¿Quién pagará por los crímenes de guerra de Rusia?

Hablamos de personas sacadas de sus refugios para ser ejecutadas, de familias tiroteadas cuando huían por las calles, y de cadáveres bajo los escombros de viviendas. Y todavía hay gente aquí, en España y en el resto de Europa, que dice que todo es un montaje propagandístico occidental. La gente normal quiere ver a Putin y a su cohorte en el banquillo de un tribunal juzgados por crímenes de guerra. Esto necesita pruebas, la existencia de una orden para el genocidio, la matanza de civiles, el exterminio de la población. Esas pruebas se evitan durante el conflicto. No hay un documento con la firma de Hitler para la «Solución Final» de los judíos, pero nadie duda de su responsabilidad.

Desde el inicio de la invasión de Ucrania, varias organizaciones internacionales, como Human Right Watch y un equipo de la Corte Penal Internacional, están recabando pruebas que incriminen al dictador ruso. Este deseo de justicia internacional comenzó tras la Primera Guerra Mundial. Es cierto que desde 1864 hubo intentos de regular el comportamiento de los ejércitos en guerra para evitar el salvajismo, pero no se consolidó el juicio al responsable. La idea de un Tribunal Penal Internacional surgió en 1919, cuando las potencias victoriosas pensaron en juzgar al káiser Guillermo II de Alemania por iniciar la guerra. En el Tratado de Versalles, en su artículo 227, se habló de la creación de un tribunal especial para el criminal de guerra.

Al concluir la Segunda Guerra Mundial se constituyeron dos tribunales en este sentido: en Nuremberg y en Japón. El objetivo era juzgar a los criminales nazis por el genocidio y la violación de los derechos humanos, al igual que a los japoneses, cuyas atrocidades en China se remontaban a 1937. Hubo muchas condenas de privación de libertad, a perpetuidad otras, e incluso sentencias de muerte, que fueron un total de doce en Nuremberg y siete por el Tribunal del Lejano Oriente. En los juicios de Nuremberg se habló de la mentalidad alemana, dijeron los criminales, basada en el cumplimiento de la ley por encima de la moral personal. Esto los libraba de responsabilidad individual en los crímenes: eran gente obediente cumpliendo órdenes. Lo mismo ocurrió con el juicio del nazi Eichmann en Jerusalén, que incluso llegó a engañar a Hannah Arendt. No es así. El cumplimiento de órdenes que vulneran los derechos humanos es un delito de lesa humanidad. La guerra no exime de esta consecuencia. El hombre se brutaliza en un conflicto bélico, se banaliza la violencia, el mal, se olvidan los más altos valores humanos. Hasta aquí la teoría. La experiencia enseña que los ejércitos de invasión van drogados para congelar la empatía con la población invadida. Eso pasó con las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, o con los grupos terroristas. En el atentado en la discoteca Bataclan en 2015, en París, los asesinos iban drogados con inhibidores. Pero esto tampoco exime de responsabilidad.

A raíz de aquellos juicios por crímenes de guerra durante la II Guerra Mundial se finalizaron las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos en 1949, que son la base del derecho internacional humanitario, y que recogían los textos de 1864, 1906 y 1929. El objetivo era establecer las normas por las que se producían los conflictos internacionales, en lo que se refiere al tratamiento de los civiles atrapados en zonas de guerra, al personal sanitario y al de las organizaciones humanitarias. Los crímenes de guerra están recogidos en las Convenciones de Ginebra y en sus Protocolos. La URSS aceptó estos acuerdos en 1954, pero Putin lo revocó en 2019 alegando que no servían para los conflictos internacionales; es decir, que estaba dispuesto a violar los derechos humanos en los países invadidos. Putin no reconoce como legítimo al Tribunal de la Haya, el que podría juzgarlo como criminal.

En cuanto se encuentre una prueba el fiscal de la Corte Penal Internacional dictará auto de detención contra Putin, lo que aislará aún más al dictador. El IV Convenio de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977 protegen a los civiles de los ataques militares y de la represión en la zona ocupada. Esto es lo que se aplicaría a Putin. Está prohibida la violación de los derechos humanos, y prevista la libertad de evacuación, la protección de los hospitales, el envío de medicamentos, víveres y ropa, y trato especial a la infancia. Nada que ver, por ejemplo, con las tropelías rusas en Mariupol. Esta parte del Convenio hace referencia a la responsabilidad de los altos mandos políticos y militares.

El primer jefe de Estado juzgado por el Tribunal Penal Internacional fue Slodoban Milosevic, por genocidio, crímenes contra la humanidad, violaciones de la Convención de Ginebra y de las leyes o costumbres de guerra. Fue juzgado junto a cuatro de su círculo: el ex presidente serbio Milan Milutinovic, el ex vice primer ministro Nikola Sainovic, el ex jefe del ejército general Dragoljub Ojdanic, y el ex ministro del Interior serbio Vlajko Stojiljkovic. El Tribunal acusó a Milosevic de organizar una campaña de exterminio de albanokosovares en 1999, luego de croatas y en Bosnia-Herzegovina entre 1992 y 1995. El juicio comenzó en 2002, pero Milosevic murió cuatro años después sin que se publicara la sentencia. Demasiada lentitud. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, por otro lado, sentenció a Radovan Karadžic a 40 años de cárcel por genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad, por el asesinato de 8.000 personas en Srebrenica.

Fue la mayor masacre en Europa desde 1945. En el asedio serbiobosnio de Sarajevo, que duró tres años y medio, murieron 11.541 personas. Los cargos a Karadžic fueron cinco crímenes de lesa humanidad (persecución, exterminio, asesinato, deportación y actos inhumanos) y cuatro de crímenes de guerra (asesinato, terror, ataques ilegales a civiles y toma de rehenes). Era responsable de aquellas decisiones, sabía que estaban pasando y no hizo nada. Este perfil se acerca mucho al de Putin. No han sido los únicos, dejando a un lado a los juzgados en su propio país, como el dictador argentino Videla. Bosco Ntaganda, de la República Democrática del Congo, fue considerado culpable de 18 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Fue condenado a 30 años de cárcel, entre otras cosas, por el asesinato de 74 personas –4 meses de prisión por cada muerte–. El proceso fue lento. Los crímenes se cometieron en 2002 y 2003, la orden de detención se dictó en 2006, el juicio no comenzó hasta 2015, y la sentencia fue en 2019. Diecisiete años después del salvajismo.

Hace poco tiempo, en febrero de 2021, Dominic Ongwen, comandante del Ejército de Resistencia de Uganda, fue condenado por la Corte Penal Internacional. Lo encontraron «plenamente responsable» de la violación de los derechos humanos y de la muerte de 4.095 personas. Quedó demostrado que Ongwen sancionó el asesinato de los civiles, entre otros delitos. Su «Ejército» tuvo objetivos no militares entre 2003 y 2004. La clave del juicio estuvo en los testimonios anónimos de los soldados de Ongwen, cosa que podría repetirse con Putin. La posibilidad de que Putin sea juzgado hoy es remota. Primero habría que documentar su culpabilidad, luego tendría que ser detenido en algún país que se atreva a hacerlo cuando lo visite. Tampoco se contempla hoy que haya un golpe de Estado en Rusia que lo entregue por criminal. Lo cierto es que si el Tribunal Penal Internacional ordena su captura por tener pruebas de los crímenes de guerra, Putin quedará más aislado todavía, y debería ser expulsado de todas las instituciones internacionales. Hoy, por ejemplo, preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.