Del Valle de los Caídos al Alcázar, cuenta atrás para la Memoria Histórica antes de las elecciones

En el Valle de los Caídos es inminente el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera para el que será su quinto entierro. Su vecino de sepultura en el altar mayor, Francisco Franco, fue exhumado el 24 de octubre de 2019 tras un proceso judicial que ha querido evitar la familia del fundador de la Falange trasladando al Gobierno su intención de reubicar a su deudo en un cementerio católico, puesto que el Valle de los Caídos –ahora de Cuelgamuros– pasará a ser un camposanto civil, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, y la extinción de la Fundación de la Santa Cruz supondrá la salida de la comunidad benedictina. Un real decreto establecerá el nuevo régimen jurídico de un recinto en el que se llegó a hablar de demoler la inmensa cruz con récord Guinness mundial en altura.

El cambio de sepultura de Primo de Rivera no sería el único después de que la familia de Queipo de Llano se viera obligada a retirar sus restos de la Basílica de la Macarena y los deudos del aviador Joaquín García Morato trasladaron los suyos de la Iglesia del Carmen en Málaga a una tumba en un lugar que no ha trascendido. El objetivo se fijó también hace tiempo en la cripta del Alcázar de Toledo, donde reposan José Moscardó y Jaime Milans del Bosch, además de los de los dos hijos de Moscardó, José y Luis, protagonistas del asedio que se llevó a cabo del 21 de julio al 27 de septiembre de 1936, en un espacio que solo es visitable por sus familiares con autorización previa, como ocurre en Mingorrubio cuando los Franco quieren visitar la tumba desde la inhumación en 2019.

Golpes de efecto para el Gobierno a solo unos meses de la primera cita electoral del año, las autonómicas y municipales de mayo –con un proceso en marcha de nacionalizaciones de nietos y descendientes del exilio, próximos votantes–, porque la aplicación de la Ley de Memoria Democrática (LMD) está permitiendo a Moncloa culminar metas fijadas hace tiempo, o apuntar hacia nuevos objetivos, como la Pirámide del Puerto del Escudo –sepultura de combatientes italianos entre Cantabria y Burgos–, la Columna Sagardía –en Alfoz de Bricia (Burgos)–, el gran monolito en memoria de Mola en Alcocero (Burgos), o el Monumento a los Héroes de España de Melilla, que podrían seguir los pasos del conjunto en memoria de Onésimo Redondo en el Cerro de San Cristóbal de Valladolid, cuyas alas de hormigón y sus esculturas de bronce se desmantelaron en 2016. El fundador de las JONS sí conserva un memorial –presa ocasional de grafiteros– en el mismo lugar donde cayó muerto en su encuentro con milicianos de la Columna Mangada en Labajos (Segovia), el 24 de julio de 1936.

No faltan ministerios como el de Exteriores, que ha retirado escudos de su fachada, o Defensa, entre las instituciones aplicadas en el empeño de seguir las directrices que marca la norma. En este último caso están afectados bases, centros, organismos o cualquier otro inmueble dependiente de la cartera de Margarita Robles donde existan «calles, plazas, edificaciones, construcciones o lugares en general que contengan denominaciones, escudos, insignias, placas, retratos, símbolos o cualquier otro elemento interior o exterior que puedan considerarse contrarios» a la LMD, una tarea que se extiende a «todos los museos militares y salas de exposiciones». Entre las unidades ya rebautizadas está la I Bandera de la Legión Comandante Franco, mutada por la denominación España el 17 de enero, y es previsible que suceda lo mismo con la Bandera Millán Astray. La eliminación de la unidad legionaria con el nombre de Franco llegó, además, antes de que se conocieran las conclusiones del comité encargado de una primera propuesta de inventario.

En el listado a suprimir figura la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que piensa defender su pervivencia en un proceso judicial que sin duda será largo, y que, en este contexto, presentó un recurso ante la Audiencia Nacional en cuanto se produjo el cambio de la bandera legionaria en aplicación del artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática. Entiende la FNFF en su escrito al tribunal que «no puede ser de aplicación por razones obvias», pues la denominación «obedece a motivos históricos: cuando Francisco Franco era comandante y primer jefe operativo de esa unidad creada hace 103 años (en enero de 1920) y que salvó al pueblo melillense de ser pasado a cuchillo por Abd El Krim en 1921». Unas «razones históricas que, por tanto, nada tienen que ver con que se trate de una “mención conmemorativa en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura”, de cuyo marco cronológico es totalmente ajena».

La figura de Franco es recurrente en estas actuaciones de erradicación de la memoria. Es también el caso del monumento obra de Juan de Ávalos –escultor del Valle de los Caídos– ubicado en Santa Cruz de Tenerife, inaugurado en 1966, y que figura en el catálogo de vestigios franquistas del Gobierno canario que deben ser retirados. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estableció el pasado 17 de enero una medida cautelar para la protección del conjunto hasta que decida si el Cabildo debe incoar la protección definitiva como Bien de Interés Cultural (BIC). Los magistrados afirman en el auto que el monumento «carece de símbolos franquistas» y argumentan que, si finalmente se protege por su valor artístico y ya ha sido derribado, la pérdida sería irreparable, porque «la presión política existente en aplicación de la Ley 20/2022 es absolutamente real».

En este momento hay en la isla otros cuatro recursos activos contra el catálogo de restos del franquismo, interpuestos por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel –que ya logró para Ávalos medidas cautelares en el TSJ–, la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces y la familia del reconocido fotógrafo chicharrero Adalberto Benítez.

Argumentan estos escritos que se trata en su mayoría de «elementos de gran interés artístico y cultural, valor este que debe prevalecer sobre otros intereses políticos, como así ha declarado reiteradamente nuestro Tribunal Supremo». Asimismo, que el «cambio de denominación de esas calles, plazas, paseos, travesías e incluso barrios que recoge el catálogo [...] comporta un gasto a las arcas municipales [...] que devendría inútil en caso de que se estimase el recurso, obligando entonces a la Administración [...] a efectuar el nuevo gasto que supondría la reposición de las denominaciones y elementos cambiados», y por ende a otros organismos (Hacienda, Seguridad Social, Tráfico...), compañías privadas (seguros, empresas de suministros...), amén del cambio de señalizaciones o mapas y gestiones para los propios vecinos (DNI, Registro de la Propiedad...). Un razonamiento que esgrimía la familia García Noblejas en Madrid cuando litigó por la vuelta de la placa en memoria de los hermanos reconocidos en Ciudad Lineal, que se cambió por la de Institución Libre de Enseñanza, y tuvo a su vez que ser eliminada por la original que luce de nuevo en la extensa avenida de la capital.

Una lucha por el callejero que comporta otro enrevesado capítulo por entregas en esta cruzada sin fin por la «damnatio memoriae» de unos a la que se oponen con todo su empeño los otros, en un bucle que no parece tener fin.

Cataluña

Republicanos enterrados en Bogotá

►El Parlament reclama al Govern que incluya dentro de su programa de identificación y localización de desaparecidos a dos consejeros de la Generalitat republicana Josep Calvet y Josep Maria Espanya, enterrados en una fosa común del cementerio Central de Bogotá (Colombia). Así se desprende de un punto de una moción de JxCat que salió adelante con los votos de todos los grupos a excepción de Vox. El texto reclama la eliminación de «los miles de elementos de simbología franquista del espacio público en Cataluña» y, en concreto, «desmantelar el monumento franquista de Tortosa» en memoria de la batalla del Ebro.