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Las últimas 96 horas "demoledoras" de Sánchez: de los tractores al "caso Koldo"

El presidente del Gobierno, "desbordado", tras el marcaje de la oposición y las dudas de sus socios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura de la IV edición del Foro ANFAC
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura de la IV edición del Foro ANFACAlejandro Martínez Vélez Europa Press

En menos de una semana del "plebiscito" de las elecciones gallegas con el que Pedro Sánchez pretendía cargar contra los populares pensando que conseguiría armar una suma que recreara los pactos nacionales en Galicia, se le ha vuelto en contra. Las urnas del pasado 18F le otorgaron al PP la reedición de su quinta mayoría absoluta. Sin embargo, en los últimos cinco días no han parado de crecerle contratiempos a un presidente del Gobierno desbordado y acorralado por manifestaciones en la calle, ministros reprobados, exministros marcados o socios desconfiados.

Y es que el mismo día que Madrid vivía una tractorada organizada por Unión de Uniones que logró congregar a 4.000 agricultores y 500 tractores (otros cientos ni pudieron entrar) para reclamar medidas urgentes que solventen la crisis del campo, así como para exigir la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, por la ineficacia de su gestión, se le abrieron numerosos frentes.

Ese mismo miércoles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, era reprobado en el Senado por su gestión tras el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate. Mientras, el presidente del Gobierno se encontraba de viaje en Marruecos desde donde presumió de mantener la mejor relación bilateral con Mohamed VI durante décadas.

"Caso Koldo" vs "caso Ábalos"

Fue ese mismo día cuando saltó el "caso Koldo" o, como denominan ya los populares el "caso Ábalos". Mientras el exministro de Fomento, José Luis Ábalos aseguraba estar impresionado por la detención del que fuera su asesor en el ministerio, por una presunta trama de "mordidas" en la compra de mascarillas durante la pandemia, desde el PP reclamaban su dimisión inmediata y se preguntan por qué Sánchez le protege. Y es que el caso afecta ya a varios ministerios entre los que está el de Interior, motivo por el cual la Guardia Civil tomó declaración como testigo el secretario de estado de seguridad, Rafael Pérez. Según las últimas noticias, también la causa afecta a comunidades como Baleares -gobernada entonces por Francina Armengol- o Canarias- gobernada por Ángel Víctor Torres-.

Hasta los socios del Gobierno dudan del Ejecutivo en cuanto a lo que concierne a esta trama. La misma vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tildó de "gravísimo" este caso, y señaló que mantiene comunicación fluida con el PSOE. "Lo que estamos conociendo es gravísimo. El modus operandi indica que presuntamente son formas corruptas y por tanto quedamos a resultas del conocimiento de todos los hechos, pero lo que estamos conociendo es muy grave".

Mientras, desde el PSOE se resisten a empujar a Ábalos a que dimita como diputado y presidente de la comisión de Interior del Congreso.

También la idoneidad de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado estuvo en el alambre. La votación de la comisión constitucional aprobó su nombramiento con el voto del PSOE y sus socios, incluido Junts que con anterioridad ponía en duda su idoneidad como arma de presión al PSOE para que modifiquen el proyecto de ley de amnistía. Sin embargo finalmente fue aprobado su nombramiento con 19 votos a favor frente a 18 en contra.

Además, la ley de amnistía sigue en negociaciones después de que los socialistas hayan conseguido ampliar el plazo para ello. El PSOE se niega a cambiar la ley por temor a que el Tribunal Constitucional la acabe tumbando mientras el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, insiste en que se modifique el texto para dar más garantías al expresident en un posible regreso a Cataluña sin que sea detenido.

Los coletazos de la norma estrella de Irene Montero, la ley del "solo sí es sí" ha vuelto a suponer una rebaja para una condena por agresión sexual: la del futbolista Dani Alves quien se ha beneficiado de la norma de la que fuera ministra de Igualdad ya que cuando cometió la violación del Sutton, estaba vigente. De esta manera ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel porque la norma rebajaba la pena mínima por el delito de agresión sexual, en lugar de recibir una condena de seis años.

Mientras, en las bancadas de la oposición siguen recordando aquellas palabras de Sánchez donde, en una entrevista en RNE dijo: "¿De quién depende la Fiscalía, de quién depende? (Del Gobierno). Pues ya está". Y es que María Ángeles Sánchez Conde, la "número dos" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha corregido esta semana a la mayoría de los fiscales del Supremo y no ve indicios contra Carles Puigdemont para investigarle por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. Hizo esta apreciación en contra del criterio mayoritario de la Junta de Fiscales del TS, donde once de sus 15 integrantes atribuyen al expresidente de la Generalitat el "liderazgo absoluto" de la plataforma protagonista de los "actos violentos" en protesta por la sentencia del "procés" en el otoño de 2019.

Los populares advierten del "nerviosismo" que se ha instalado en La Moncloa donde el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, advierte de que el sanchismo es "vender España a precio de saldo, comprar mascarillas a precio de oro".