Funcionarios jubilados exigen el fin del copago farmacéutico en Muface, Isfas y Mugeju

Policías y guardias civiles jubilados, retirados o en situación de viudedad u orfandad soportan un copago farmacéutico del 30%, lo que puede suponer un gasto aproximado de 150 euros al mes. Un gasto que se antoja excesivo en plena crisis económica, con la inflación disparada y la luz y el gas a precios desorbitados. Por todo ello, los pensionistas integrados en las tres mutualidades del Estado (Muface, Isfas y Mugeju), así como sus beneficiarios y pensionistas de la Seguridad Social,exigen el fin de este copago. ¿Su objetivo? Lograr “una igualdad real y efectiva a la hora de acceder a los medicamentos”.

Por todo ello, y en una situación económica tan complicada como la actual, la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España (Ajpne) y la de Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (Ragce) han decidido recuperar esta propuesta para eliminar el copago farmacéutico del 30% y han redactado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Una iniciativa que necesita 500.000 firmas para poder pasar su primer trámite en el Congreso de los Diputados y que contará con el respaldo de 22 organizaciones como AUGC, SUP, Aprogc, EYA, Jupol, AEGC, AVT y Politeia, entre otras.

Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), recuerdan que la última la recogida de firmas alcanzó ya las 350.000, por lo que esperan conseguir la cifra deseada para que la Iniciativa Legislativa Popular llegue a la Cámara Baja. Asimismo, hacen hincapié en la importancia de reivindicar la eliminación del copago, ya que supone una gran merma en las pensiones.

En esta ILP señalan que el régimen de protección que dispensa el Sistema Nacional de Salud se complementa con la prestación farmacéutica ambulatoria, que se encuentra comprendida tanto por los medicamentos como por los productos sanitarios necesarios para conservar o restablecer la salud de acuerdo con las concretas necesidades clínicas de los usuarios, durante el periodo de tiempo adecuado, con la información necesaria para su correcto uso y «al menor coste posible».

Y hacen hincapié en que la normativa estatal ya recoge el derecho a todos los ciudadanos a obtener medicamentos en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud. Además, establece que el acceso a los medicamentos debe realizarse “de conformidad con el principio constitucional de capacidad económica”. Por todo ello, en el texto de la ILP insisten en que las políticas sociales y económicas de los poderes públicos estatales deben ir encaminadas “a dispensar la protección en el ámbito de la prestación farmacéutica de forma que se eviten situaciones de desigualdad o discriminación entre los pacientes”.

Concluyen que la aportación económica que deben soportar los usuarios pensionistas y sus beneficiarios encuadrados en las mutualidades de Muface, Isfas, y Mugeju debe de realizarse “de conformidad con el principio de equidad contributiva consagrado en el artículo 31 de nuestro texto constitucional, cuyo significado y relación con el principio de igualdad es más que evidente, ya que a situaciones económicas iguales la imposición fiscal soportada debe ser la misma”. Y por todo ello, y en definitiva, exigen la reforma del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Recortes sanitarios a los mutualistas

Hay que recordar que no es el único enfrentamiento o choque que los mutualistas han tenido este año con Muface, Isfas y Mugeju. El pasado mes de febrero el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, decidíaactuar de oficio con las mutualidades de funcionarios, con el objetivo de obtener información sobre los recortes detectados tras la firma del nuevo concierto con las aseguradoras privadas que prestan asistencia sanitaria a los mutualistas y sus beneficiarios. Recortes que llegaban a afectar incluso a pacientes oncológicos.

la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil entregaron miles de quejas al Defensor del Pueblo antelos recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado (Muface), de la Justicia (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas) en toda España.

En concreto, el 50% de los funcionarios habría sufrido recortes sin previo aviso, habrían dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14 por ciento habría visto limitado el acceso a su hospital habitual o le habrían propuesto pagar por una consulta médicao por continuar recibiendo un tratamiento.