Un año del vuelco electoral

Rebajas fiscales y educación, marcan el primer año de Mazón

Las políticas puestas en marcha por el Consell que lidera el PP se ha convertido en el centro de las críticas del Gobierno

Carlos Mazón visitó ayer la empresa TAU Porcelánico de Castellón
Carlos Mazón visitó ayer la empresa TAU Porcelánico de CastellónLa Razón

El calendario electoral ha contribuido a que el primer aniversario del cambio político en la Comunitat Valenciana se cumpla en plena campaña de los comicios europeos. Es el sino de esta legislatura. No habían pasado ni 24 horas de las elecciones autonómicas y municipales cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que adelantaba las generales.

Desde entonces solo hay una cuestión en la que coinciden todos los partidos, la polarización se ha convertido en una constante.

Este es el contexto en el que el Partido Popular ha recuperado la Generalitat valenciana tras un parón de ocho años. La mayoría que Carlos Mazón logró obtener el pasado 28 de mayo no fue suficiente para gobernar en solitario, por lo que los populares pactaron con Vox conformando una coalición que no ha dado demasiados sobresaltos, pues los populares han podido desarrollar en este tiempo las políticas que consideraban prioritarias.

Si se ha producido algún choque en aspectos relacionados con la violencia de género o LGTBI, el Consell ha hecho prevalecer su mayoría para responder a las críticas de la oposición.

Reforma fiscal

Mazón se presentó a las elecciones con un programa muy claro en materia fiscal que comenzó a ejecutar los primeros meses de su mandato. Ha suprimido el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y aprobado una ley de medidas fiscales que permitirá un ahorro de 199 millones de euros.

En total, según los datos de Presidencia de la Generalitat, hay 2,1 millones de personas beneficiadas en deducciones pensadas para rentas medias y bajas en salud bucodental, gasto en ópticas, salud mental, relacionados con enfermedades raras y también con la práctica del deporte.

También se han reducido los tipos del impuesto de bienes patrimoniales en la compra de vivienda. De manera complementaria, la Generalitat ha lanzado el Plan Vive para impulsar la construcción de 10.000 viviendas de protección oficial.

Así mismo, ha mantenido la prórrogas de los descuentos en el transporte público, y los precios de las tasas públicas, incluidas las de la universidad.

El cambio anunciado por Mazón y que utilizó como lema de campaña ha quedado plasmado en cinco leyes nacidas en Les Corts y, por tanto, pactadas con Vox.

La Ley de la Concordia y la de la Libertad Educativa son las que mayor número de críticas de la oposición han recibido. La primera, supone una enmienda a la Ley de Memoria Histórica, y la segunda, a la política en materia lingüística que aprobó el Botànic.

En educación, también ha puesto en marcha la gratuidad en la educación desde los cero años.

Sanidad y Salud Mental

Las listas de espera en cirugías de prioridad 1 se han reducido y se ha presentado un plan de salud mental. Admite sin rodeos que no hay nada más importante, aunque comparte esta obsesión con otro asunto: la implantación del recientemente presentado Plan Simplifica, una estrategia con la que se pretende que la Administración autonómica y local sea todo lo ágil que esperan los ciudadanos en su día a día y los empresarios para sus iniciativas.

Todo, con la promesa de mantener una Generalitat que gaste en «gastos superfluos» hasta 20 millones menos en cada legislatura.

La constante reivindicación al Gobierno central

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha plantado cara al Gobierno central para exigir mayores inversiones, el cambio de modelo de financiación y un pacto nacional del agua que establezca criterios técnicos en este debate. Ayer, durante su visita a las instalaciones de la firma TAU Porcelánico, reclamó al Ejecutivo de Sánchez que cumpla con su promesa y abone la deuda que tiene con el sector de la cogeneración, «una opción energética alternativa y complementaria que da mayor ventaja competitiva a la industria cerámica y que lleva años bloqueada por el Gobierno de España».