La defensa de la ex consellera Salomé Pradas recurre el archivo de la causa: "Fue un fenómeno natural de una magnitud inimaginable"

La ex consellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, son los dos únicos investigados en la causa sobre la gestión de la dana. La jueza instructora rechazó el pasado 3 de octubre la solicitud de archivo de la causa realizada por Pradas alegando que había "indicios abrumadores de una conducta negligente".

Sin embargo, la defensa de la ex consellera ante la Audiencia Provincial de Valencia, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia contra el auto que desestimó su petición de sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Solicita que "examine con la debida profundidad el presente recurso porque entendemos que en el presente caso, la actuación de nuestra mandante no puede desconectarse del hecho indiscutible, a estas alturas del procedimiento, de que se vio condicionada por una información incompleta y la falta de previsibilidad inherente a un fenómeno natural de una magnitud inimaginable que se produjo con una velocidad imparable".

Insisten en que el "desarrollo tan veloz" de la dana "impidió reaccionar con tiempo suficiente a todo el Cecopi para incluso, mitigar sus consecuencias, máxime cuando la información certera, objetivada, interpretada técnicamente a nivel de emergencias, y necesaria para haber anticipado la respuesta no llegó a nuestra defendida y ni siquiera se debatió en dicho organismo".

Su defensa ha argumentado para ello que faltaron recursos aquella jornada cuya gestión no es imputable a la exconsellera, en alusión a la vigilancia de los cauces que se encargó a los bomberos forestales.

También expone su abogado, entre otras cuestiones, que no hubo nexo causal entre la actuación de Pradas y los fallecimientos, que hubo fallos estructurales e informativos ajenos a su competencia, que la dana fue un fenómeno de fuerza mayor e imprevisible y que, por tanto, continuar la instrucción sería injustificado y contrario a derecho.