PP y Vox apoyan el regreso de Juan Carlos I

La decisión de la Fiscalía suiza de cerrar su investigación por presunta corrupción sobre los 65 millones de euros que el Rey Juan Carlos I recibió de la monarquía de Arabia Saudí abre un nuevo escenario que puede afectar al exilio del que fuera monarca. La Justicia no ha logrado demostrar el origen ilícito del regalo de Arabia Saudí a una fundación creada en 2008 por el entonces rey en activo para supuestamente ocultar los millones. Esos fondos permanecieron en una cuenta en Suiza hasta que en el año 2012 Juan Carlos transfirió los 65 millones que quedaban a Corinna Larsen.

Don Juan Carlos no estaba imputado en esta causa, pero que la investigación hubiera seguido abierta le habría complicado su futuro. A esto se une la previsión de que la Fiscalía española ordene el archivo de las diligencias indagatorias prejudiciales iniciadas el 5 de junio del pasado año. La conclusión es que el Don Juan Carlos no es imputable por la inviolabilidad, la prescripción de determinados hechos y por las excusas absolutorias frente a delitos fiscales que conllevan las dos regularizaciones tributarias voluntarias.

El debate político está sometido a la corrección política que impone la sensibilidad de todas las cuestiones que afectan a la Casa Real. Pero también en esto el Gobierno de coalición y la derecha mantienen posiciones que se diferencian en matices sustantivos. Moncloa se quita de en medio, y, oficialmente, deja la pelota en el tejado de Felipe VI en lo que afecta a la decisión de si este nuevo marco procesal debería dar la razón a los que reclaman la vuelta de don Juan Carlos a España. El Rey emérito lleva semanas trasladando a través de su entorno su deseo de abandonar Abu Dabi. Quiere volver a Zarzuela y recuperar la asignación económica del Presupuesto de la Casa Real que le retiró Felipe VI el 15 de marzo, el mismo día en que hizo pública su decisión de renunciar a la herencia que pudiera corresponderle por las cuentas que supuestamente tiene su padre en el extranjero. No obstante, entre Zarzuela y Moncloa hay la necesaria coordinación en hacer frente a este problema.

El principal partido de la oposición guarda silencio para no poner en un aprieto a Felipe VI, pero si hay voces que a título individual han apuntado en público al sentir mayoritario de la organización y de la propia dirección del partido. Y en esta misma posición está Vox. El PP cree que debe facilitarse el regreso de don Juan Carlos a España y corregir la anomalía de un exilio que puede plantear un grave problema en el caso de que al Rey emérito «le suceda algo» fuera de España. «Don Juan Carlos tiene ya una edad. Ha sido un estadista y una figura clave en nuestra democracia. Todos los personajes tienen luces y claros, méritos y deméritos. Pero hay que pensar con sentido de Estado y, una vez que se ha sometido al escrutinio de la Justicia y a la investigación de la Fiscalía, lo lógico es que regrese a su país», defienden en Génova.

En el partido de Casado coinciden con el Gobierno en que hay cuestiones del pasado que no tienen arreglo, y que sus comportamientos personales, financieros y fiscales no han estado a la altura de la ejemplaridad que se exige a su cargo, pero, a partir de ahí, también consideran que lo más conveniente es que se busque una solución de Estado que permita el regreso de Don Juan Carlos a España.

En el Gobierno de coalición este asunto es mucho más complicado de manejar por las profundas diferencias entre el PSOE y los morados. Sánchez tiene garantizada una desestabilizadora nueva campaña contra la Monarquía por parte de Podemos en cuanto Don Juan Carlos vuelva a pisar suelo español. Y esto abriría nuevas divisiones y desgastaría un poco más la imagen del Gobierno de coalición.

La Jefatura del Estado es un polvorín en la relación entre el PSOE y Podemos, y ha obligado ya a los socialistas a refugiarse en los escaños de PP y Ciudadanos para frenar algunas iniciativas de sus socios en el Congreso contra Felipe VI. Ésta ha sido la razón principal de que Pedro Sánchez aparcase su proyecto de una ley de la Corona, en cuya tramitación se habría encontrado en la tesitura de estar más cerca de la oposición que de los partidos que facilitaron su investidura. Y justifica, asimismo, que también se haya renunciado a otros proyectos para levantar un muro que proteja al Rey Don Felipe VI de los errores de su padre, como plantear una revisión de la inviolabilidad del Monarca para que afecte solo a las cuestiones relacionadas con el ejercicio de su cargo, y no facilite la impunidad en otras actuaciones que se restringen al ámbito personal.