Duro revés

Un tribunal federal revierte los recortes millonarios de Trump a la Universidad de Harvard

La jueza Allison Burroughs dictamina que la administración Trump violó la Primera Enmienda al recortar cerca de 2.000 millones de dólares en becas de investigación de Harvard

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Harvard celebra la restitución de los fondos federales tras el fallo de un tribunal que protege la libertad de expresión académica.Europa Press

Un tribunal federal en Estados Unidos anuló los recortes millonarios impuestos por la administración del presidente Donald Trump a la Universidad de Harvard, en un fallo que refuerza la libertad de expresión académica. La jueza Allison Burroughs dictaminó que el gobierno violó la Primera Enmienda al revocar cerca de 2.000 millones de dólares en becas de investigación.

El fallo representa una importante victoria legal para Harvard, aunque la Casa Blanca anunció su intención de apelar. Cuando congeló la financiación en abril, la administración Trump acusó a la universidad de antisemitismo, ideologías de "izquierda radical" y prejuicios raciales. Otras universidades de la Ivy League, como Columbia, Penn y Brown, optaron por llegar a acuerdos con el gobierno para preservar la financiación en lugar de recurrir a los tribunales.

La jueza Burroughs, basada en Boston, escribió en su fallo que el gobierno federal no puede utilizar la financiación como herramienta para castigar a las universidades por sus posturas políticas. Además, bloqueó cualquier otra suspensión de fondos federales a Harvard y le prohibió retener el pago de las subvenciones existentes.

El presidente de Harvard, Alan Garber, celebró la decisión, afirmando que "el fallo ratifica la Primera Enmienda y los derechos procesales de Harvard". Por su parte, la Casa Blanca calificó la decisión de "atroz" y prometió impugnarla, argumentando que Harvard no tiene derecho constitucional al dinero de los contribuyentes.

Este caso subraya la creciente tensión entre el gobierno federal y las instituciones académicas en Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con la libertad de expresión y la autonomía universitaria. La apelación de la Casa Blanca podría llevar el asunto ante la Corte Suprema, lo que podría tener implicaciones significativas para la financiación pública de las universidades en el país.