las partes. La factura, sin embargo, incluyó una ficha técnica de las mascarillas en la que se especificó que cumplían con los estándares de protección.

La realidad, sin embargo, fue diferente. Apenas dos meses después de recibir los cubrebocas de China, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) certificó que no cumplían los requisitos de una mascarilla FPP2. Pese a ello, en septiembre de aquel año, Armengol recomendó su uso asegurando que Soluciones de Gestión, controlada por Juan Carlos Cueto, realizó los suministros "de manera exitosa". Se trata de un material que, pese a la urgencia sanitaria del momento, no se llegó a utilizar y se depositó durante años en un almacén.

Armengol recula: sí se reunió con Aldama

En lo que respecta a Canarias, la UCO advirtió de una modificación de los precios tras detectarse irregularidades en una de las partidas, por lo que fueron incapaces de saber cuánto pagó realmente el gobierno de Ángel Víctor Torres a la empresa de la trama. Del mismo modo, destacaron que las mascarillas reflejadas en el acuerdo no concordaron ni con las actas de entrega ni con las facturas presentadas y que una partida de las recibidas también se identificó como defectuosa. Los agentes llamaron la atención de que se pasó de 2,5 millones de mascarillas a 3,3 millones y, pese a ello, no se modificó el precio.

Aunque en un primer momento tanto Armengol como Torres se desvincularon de los cabecillas de la trama, las escuchas interceptadas por la UCO van apuntando en la dirección contraria. Así, por ejemplo, constan en el sumario mensajes directos de la expresidenta balear con Koldo García para la venta también de PCR a las empresas Eurfins Megalab y Fertinvest. "Vale, cariño, te mantengo informada de todo", le dijo Koldo en relación a estos contratos.

Preguntada por estos hechos durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado en mayo del año pasado, Armengol tuvo que admitir que conocía a Koldo, aunque se escudó en que no recordaba qué tipo de conversaciones mantuvo con él. Por el contrario, negó categóricamente que conociera a Víctor de Aldama, pero tras hacerlo público éste durante su intervención en el programa 'Horizonte', Armengol ha reculado.

Air Europa: el telón de fondo

"He estado reunido en Mallorca con Armengol. No te voy a decir para qué porque no lo he dicho en sede judicial", dijo el comisionista. Aunque no dio más detalles al respecto, negó que fuera por un tema de mascarillas. El pasado viernes por la tarde, cuando todas las miradas estaban puestas en el informe de Santos Cerdán, su entorno confirmó la existencia de este encuentro en la sede del Gobierno balear y al que asistió junto con una comitiva de Globalia liderada por el dueño de la compañía, Pepe Hidalgo.

Dichas fuentes, según informa el diario El Mundo, se ciñeron a limitar que se reunieron en 2020, meses antes del rescate, para abordar la viabilidad de la empresa. No obstante, cabe recordar que Aldama no era uno más en Air Europa. La UCO destapó que estuvo a sueldo de la compañía como consultor durante el año de la pandemia hasta que se hizo efectivo el rescate de la compañía. De hecho, la última transferencia (de 10.000 euros mensuales) la recibió a principios de noviembre tras formalizarse la inyección de 475 millones por parte del Gobierno de Sánchez.

Los jefes de gabinete de Maroto y Ribera

Ante ello, Hazte Oír ha interpuesto una querella contra Armengol en la Sala Segunda del Supremo por delito de falso testimonio. La asociación reclama que se investigue si la tercera autoridad de España faltó a la verdad en el Senado, ya que, de ser así, los hechos acarrean una pena de seis meses hasta un año de prisión. "Su mentira consta acreditada por las conversaciones de Whatsapp que posteriormente han salido a la luz (...). Es decir, hubo reuniones en las que ambos intervinieron, y cabe apreciar un tono de familiaridad y confianza", reza la querella.

En lo que respecta al ministro Torres las acusaciones son dobles. En su cita ante el juez en noviembre, Aldama expuso que Koldo García le pidió 50.000 euros para el entonces presidente canario en agradecimiento por haber contratado con las empresas de la trama. "No soy el banco de España", le respondió el comisionista. Además, también dijo que pagó pisos de alquiler en Madrid con señoritas y que hicieron uso de los mismos Ábalos, Koldo y el actual ministro de Política Territorial.

Cabe recordar que las confesiones de Aldama también propiciaron la citación en sede judicial del jefe de gabinete de María Jesús Montero y de Teresa Ribera. Tanto Carlos Moreno como Juan Ignacio Díaz Bidart acabaron confirmando sus respectivas citas con el comisionista de la red. El primero de ellos dijo que se vieron en varias ocasiones y que le gestionó una petición de Hacienda y el segundo avaló la reunión celebrada en el Ministerio de Industria en plena pandemia para favorecer, presuntamente, a una empresa vinculada a Aldama de la trama del fuel. Aldama dijo que el primero cobró mordidas por hacerles la gestión con el fisco y que el segundo les ayudó en la concesión de la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos.