Estudio

El coronavirus agudiza la precariedad entre los más vulnerables: Cáritas triplica las ayudas a alimentación

Según la encuesta del impacto de la segunda ola de la pandemia, los hogares atendidos por la entidad duplican la necesidad de apoyo para vivienda

La covid-19 arroja a la pobreza a 700.000 personas
Claudia, Johnny y el pequeño Gareth, de cinco meses, en la habitación en la que viven. Reciben una ayuda de Cáritas para comprar alimentos y se les fue asignada una trabajadora social para seguir su caso.Marta PérezEFE

Cáritas despide el año con cifras muy preocupantes. Entre los meses de abril y agosto, le entidad triplicó las ayudas en alimentación y duplicó las destinadas a vivienda para poder atender el incremento de la demanda a raíz de la crisis generada por el coronavirus. De hecho, tal y como admite su director, Salvador Busquets, “no se llegó a cubrir toda la demanda y hubo que decir que no a algunas personas que nos vinieron a pedir ayuda”.

Y si bien el desconfinamiento, la llegada del verano y una cierta reactivación de la movilidad y la actividad económica supusieron un alivio, la realidad es que, tal y como pone de relieve la segunda encuesta realizada entre finales de septiembre y octubre por Cáritas acerca del impacto de la COVID en los hogares que atiende la entidad, “las secuelas e impactos del virus son sostenidas en el tiempo y se mantienen más allá del confinamiento, creando así una situación de mayor fragilidad de las familias”, asegura Miriam Feu, responsable de análisis de la realidad social de Cáritas.

En este sentido, el informe señala que “en el 53% de los hogares atendidos, sus miembros no tienen trabajo y en el 17%, éstos están ocupados en el mercado informal, es decir que 7 de cada 10 hogares se encuentran en situación de fragilidad frente al mercado laboral”, alerta Feu, quien además pone de relieve que “están emergiendo nuevas formas de precariedad laboral. Y es que , frecuentemente, el tipo de trabajos a los que las personas atendidas por Cáritas pueden acceder llevan asociada la obligación de asumir riesgos elevados de contagio del coronavirus, tal y como declara un 64% de los encuestados, mientras que un 69% admite que tendría consecuencias negativas si tuviera que hacer cuarentena o diera positivo. Así pues, como resume Feu, “tras el confinamiento, son pocos los que han vuelto al mundo laboral y los que lo han hecho, ha sido en general en peores condiciones. No tienen salida en el mercado formal”.

Prestaciones poco eficaces

Pero la situación resulta especialmente grave cuando además el sistema de protección se muestra insuficiente. Así, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que existe en Cataluña desde 2017, es desconocida para el 60,7% de los hogares atendidos, mientras que el 23,4% no tienen derecho a acceder a ella y solo la cobran el 5% de las familias. En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, el 64% dice no conocer esta prestación, que solo está cobrando un 3,7% de las familias atendidas por Cáritas.

Así las cosas, “se ha incrementado el número de hogares en situación de pobreza severa”. “Uno de cada cinco no tiene ingresos, es decir en torno a unas 7.600 personas, y la pobreza severa afecta al 63%”, constata Feu para a continuación poner de relieve que ello aumenta las fragilidades de las familias y las precariedades asociadas a la vivienda –el 45,3% no pueden pagar los suministros y el mismo tanto por ciento no puede pagar los gastos de alojamiento-o la alimentación, por ejemplo, pero ello también incide en un agravamiento de las desigualdades sociales y, en este contexto, el informe pone de relieve el crecimiento de la brecha digital y sus consecuencias. En un contexto en el que se ha producido una rápida digitalización de la vida, un 43% de los hogares atendidos se encuentran en un apagón tecnológico, bien por no tener conexión, por no disponer de dispositivo o por no contar con competencias en el uso de la red.

En cualquier caso, esa imposibilidad de hacer uso de internet supone un motor de exclusión y un foco de desigualdades y, en este sentido, desde Cáritas advierten que en un 5,1% de los hogares con menores no hay posibilidad de hacer educación on line, de manera que “5.800 niños viven en situación de apagón digital” eso se traduce en que en un 11,7% de las familias con menores, alguno de ellos ha tenido que repetir curso, el 2,6% ha abandonado el curso y un 1,5% ha abandonado el sistema educativo, es decir que “unos 2 mil menores están en situación de riesgo de fracaso escolar”, tal y como señala Feu para a continuación subrayar que ello acrecienta la vulnerabilidad de estos niños de cara a pasar a engrosar las cifras de pobreza o exclusión social en la edad adulta.

En este contexto, si tras el confinamiento un 68% de las familias ya reconocía que había empeorado su salud emocional, ahora un 43% admite que tras ese periodo de cuarentena su estado emocional ha ido a peor. Y es que si la situación que viven estas familias ya es complicada de por sí, solo una de cada cuatro dice poder contar con alguien que les ayude de forma material, aunque también es cierto que dos de cada tres afirman que pueden contar con apoyo emocional.

Ante la realidad que pone de evidencia este informe, Cáritas anunció ayer que “de cara a 2021 ya se ha aprobado un fondo extraordinario de 1.200.000 euros para atender las consecuencias del coronavirus”, revela su director Salvador Busquets, quien además lamenta que “no se ha implementado todo aquello que se acordó en materia de derechos”. “Reconocemos los derechos, pero no aseguramos su aplicación porque no se ponen los instrumentos para ello”, denuncia, para a continuación demandar a las administraciones “una reforma de la Renta Garantizada de Ciudadanía para que llegue a quienes más la necesitan, así como que se garantice el empadronamiento de todas las personas, el derecho al trabajo y a la vivienda, sobre todo a través de más vivienda social”.